Erika Gisela Castillo Morga
Expediente 1009/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Erika Gisela Castillo Morga
- Anibal Joel Ardon Vallejo
- Carlos Omar Hernandez Mendoza
- CARLOS OMAR HERNANDEZ MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra del proveído dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorios a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General de referencia, el cuaderno del incidente de suspensión relativo al presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable con que da cuenta la Secretaría, y al efecto las citadas potestades remiten copia certificada de las constancias relativas, por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas. En términos del artículo 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las citadas potestades, señalando como delegados a las personas propuestas en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que al efecto menciona. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, toda vez que de las constancias certificadas que anexaron las potestades responsables a su informe justificado, se desprende que mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa de reconocimiento de condición de refugiado, y se le previno para que dentro del plazo de los cinco días siguientes, compareciera ante dicha dependencia a dar continuidad al procedimiento migratorio solicitado consistente en: 1) Llenado de formulario de Registro; 2) toma de fotografías para la emisión de constancia de trámite; 3) recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP; y, 4) El llenado de formulario de detención de necesidades. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de que la persona extranjera no compareciera, esa Oficina de Representación se vería imposibilitada a dar continuidad al trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, esto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, numeral que a la letra dice: Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. (.). Mismo que fue notificado el seis de septiembre siguiente, a través del correo electrónico que proporcionó la parte quejosa, para tales efectos, sin que haya acudido a la citada dependencia. Posteriormente, mediante acta de quince de septiembre de este año, suscrita por los integrantes de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se hizo constar que las personas extranjeras no se presentaron a dar continuidad con el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que se desechó el trámite por falta de interés de la parte quejosa y la imposibilidad jurídica para continuarlo. Ahora bien, la suscrita juzgadora considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.. Lo anterior es así, ya que los actos reclamados por la parte quejosa los constituyen: La omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada por los quejosos; la expedición de los citatorios de veintitrés y veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, recaídos a sus solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado presentada de forma oral; la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor de los quejosos; la omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos, y la omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite, y del informe justificado de cuenta y anexos que lo acompañan, informó el cambio de situación jurídica en el trámite de la solicitud de reconocimiento de refugiado de la parte quejosa por las circunstancias descritas en párrafos precedentes. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su dispositivo 2, lo que hace que se actualice la causal de improcedencia anteriormente invocada; y que las violaciones que se hubieren cometido con motivo de los actos reclamados, deben considerase consumadas irreparablemente, al no poder decidir respecto de las mismas, sin afectar la nueva situación jurídica del aquí disconforme. Cobra aplicación la jurisprudencia 95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 50, Tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.- Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Por las razones expuestas y al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, con apoyo además en el dispositivo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional programada para las diez horas del veinticuatro de noviembre del año en curso. Háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2o. del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por ende, como se advierte de la certificación de cuenta, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, sin que haya sido posible celebrarla, debido a la suspensión de labores por las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se fijan nuevamente las diez horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los dos oficios que suscribe el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales, en cumplimiento a lo requerido mediante comunicado 23858, remite las constancias relativas al expediente administrativo de origen y rinde su informe justificado con relación a los actos reclamados en esta vía. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia.
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