Erika Itzel Soto Guerrero

Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
30/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Erika Itzel Soto Guerrero
  • Rodrigo Elizondo Treviño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual acusa la recepción de este asunto, así como de su correspondiente resolución. Intégrese al expediente electrónico como constancia. Ahora, toda vez que en el presente cuaderno auxiliar no existe actuación pendiente de realizar, se ordena su archivo definitivo. Finalmente, como el juicio que nos ocupa fue tramitado vía electrónica, no hay necesidad de realizar la valoración del cuaderno de antecedentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de Rocío Guía Calderón, Secretaria de Juzgado, quien da fe.

  2. Principal

    En veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 3673. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de marzo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Acusa recibo. Intégrese a los autos el oficio suscrito por la Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual acusa recibo del oficio ********************/2022, así como de las constancias originales de ambas instancias, de lo que se toma conocimiento. ********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En siete de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que negó el amparo en el presente juicio transcurrió del veintiuno de febrero al cuatro de marzo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado el diecisiete de febrero pasado; con la anterior certificación y con el estado procesal se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias correspondientes al toca 235/2021 y juicio 205/2020, que remitió el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, como justificante de su informe. Solicitándose a la autoridad acuse recibo de las mismas. 4. Incidente de suspensión. Finalmente, no se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión, toda vez que no se aperturó. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    dieciséis de febrero de dos mil veintidósEn Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las trece horas con tres minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 30/2022, en atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al Acuerdo General 20/2021. Posteriormente, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la autoridad responsable Magistrado la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en las constancias originales del expediente 205/2020, del índice de Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo; así como el toca de apelación I-235/2021, que anexó como complemento a su informe justificado, recibidas en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional formuló pedimento ministerial; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social citada emitiendo alegatos y al resto de las partes por precluido su derecho de expresarlos. En consecuencia, al no existir más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 30/2022, promovido por Erika Itzel Soto Guerrero, contra un acto del Magistrado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, Erika Itzel Soto Guerrero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto de la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridad Responsable al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán... IV.- ACTO RECLAMADO. Señalo como acto reclamado, la resolución de fecha veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, dictado en el Toca número I-235/2021, integrado por el ciudadano Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por la comparecencia en contra de la sentencia dictada por el ciudadano Juez Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil que se tramitó bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 205/2020, que sobre nulidad de juicios y otras prestaciones se promovió en mi contra por el señor Carlos Alberto Escalera Gómez." La promovente precisó que se violaron los derechos de su representada reconocidos en los artículos 14, 16 y 94, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata al haberse promovido como amparo directo fue presentada por la autoridad responsable, el diez de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo. Incompetencia. El diez de enero de dos mil veintidós, la demanda de amparo fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; y por acuerdo de doce de enero siguiente (fojas 30 a 32), el Magistrado Presidente de dicho tribunal, la registró como amparo directo número 40/2022, se declaró legalmente incompetente para conocer de éste juicio, al estimar que el acto reclamado no eran unos de los previstos en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo cual, la remitió a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, para que lo turnara al juzgado de Distrito que por razón de turno correspondiera conocer. Trámite de la demanda ante el Juzgado de Distrito. