Erika Guadalupe Mendoza Montoya

Expediente 1145/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1145/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Erika Guadalupe Mendoza Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del cuatro de octubre del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Encargada del Despacho del Área Resolutora de la Contraloría Interna Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1145/2022-VI. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo del veintitrés de agosto del año en curso, emitido dentro del expediente CIM/ECA/DS/P/110/2021, por la Encargada del Despacho del Área Resolutora de la Contraloría Interna Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución del veintiséis de abril del año en curso, que determinó su inhabilitación por un periodo de cinco meses con siete días. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Del contenido de dicho precepto se advierte que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo está el de definitividad del acto reclamado, este principio consiste en que el juicio de amparo para ser procedente requiere un elemento sine qua non referente a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que otorga la ley, salvo las excepciones que la misma establece. En ese contexto, debe decirse que el artículo 196, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, establece: "Artículo 196. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves, en los términos que se establezcan en las resoluciones administrativas que se dicten por la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, conforme a lo previsto en el presente Título, podrán interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante el Tribunal, vía juicio contencioso administrativo." El artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. (.)". De lo antes anotado, se observa que el acto reclamado al ser de naturaleza administrativa, admite el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a que se refieren el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que se debió de agotar ese medio de defensa, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 448, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Por lo que en la especie, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo del veintitrés de agosto del año en curso, emitido dentro del expediente CIM/ECA/DS/P/110/2021, por la Encargada del Despacho del Área Resolutora de la Contraloría Interna Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución del veintiséis de abril del año en curso, que determinó su inhabilitación por un periodo de cinco meses con siete días, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a que se refieren el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el diverso 196, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios por lo que debió agotar ese medio de defensa, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo, origina que se dé la causa de improcedencia que se analiza. Por lo tanto, al no haber agotado la parte quejosa, los medios de impugnación destacados, es inconcuso que la parte agraviada no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de amparo es improcedente. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Juzgador que existen excepciones al principio de definitividad a que se ha hecho alusión con anterioridad, pues el mismo no aplica cuando conforme a las mismas leyes que rijan el acto reclamado para suspender la ejecución del mismo, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; asimismo, cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado y cuando se alegue violación directas a la Constitución. No obstante lo anterior, en el presente caso no se encuentra en dichas hipótesis, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado. Lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), visible en la página 2936 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registrada con el ordinal 2010436, del epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". Asimismo, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. En atención a todo lo anteriormente expuesto se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas electrónicas que publica este juzgado, por así solicitarlo. Respecto del correo electrónico que proporciona, únicamente se toma conocimiento para asuntos no procesales durante la tramitación de este juicio. En cuanto a las personas que mencionan, se les tiene por autorizadas para los efectos que precisan, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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