Erika Gonzalez Rivera
Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2021
Partes del expediente
- Erika Gonzalez Rivera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 10/marzo/2021, en cumplimiento a lo ordenado en diverso proveído de 25/marzo/2021; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Visto el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por el que envía el oficio signado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por las razones que en el mismo se contienen, de cuyos anexos se desprende la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 410/2020 de su índice, en la que resolvió: "PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por la parte quejosa, por conducto de su represente legal. SEGUNDO. Remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a efecto de que sea turnado al juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda conocer". En razón de lo anterior, se devuelven los autos del presente sumario constitucional número 233/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, así como los cuadernos incidentales. En razón a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin embargo, tal y como se precisó en la resolución de incompetencia emitida el diecinueve de febrero del año en curso, este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente por razón de la materia, para conocer de la demanda de amparo en estudio, pues en el juicio de amparo en que se actúa se tipifica lo establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 2/2020, publicado el dieciocho de febrero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. En dicho Acuerdo General se determinó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esta materia se encuentren contenidos en el Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación, y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, en el artículo Tercero del citado acuerdo General se dispuso que los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con dichos temas, deberán remitirse para el trámite, resolución y cumplimiento a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. En ese contexto, como se precisó en el acuerdo de incompetencia emitido el diecinueve de febrero del año dos mil veinte, de un análisis integral de la demanda de garantías en conjunto con sus documentos anexos, se advierte que la persona moral quejosa, reclama la inconstitucionalidad de actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras, como lo son: [se omite transcripción] Derivándose de lo anterior que se reclaman disposiciones vinculadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Motivo por el que este Juzgado de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto por el citado Acuerdo General, remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Auxiliares en cita, a fin de que se avocaran a su conocimiento, tras haberles asignado dicha competencia específica. No obstante, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó devolver los autos. Lo anterior, porque a criterio del Juzgado de Distrito Auxiliar remitente, estimó que la demanda que nos ocupa, difiere de la competencia otorgada a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, prevista en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la Circular SECNO/3/2020, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo de la Judicatura Federal, pues únicamente son competentes para conocer del reclamo que se haga respecto de las fracciones III y IV, y no del resto de las fracciones del artículo 17-H-Bis del Código Fiscal de la Federación, aun cuando existan supuestos en ese artículo relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Sin embargo, no se comparte el criterio sostenido por el Juez de Distrito oficiante, por las consideraciones que se exponen a continuación. El Máximo Tribunal de la Federación al originar los criterios P.LXIV/2011 (9a.) y 2a./J. 100/2008, números de registro 160510 y 169558, de rubros: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RESPECTIVA Y SU REGLAMENTO CONTIENEN UN SISTEMA NORMATIVO DESTINADO A REGULAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR" y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD"; ha reconocido que existen disposiciones legales íntimamente relacionadas entre sí que pudieran ser de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa, pero que al formar un sistema normativo complejo pueden reclamarse de forma conjunta cuando se acredite el acto de aplicación de una de ellas, o en su caso, que el gobernado se ubicó en el supuesto jurídico que le irroga un menoscabo en su esfera de derechos desde su vigencia. En ese contexto, del análisis integral que se realice a la demanda de amparo, se constata que el precepto legal reclamado por la parte quejosa, está estrechamente vinculado a las hipótesis jurídicas del numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo para su análisis no puede realizarse de forma autónoma, sino que debe atenderse a la totalidad de los preceptos, de forma conjunta, para determinar, en su caso, si es que le irrogan perjuicio, puesto que afirma que su impugnación se realiza de forma autoaplicativa, por el perjuicio que le ocasiona su sola entrada en vigor. En ese contexto, es desacertado que dicho precepto se impugna de forma autónoma, sino que su impugnación conjunta tuvo su origen en el agravio que afirma la parte impetrante le ocasiona con su sola entrada en vigor; de manera que si se realiza el análisis de constitucionalidad de los actos en sentencias distintas, podría dar lugar a puntos contradictorios en perjuicio de la parte impetrante del amparo, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Primero y Segundo del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, insiste en declararse LEGALMENTE INCOMPETENTE por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo de que se trata; al advertirse que el precepto legal reclamado está relacionado con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, por lo que su estudio debe ser de forma conjunta como un sistema normativo autoaplicativo, cuyo conocimiento fue derivado a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por los razonamientos expuestos, se insiste en declinar la competencia para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para que resuelva el presente conflicto competencial. De lo anterior, dese aviso al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que exponga lo que estime pertinente ante el citado órgano colegiado.
- Principal
Visto el oficio del Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; en atención al requerimiento efectuado en diez de marzo pasado y solicita una prórroga para acatar dicho requerimiento. Por tanto, en atención a que demuestra que realizó gestiones, pues remite el diverso oficio MF/609/2021 dirigido al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; se concede una prórroga de tres días para que acate lo indicado en el proveído de diez marzo pasado. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en ese auto. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por los autorizados en amplios términos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en atención al requerimiento de diez de marzo, con el que desahoga la vista concedida; glósese a los autos, téngase a la autoridad responsable cumpliendo con la aludida recuesta y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el citado acuerdo.
- Principal
Vistos los autos que conforman esta incidencia, se advierte que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se dictó la resolución interlocutoria donde se concedió la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de ordenar la protocolización de la sentencia de adjudicación emitida en autos del expediente 182/2018 del índice de la autoridad responsable, hasta en tanto se resolviera el juicio en lo principal; asimismo, con fundamento en los artículo 132 y 136 de la ley de la materia, se estableció que la suspensión surtiría efectos desde ese momento, pero dejaría de surtirlos, si la parte quejosa no exhibía dentro del término de cinco días, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, dicha resolución se notificó a la parte quejosa el veintisiete de agosto de dos mil veinte, por lo que el término de cinco días a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, le transcurrió del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre del año anterior y que hasta el día de hoy no se recibió promoción alguna encaminada a acreditar que se hubiese presentado la garantía fijada. En otro orden de ideas, visto el escrito signado por la quejosa, mediante el cual informa que se violó la suspensión definitiva dictada en autos; agréguese a los autos y, visto lo reseñado en párrafos precedentes, se advierte que la quejosa no exhibió garantía fijada en el término indicado, por lo que la medida cautelar dejó de surtir sus efectos de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo. Finalmente: dígasele a las partes que la promoción de cuenta, se provee en esta data conforme a la fracción VIII del artículo 2 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19 (reformado por el diverso 37/2020, en relación al periodo de vigencia); que señala: "De la misma forma, para el dictado de resoluciones en las que el plazo para resolver sea menor a cinco días, éste se duplicará a fin de evitar sobrecargas de trabajo".
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