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito el catorce de enero de dos mil veintidós; y en auto de esa data, el titular de este juzgado la tuvo por recibida; la registró con el número 30/2022; asumió la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia; la admitió a trámite; consideró innecesario requerir el informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que ya obraba en autos, con lo que dio vista a las partes; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público; se reconoció el carácter de tercero interesados a Carlos Alberto Escalera Gómez; sin que hubiera lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que ya obraba en autos; no obstante, se ordenó notificar de manera personal la radicación ante este juzgado y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de autoridad judicial con ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual, este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Erika Itzel Soto Guerrero, reclama: Del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia: La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación I-235/2021, interpuesto por la aquí quejosa, que modificó la sentencia definitiva dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno (en la que se decretó la existencia de litisconsorcio pasivo necesario y previno al actor para que ampliaría la demanda), dictada dentro del juicio ordinario civil que sobre nulidad de juicios y otras prestaciones, promovió Carlos Alberto Escalera Gómez, contra Erika Itzel Soto Guerrero, con número de expediente 205/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, consistente en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación I-235/2021, ya que lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 2). En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias originales del juicio ordinario civil sobre nulidad de juicios y otras prestaciones, con número de expediente 205/2020; así como del toca de apelación I-235/2021, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que se notificó el proveído reclamado a la quejosa mediante instructivo, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen (foja 20 del tomo II de pruebas); por lo que en términos del numeral 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el plazo para la presentación del escrito constitucional inició a partir del día hábil siguiente, esto es, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Así, el término para promover la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de octubre al diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, siendo días inhábiles entre ambas fechas el veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre; así como el uno, dos, seis, siete, trece, catorce y quince de noviembre, por ser inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recibido ante la autoridad responsable (foja 13), es evidente que se presentó en tiempo oportuno. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional no advierte la actualización de causal de improcedencia ni fue invocada alguna por las partes, de modo que se procederá al análisis constitucional de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de los conceptos de violación es pertinente traer a colación los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, Carlos Alberto Escalera Gómez, promovió contra la aquí quejosa demanda en la vía ordinaria civil sobre nulidad de juicios sucesorio intestamentario número 1452/2015, promovido por Erika Soto Guerrero, a bienes de Primitivo Escalera Campoverde, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; así como del juicio ordinario civil número 1075/2016, que sobre prescripción positiva se siguió contra Erika Itzel Soto Guerrero, frente a la albacea del juicio sucesorio 1452/2015; y la nulidad de los contratos de cesión de derechos a título gratuito realizado en favor de Edith Soto Guerrero y José Soto Guerrero (fojas 1 a 4 de tomo I de pruebas). Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a quien le correspondió conocer la demanda de mérito, la registro con número de expediente 205/2020; la admitió a trámite en la forma y términos planteados; y, ordenó emplazar a la demandada para que dentro del plazo de nueve días diera contestación a la demanda entablada en su contra (foja 80 del tomo I de pruebas). Seguido el juicio por su cauce legal, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, por lo que, no se abordó el estudio y decisión de la acción planteada; en consecuencia, se previno a la parte actora para el efecto de que ampliaría su demanda frente a Edith Alejandra y José, de apellidos Soto Guerrero, hecho lo cual, le diera curso a la misma, así también, en virtud del litisconsorcio necesario dejo sin efectos todo lo actuado en el juicio a partir de las promociones y resoluciones que siguieron al auto de veinte de octubre de dos mil veinte; para posteriormente, continuar con las demás etapas del proceso y en su momento procesal oportuno resolver en cuanto al fondo de la acción planteada (fojas 139 a 143 del tomo I de pruebas). Inconforme con la referida determinación, Erika Itzel Soto Guerrero, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien lo registró con número de toca I-235/2021, y en resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, resolvió que los agravios expuestos eran infundados; reexamino la relación procesal de origen, y determinó que se actualizaba también el litisconsorcio pasivo necesario respecto de María Cristina Guerrero Paz; por ende, modificó la resolución impugnada (fojas 7 a 18 del tomo II de pruebas). La determinación anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. En el único concepto de violación, la parte quejosa arguye que, se transgreden en su perjuicio las garantías de legalidad, debido a que al no haber entrado al estudio de la justificación de la acción ejercitada por la actora, se pretende subsanar el planteamiento inicial del actor en el juicio de origen, cuando la obligación de la responsable era dilucidar las cuestiones litigiosas planteadas. Indica que, la resolución que se combate se dictó en contravención a lo dispuesto en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán Ocampo, por lo que, carece de congruencia y exhaustividad, en virtud que pretende purgar los vicios de la demanda inicial planteada por el actor cuando lo procedente es declarar improcedente la acción y en su caso dejar a salvo los derechos, ya que la materia civil es de estricto sentido y no aplica la suplencia de la queja. El concepto de violación es infundado. El