Erika Iris Martínez García
Expediente 754/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2017
Partes del expediente
- Erika Iris Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 754/2017, promovido por Erika Iris Martínez García, contra acto de la Juez Vigésimo Sexto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el treinta de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de cuatro de septiembre siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el orden 754/2017; por lo que se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se obtiene que el acto reclamado es la resolución de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 114/2003 y acumuladas, por la Juez Vigésimo Sexto Penal de esta ciudad, que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la resolución incidental de nueve anterior. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con la documental que remitió en apoyo a dicha comunicación, que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El dieciocho de mayo de dos mil cuatro, en la causa penal de origen que se instruyó contra la amparista por el delito de robo agravado y homicidio calificado -diversos tres-, el juez responsable emitió sentencia condenatoria en su contra, en la que le impuso la pena de prisión de cuarenta y un años nueve meses. 2. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala Penal de esta ciudad, la que el diecisiete de noviembre de ese año, al resolver el toca 1091/2004, modificó dicha determinación, imponiéndole la pena de treinta y dos años, once meses, siete días de prisión. 3. Contra la anterior determinación la justiciable promovió amparo directo, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en que se concedió el amparo y en cumplimiento a dicha ejecutoria, el veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Cuarta Sala Penal reiteró la pena impuesta a la quejosa. 4. Mediante resolución incidental de catorce de enero de dos mil dieciséis, en virtud de que la amparista solicitó el descuento de la prisión preventiva y la reducción de la condena por haberse considerado los estudios de personalidad, se precisó que la pena que debía cumplir la sentenciada era la de treinta años, veinte días de prisión 5. Por escrito presentado el veinticuatro de julio pasado, la quejosa promovió incidente solicitando la compurgación simultánea de las penas de prisión, concurso real de delitos conforme a la jurisprudencia y al artículo 64, párrafo segundo del Código Penal Federal, así como la adecuación con lo dispuesto en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la aplicación exacta de la ley. 6. Por resolución de nueve de agosto pasado, el juez responsable resolvió que era improcedente lo solicitado por la sentenciada. 7. Inconforme con tal resolución la amparista interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado el diecisiete siguiente. Siendo esta última determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora bien, es menester destacar que la determinación reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Consecuentemente, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo está adecuadamente fundado y motivado, porque la juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no es procedente revocar la resolución recurrida, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que los argumentos torales que tomó en consideración la juez responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, consisten en: Que atendiendo a la solicitud formulada por la incidentista de que se aplique en su favor la simultaneidad de penas de prisión (concurso real de delito), con base en la jurisprudencia "COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA DE LA PENA DE PRISIÓN (CONCURSO REAL). DEBE ORDENARSE SI CONFORME AL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN ANALÓGICO SE CONCLUYE QUE LOS HECHOS ILÍCITOS GUARDAN RELACIÓN DE SEMEJANZA", en que se analiza el artículo 64 del Código Penal Federal, toda vez que se está en presencia de delitos del orden común, su petición sería analizada conforme al artículo 33 del Código Penal para esta ciudad, el cual establece tres supuestos en los que sería procedente la compurgación simultánea: 1) Cuando entre los hechos o los delitos exista conexidad; 2) que entre los hechos o delitos exista similitud; y, 3) que los hechos o los delitos deriven uno del otro; de ahí que para que se pueda aplicar en beneficio de la sentenciada dicho numeral debieron imponérsele diversas penas, emanadas de hechos conexos, similares o derivados uno del otro. Sin embargo, de la causa de origen se advierte que la incidentista fue procesada y sentenciada únicamente por los delitos de robo agravado en pandilla, en agravio de Transportes Blindados Tameme, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Gerardo Martínez Ramírez y homicidio calificado -diversos tres (Aarón Omar Méndez González, Jesús Manuel Vázquez German y Lucio Picazo Varela)-, ilícitos respecto de los cuales el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, en el toca penal 1091/2004, se le impuso la pena de treinta y dos años, once meses, siete días de prisión. Por tanto, si sólo fue sentenciada en una causa penal, en que se le impuso una sola pena de prisión, inconcuso es que resulta improcedente su petición en relación con la compurgación simultánea de las penas. Que respecto a su solicitud en el sentido de que se le aplique la ley más favorable y la exacta aplicación de la ley, se debe señalar que para que ello suceda, debe existir alguna reforma a los numerales por los que se le sentenció; sin embargo, en el caso subsiste la misma penalidad para los delitos por los que fue enjuiciada. Por cuanto hace a su petición de que se realice la aplicación de la adecuación con lo dispuesto en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se debe indicar que en virtud de que la incidentista tiene el carácter de sentenciada ejecutoriada, no es procedente aplicarle cuestiones procesales, pues en la especie existe cosa juzgada. Determinaciones que a juicio de este juzgado son acertadas, porque el precepto 33 indicado, exige como requisito indispensable que existan diversas penas privativas de libertad (dos o más), impuestas en sentencias diferentes, pero que emanen de hechos conexos, similares o derivados uno del otro, lo que desde luego no aconteció, pues en el caso, a la amparista se le condenó en una sola sentencia, de tal modo que la exigencia que prevé el numeral en cita, no se actualiza. Además, como de forma acertada lo indicó dicha juzgadora, en la especie no procede la aplicación de la ley más favorable y la exacta aplicación de la ley, en virtud de que no han existido reformas a la pena prevista en la norma sustantiva penal con que se le sentenció. Finalmente, fue correcta la determinación de la juez responsable, en el sentido que en la especie no se puede aplicar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en virtud de que la incidentista tiene el carácter de sentenciada ejecutoriada. Lo que se considera de ese modo, porque a juicio de este juzgado, en la especie no se puede aplicar de manera retroactiva el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que este regula al sistema procesal penal acusatorio, que es incompatible con el Código Procedimientos Penales para esta ciudad a cuyo trámite se siguió en la causa penal de origen. Por tanto, resulta infundado el motivo de disenso en que refiere el amparista que la juez responsable omitió dar contestación a su solicitud de concurso real de delitos; lo anterior es así, porque contrario a ello, dicha autoridad indicó que atendiendo a la solicitud formulada por la incidentista de que se aplique en su favor la simultaneidad de penas de prisión (concurso real de delito), con base en la jurisprudencia que invocó en que se analiza el artículo 64 del Código Penal Federal, su petición se estudiaría conforme al artículo 33 del Código Penal para esta ciudad. En esas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Erika Iris Martínez García el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erika Iris Martínez García, contra la resolución de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 114/2003 y acumuladas, por el Juez Vigésimo Sexto Penal para esta ciudad, que resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la resolución incidental de nueve anterior.
- Principal
Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, en atención a su contenido, se tiene a la autoridad dando cumplimiento a lo ordenado en proveído veintisiete del presente mes; por tanto, con las constancias remitidas dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba en este juicio, la documental que se adjunta al comunicado que se provee, así como las que precisó la quejosa en la demanda de amparo, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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