Erika Hernández García
Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Erika Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
...Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Silvia Zaragoza Campos, en su carácter de curadora interina de la presunta incapaz Erika Hernández García, respecto de la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en esta ciudad, en el toca civil 1/2023-2, que confirma la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de esta entidad federativa, en el procedimiento especial sobre declaración de interdicción de Erika Hernández García 188/2017-1, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ... Lo anterior, se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin lugar a dictar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que, el dieciocho de julio del año en curso se dictó resolución definitiva. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 901/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Silvia Zaragoza Campos, en su carácter de curadora interina de la presunta incapaz Erika Hernández García, reclama de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 01/2023, que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por rendida y acreditada la rendición de cuentas realizada por Gabriela García Jacobo, en su carácter de tutora provisional de Erika Hernández García, dictada dentro del expediente civil 188/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama. SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva por lo que hace a la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 01/2023, que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por rendida y acreditada la rendición de cuentas realizada por Gabriela García Jacobo, en su carácter de tutora provisional de Erika Hernández García, dictada dentro del expediente civil 188/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; toda vez que dicho acto es declarativo y no constitutivo de derechos. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil 01/2023, que confirmó la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por rendida y acreditada la rendición de cuentas realizada por Gabriela García Jacobo, en su carácter de tutora provisional de Erika Hernández García, dictada dentro del expediente civil 188/2017, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por tal motivo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis localizable en el tomo 163-168 Sexta Parte página 15, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, de la literalidad siguiente: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella". Aunado a lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional, de concederse la suspensión definitiva de los actos reclamados se le estaría dotando a la parte quejosa de un derecho que precisamente es materia de lo que se dicte en la sentencia constitucional, es decir, se le estaría dando un efecto restitutorio. Por ende este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para conceder la medida cautelar en los términos expuestos por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Silvia Zaragoza Campos, en su carácter de curadora interina de la presunta incapaz Erika Hernández García, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama signado por ********************, Tesorero del Municipio de La Piedad, Michoacán, mediante el cual informa que de nueva cuenta giró oficio a la Oficina Local de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que le informe si efectuó el cobro del derecho de alumbrado público a la moral quejosa, respecto del número de servicio ********************, por lo que una vez que cuenta con dicha información lo hará del conocimiento de este juzgado federal. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, Tesorero del Municipio de La Piedad, Michoacán, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la Comisión Federal de Electricidad, dio respuesta al oficio que alude giró en cumplimiento al requerimiento que refiere le formuló, de igual forma, acredite si el servicio ********************, está dentro de su jurisdicción, de ser así, para evitar dilaciones, deberá dar cumplimiento a los efectos señalado en la ejecutoria de amparo, los cuales no desconoce. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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