Erika Gómez Gutiérrez
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Erika Gómez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 894/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, tal como se advierte de la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fojas 17 a 21 del original del incidente de suspensión) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, tal como se advierte de la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fojas 17 a 21 del original del incidente de suspensión) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, tal como se advierte de la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fojas 17 a 21 del original del incidente de suspensión) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, la sentencia de veintidós de diciembre del año en curso, que dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 894/2022 promovido por Erika Gómez Gutiérrez. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el siete de octubre de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-5). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de once de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 6-10). Se agregó en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 15-24 y 27-28) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 32-33). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse el corte del servicio de suministro de agua potable, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente su derecho humano de audiencia, legalidad y acceso al agua, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: El corte del servicio de suministro de agua potable, saneamiento y taponeo de drenaje en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Violeta número 11 entre calle Esteban Morales y calle Mariano Arista del fraccionamiento dos caminos, código postal 91726, en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Se desvirtúa negativa. El 1. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz y 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados (fojas 15-24 y 27-28). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz, se advierte la captura de pantalla del sistema CustumerFy (foja 22-23) que refleja como cortado el estado que guarda el servicio de agua que se brinda sobre el inmueble ubicado en calle Violeta número 11 entre calle Esteban Morales y calle Mariano Arista del fraccionamiento dos caminos, código postal 91726, en Veracruz, Veracruz; por consiguiente, debe tenerse por cierto el acto reclamados atribuido a dichas potestades. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. La autoridad responsable 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz, manifiesta que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aduce que el acto reclamado no trasciende ni afecta el interés jurídico de la parte quejosa, dado que ésta no es la titular del contrato de prestación de los servicios de agua potable en el domicilio que refiere, pues el mismo se encuentra registrado a nombre de diversa persona, a saber, José Pedro Santiago Ladino. Dicho motivo de improcedencia es fundado. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la citada ley, así como contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En el caso, el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en el corte o retiro de los servicios de suministro de agua en el domicilio de la quejosa. Ahora bien, es dable establecer que el artículo 67 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece: "Artículo 67. Están obligados a contratar y tendrán derecho a recibir el servicio de suministro de agua potable, los propietarios o poseedores de inmuebles destinados para uso doméstico, agropecuario, agroindustrial, comercial, industrial o recreativo". El precepto transcrito establece quienes pueden ser titulares del derecho a recibir el servicio de suministro de agua potable, esto es, aquellos que son propietarios o poseedores de los inmuebles sobre los que se contrate el servicio de referencia. Así, para la procedencia del juicio de amparo la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico o legítimo, a través de pruebas fehacientes que acrediten el derecho legítimamente tutelado que aduce tener sobre el inmueble ubicado en la calle Violeta número 11 entre calle Esteban Morales y calle Mariano Arista del fraccionamiento dos caminos, código postal 91726, en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, no obstante que es cierto el acto reclamado, debido a que la carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o. de la Ley de Amparo, consistente en que la promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de su existencia, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así como en lo conducente, la diversa la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno del Tribunal Supremo del País, consultable en la página 5, tomo XV, de febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En ese sentido, la quejosa no anexó a su demanda de amparo prueba alguna con la que acredite ser titular del contrato, o bien, estar en posesión del inmueble donde se presta el servicio de suministro de agua, por lo que, no puede afirmarse la existencia del interés jurídico o legítimo de la impetrante de amparo, como titular del derecho a recibir el servicio de agua en el domicilio ubicado en calle Violeta número 11 entre calle Esteban Morales y calle Mariano Arista del fraccionamiento dos caminos, código postal 91726, en Veracruz, Veracruz. Máxime, que conforme a lo manifestado por la autoridad responsable 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz, en su informe justificado, el titular del contrato de los servicios de agua en el domicilio de que se trata lo es José Pedro Santiago Ladino. En relatadas condiciones, no se demuestra plenamente que la quejosa tiene interés jurídico en el presente asunto, pues no demostró con prueba alguna el derecho legítimamente tutelado que tiene sobre el inmueble en el que se presta el servicio de agua potable de que se trata. Conclusión En consecuencia, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 61, fracción XII, y 63 fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Erika Gómez Gutiérrez, contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Síndico único y Representante Legal del 1. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. De igual forma, se le tiene autorizando como medio alternativo para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto, el correo electrónico asuntoslegales@veracruzmunicipio.gob.mx. Lo cual se autoriza en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median ocho días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el ocho del mes y año en cita, y la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada para el diecisiete de noviembre del año en curso. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el diecisiete de noviembre del año en curso, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
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