Erika Guadalupe López de Méndez

Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Erika Guadalupe López de Méndez
  • Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de junio de dos mil veintidós. En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las diez horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 630/2022-2. Por acuerdo del Juez, se declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y se hace constar que ninguna de las partes compareció a este acto, no obstante su notificación. A continuación, se acuerda dar lectura a la demanda, y a las demás constancias de autos; asimismo, se da nueva cuenta con el informe justificado rendido por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, recibido en esta fecha y registrado con el folio 6776. A lo que el Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable rindiendo informe justificado que se tomará en consideración en su momento, mismo que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda. Enseguida, se declara abierto el período probatorio, dándose cuenta con la documental que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable. A lo que el Juez provee: se tiene por admitida y desahogada la prueba de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza, lo anterior, con apoyo en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, que se tomará en cuenta en su oportunidad, sin que existan más probanzas por relacionar, se da por terminado el período probatorio. Acto seguido, se abre y cierra la etapa de alegatos, dado que las partes no formularon. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente sentencia: V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 630/2022-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, recibido por la Secretaria de guardia de este órgano de control constitucional, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de abril del año en curso, previa ratificación, se admitió la demanda con el número 630/2022-2, se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención al Representante Social de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la orden de deportación, expulsión, rechazo, devolución a su país de origen, privación de la libertad, retención y/o detención. TERCERO. Actualización de causa de improcedencia. El Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe justificado fue omiso en expresar si eran ciertos o no los actos reclamados, sin embargo, de las constancias que adjuntó al mismo se advierte que la quejosa estuvo a su disposición en las instalaciones de ese instituto migratorio; documentales a las que les corresponde pleno valor probatorio conforme los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, no es el caso presumir ciertos los actos reclamados, ni postergar la resolución de este asunto, pues resulta innecesario analizar los actos calificados de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, según se expondrá. La agraviada ********************, acudió el veinte de abril de dos mil veintidós, en demanda de protección constitucional reclamando la orden de deportación, expulsión, rechazo, devolución a su país de origen, privación de la libertad, retención y/o detención. Luego, el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, al rendir el informe justificado adjuntó las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio de la quejosa, de las que se advierte la "Resolución Oficio De Salida Sujeto A Control" de veintisiete de abril del año en curso, donde se observa que en esa fecha se ordenó la salida de la agraviada de la estación migratoria donde se encontraba detenida. Entonces, se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues la autoridad dejo de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P. CL/97, consultable en la página 71, del Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 630/2022-2, promovido por ********************, en contra de los actos, autoridades y motivos mencionados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial del veinte de abril del año en curso, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se advierte que Erika Guadalupe López de Méndez, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Juan Manuel de la Cruz, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; por tanto, se admite la citada demanda de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de veinte de abril del presente año, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Como lo faculta el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo haga también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, con base en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo citado, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...radicación de demanda...

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