litisconsorcio pasivo necesario tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las demás. Dicha figura jurídica, debe analizarse de oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes. Así, el juzgador puede realizar el análisis de la integración del litisconsorcio pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada, de ahí que pueda examinarse en cualquier etapa del juicio. En ese sentido, cuando el juzgador advierte la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, aunque no medie petición de parte, por la naturaleza y trascendencia de dicho presupuesto procesal, debe mandar reponer el procedimiento de oficio, a efecto que el actor amplié la demanda contra las persona que conforman el litisconsorcio y el Juez de Primera Instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención al principio de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. Cobra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 47/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." Bajo ese contexto, si de las constancias que integran el juicio de origen, se advirtió la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, fue acertada la determinación del Juez de Primera grado que valido el Magistrado responsable; en el sentido de ordenar requerir al actor para que ampliara la demanda respecto a las partes que conformaban el litisconsorcio y no habían sido llamadas a juicio. Ello es así, pues el litisconsorcio pasivo necesario implica la existencia de una anomalía procesal grave equiparable a la falta de emplazamiento al juicio; y por lo tanto, una cuestión de orden público, por lo que, la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional. De ahí que se estime infundado el argumento de la quejosa, bajo la tesis que la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, lo procedente era dejar a salvo los derechos del actor, ya que la materia civil es de orden público y no admite suplencia de la queja. En otra parte del concepto de violación, alega que, la responsable hizo caso omiso a los agravios presentados relativos a que se suple la deficiencia de la queja como si se tratara de derechos de menores o incapaces, no en el caso en que se ventilen otros derechos, por lo que, no debe subsanar el planteamiento de la parte actora, ya que con meridiana claridad se desarrolla el procedimiento en el juicio de origen, al que no se entró al estudio del mismo por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Los conceptos de violación son inoperantes. Previo a su estudio, es menester precisar que por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos o razonamientos contenidos en el fallo reclamado; b) Solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos son suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia que los juzgados de distrito carecen de facultades legales para decidir, de oficio, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable, no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo supliría la queja deficiente en un caso que no se ubica entre los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece los casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio constitucional. Por ende, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso sujeto a estudio, se actualiza el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación analizados, pues la quejosa Erika Itzel Soto Guerrero, únicamente esgrime argumentos en los que sostiene que la autoridad responsable suplió la deficiencia de la queja en los agravios expuestos en segunda instancia, como si se tratara de derechos de menores o incapaces; pero sin ocuparse de controvertir las razones expuestas por la autoridad responsable en la resolución reclamada. En efecto, como advierte de la resolución reclamada, el Magistrado responsable estimó que los agravios expuestos eran en una parte inoperantes y en otra, infundados, por las siguientes razones: Eran inoperantes, toda vez que de una comparación de los argumentos establecidos por la apelante con lo sostenido por el Juez natural, se advierte que la recurrente rebatió las razones expuestas por el a quo, las cuales lo llevaron a declarar la inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario, y no abordar el estudio y decisión de la acción ejercitada. Indicó que, la apelante no expuso razonamientos lógico jurídicos tendentes a evidenciar la ilegalidad del juzgador en lo relativo a los argumentos del juez referentes a la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, y que este, es un presupuesto procesal de orden público consistente en que para que pueda dictarse una sentencia válida sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones de las partes es necesario que se llame a juicio a todas las personas con interés en la contienda para que éstas poder ser oídas en el juicio y debía ser examinado de manera oficiosa. Que, si dentro del juicio ordinario civil número 1075/2016, que sobre prescripción positiva de inmueble promovió Erika Soto Guerrero frente a María Cristina Guerrero Soto Paz, y a la sucesión intestamentaria de Primitivo Escalera Campoverde -tildado de nulo-, la ahora demandada cedió los derechos de propiedad a título gratuito en favor de Edith Alejandra y José de apellidos Soto Guerrero, respecto de la totalidad de un predio ubicado en el rancho de la Cofradía, de Uruapan, era necesario la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, ya que se vería afectados con el resultado del fallo definitivo que llegara a dictarse en este asunto, a figurar como copropietarios del bien inmueble; y que no se había integrado debidamente la relación jurídico procesal, ante la existencia del litisconsorcio pasivo necesario respecto de Edith Alejandra y José de apellidos Soto Guerrero, la cual, es una condición necesaria para emitir resolución definitiva valida, en aras de salvaguardar el derecho humano a un recurso sencillo y rápido, contenido en los artículo 8°, numeral 1 y 25, arábigo 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en base a los diversos 301, fracción III y 306, del Código de Procedimientos Civiles, por lo que, se prevenía al actor para que ampliara la demanda respecto a las mencionadas personas. Señaló que, la inoperancia de los agravios se robustecía porque la recurrente -aquí quejosa-, no expuso nada, en torno a por qué, en su caso, aun siendo el listiconsorcio pasivo necesario un presupuesto procesal de orden público que debía ser examinado de manera oficiosa, y que pese a que dentro del juicio ordinario civil 1075/2016, la demandada cedió los derechos de propiedad a título gratuito en favor de Edith Alejandra y José, de apellidos Soto Guerrero, respecto de la totalidad de un predio ubicado en el rancho de la cofradía, de Uruapan, y por ello, adquirieron la calidad de copropietarios; por qué, no obstante lo anterior, en el caso no existía un litisconsorcio pasivo necesario; ni por qué éstos no se verían afectados con el resultado del fallo definitivo que llegaría a dictarse en este asunto, aun cuando figuran como copropietarios del bien inmueble; ni tampoco por qué sí se había integrado debidamente la relación jurídica procesal, por qué el llamamiento a juicio de Edith Alejandra y José de apellidos Soto Guerrero, no era una condición necesaria para pronunciar resolución definitiva legalmente valida; o bien porque incluso, en su caso, el litisconsorcio no constituya un presupuesto procesal, no que su estudio deba abordarse de oficio. Indicó que, en el caso del recurso de apelación era de estricto derecho, por lo que, en la sentencia apelada debían imperar las consideraciones no rebatidas adecuadamente por la parte actora -inconforme-, e invocó las tesis de rubros: "AGRAVIOS INSUFICIENTES, ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA" y, "AGRAVIOS INSUFICIENTES." Para sostener lo infundado de los agravios expuestos en los puntos 1, 2 y 3, estableció en principio, que atreves del juicio de nulidad se busca amparar y proteger a quien viera afectado sus intereses a través de un procedimiento apócrifo, substanciado de manera dolosa, con el fin de perjudicarlo, lo que pone de manifiesto que el factor común previsto por la ley para presumir, como un caso de excepción a la autoridad de cosa juzgada, es el fraude. Que, la acción de nulidad de juicio concluido encontraba su fundamento en el numeral 8° del Código Civil para el Estado de Michoacán; que dicha acción surgía ante la necesidad de dejar sin efectos el primer procedimiento que se hubiere tramitado en forma fraudulenta, precisamente porque la resolución ahí obtenida será el resultado de un proceso falaz, ante la simulación en que incurra quien lo promueva, sólo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. Argumento que, los llamados presupuestos procesales son figuras jurídicas que deben ser analizados por los que administran justifica para que pueda dictar una sentencia válida sobre las pretensiones de las partes, y las características especiales de estas figuras hacen precisamente que los juzgadores tengan que analizarlas, incluso si no se plantean por las partes, pues son cuestiones consideradas de orden público, ya que de no actualizarse, la sentencia resultaría ineficaz y no podría surtir efectos legalmente. Que, siendo el litisconsorcio necesario un presupuesto procesal su estudio es de orden público que, por lo mismo, debe ser examinado aun de manera oficiosa, y para que pueda dictarse una sentencia válida sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones del accionante era necesario que se llamara a juicio a todas las personas con interés en la contienda para que éstas puedan ser oídas en el juicio; por lo que, contrario a lo expuesto por el apelante, no era decisión del actor realizar el llamamiento o no a las partes que se presume les afectaría dicha sentencia, puesto que, en tratándose de presupuestos procesales, éstos no quedan a voluntad de alguna de las partes; y no es dable estimar que el juez a quo, al declarar la existencia del litisconsorcio pasivo necesario existente, pretende subsanar el planteamiento inicial del actor en el juicio de donde emana el presente recurso, ni purgar los vicios de la demanda inicial planteada por el actor; ya que los presupuestos procesales no dependencia de la voluntad de las partes, no eran susceptibles de convalidación. Por lo que respecto a la manifestación relativa a que, dadas las circunstancias del desahogo de las pruebas ofertadas no existía la posibilidad de una variación sobre el derecho de las personas que mencionaba el juez emisión de la sentencia; era igualmente infundada, dado que solo cuando existe una legal integración de la relación jurídico procesal en el juicio, podía válidamente pronunciarse un fallo para todos los litisconsortes, es decir, que legamente y previo haber sido oídos y vencidos, obligue o produzca efectos a todos los que resultasen interesados en la contienda, en carácter de actores o demandados. Por lo que, reiteró, que el juez no sólo se encontraba plenamente facultado para examinar la existencia del aludido litisconsorcio pasivo necesario, sino que está constreñida a vigilar su cabal observancia en el caso sometido a su conocimiento, a fin de determinar si la acción fue ejercitada por todos aquellos que legamente y atendiendo a su naturaleza debían hacerlo, o bien, si fueron demandados para estar por la misma todos los que tengan interés jurídico, pues sin su concurrencia no podía existir juicio legamente válido; de ahí que, fuera ajustado a derecho que previniera al actor para efecto de que ampliara la demanda frente a los mencionados cesionarios, y que no entrara al estudio del fondo del asunto, y omitiera entrar al estudio de las constancias del procedimiento. Asimismo, el Magistrado responsable reexaminó la relación jurídica procesal de origen, y determinó que respecto de María Cristina Guerrero Paz, también se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario. Expuso que, el efecto principal y la razón de ser de la figura del litisconsorcio pasivo necesario es que sean llamados todos los litisconsortes a juicio, quienes al estar vinculados entre sí con el derecho litigioso, debe ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión, ya que no sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los demás; por lo tanto, era necesario dar oportunidad de intervenir a todas las partes interesadas en el juicio para que pudieran quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegare a dictarse, lo que no podría hacerse por separado, es decir, sin oír a todos los litisconsortes. Ante la trascendencia que representaba la figura jurídica del litisconsorcio la misma debía analizarse de manera oficiosa tanto por el órgano jurisdiccional primario como por parte del tribunal de alzada, pues sin su concurrencia no puede existir juicio legalmente válido. Que, el litisconsorcio pasivo necesario, es un presupuesto procesal, pues la sentencia no puede ser válido si no se oye a todas y cada una de las partes indivisiblemente unidas por la misma relación jurídica procesal, es decir, sin oír a quienes en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trate, es imposible condenar a una persona, sin que la misma alcance a los demás; por lo que, si el juez que conozca del asunto advierte que es necesario llamar a juicio a alguien para que pueda integrarse debidamente la relación jurídica procesal, y así dictar una sentencia valida, debe hacerlo, incluso si las partes no hacen valer esa excepción. Argumentó que, el tribunal de alzada podía, estudiar de oficio esa cuestión, pues la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsorte daba como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada. Que lo antes expuesto, conducían no solo a resolver lo inoperante e infundado de los agravios materia del recurso, sino a reexaminar la relación jurídica procesal de origen, determinado que en el caso, se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario también respecto de María Cristina Guerrero Paz, quien fue parte demandada en el juicio 1075/2016, que sobre prescripción positiva promovió Erika Itzel Soto Guerrero, respecto del predio rústico ubicado en el rancho la Cofradía, inscrita en el registro público de la propiedad en favor de Primitivo Escalera Campoverde y María Cristina Guerrero Paz, cuya nulidad se reclamaba. Por lo que, María Cristina Guerrero Paz, al no ser llamada a juicio, se prevenía al actor para que, igualmente ampliara su demanda frente a la citada Guerrero Paz. Finalmente, señaló que congruente con lo expuesto, no existía agravio alguno que reparar, por lo que, modificó la sentencia, determinando que en el juicio se actualizaba también el litisconsorcio pasivo necesario por lo que respecta a María Cristina Guerrero Paz. Consideraciones que la quejosa no controvierte, pues únicamente señala: Al no haber entrado al estudio de la justificación de la acción ejercitada por la actora, la autoridad pretende subsanar el planteamiento inicial del actor en el juicio de origen, cuando la obligación legal era dilucidar las cuestiones litigiosas planteadas, en contravención con lo expuesto en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Que, el a quo hizo caso omiso en los agravios presentados por la compareciente, en el sentido que suple la deficiencia de la queja como si se tratara de derechos de menores o incapaces, ya que al no ventilarse estos derechos, no se debe subsanar el planteamiento de las partes. Contraponiendo las consideraciones y los conceptos de violación antes sintetizados, permite concluir que la amparista no expuso algún argumento para combatir la legalidad de lo considerado por el Magistrado responsable en relación a la determinación en la que estimó en una parte inoperantes, y en otra, infundados los agravios hechos valer. Tampoco dijo nada la parte quejosa, respecto a los razonamiento expuestos por el Magistrado responsable del porque estimó que también se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario respecto de María Cristina Guerrero Paz. De ahí que, ante la falta de impugnación concreta de las consideraciones del acto reclamado en el aspecto que se analiza, deban quedar intocadas para seguir rigiendo el sentido de la decisión. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia número I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así como, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante lo infundado en una parte e inoperante en otra de los conceptos de violación, y al no advertir suplencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Erika Itzel Soto Guerrero. ALEGATOS En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni Protege a Erika Itzel Soto Guerrero, contra los actos que reclamó del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe. La licenciada María Teresa Torres Espinoza, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de dieciséis de febrero dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 30/2022, promovido por Erika Itzel Soto Guerrero, contra un acto del Magistrado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, en el que se negó el amparo solicitado. Conste. La secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Conste. Secretaria, María Teresa Torres Espinoza

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