Erika Gil Benítez y Otros.

Expediente 1227/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1227/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Erika Gil Benítez y Otros.
  • Erika Gil Benítez

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que trascurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes promoviera recurso de revisión en contra del auto de tres de enero del año en curso, por el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años contados a partir del dictado de este acuerdo- pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y carecer de relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Oficio 4259 signado por el Secretario de estudio y cuenta en funciona de Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla Capital. Oficio 4254 signado por el Secretario de estudio y cuenta en funciona de Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla Capital. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella, se tiene por rendido su informe con justificación. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la transcripción anterior, se advierte que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, plazo que en el presente caso debe observarse, ya que en el caso particular no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. Lo anterior es así, dado que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa es el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Cuarto de lo Penal por vacaciones del titular de dicho órgano jurisdiccional, determinación que le fue notificada a la directa quejosa el veinte de julio de dos mil veintiuno y a su defensor de oficio el veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Al respecto, es dable concluir que se actualiza en el presente caso la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado. En esa tesitura, en el presente caso tenemos que el juicio de amparo es improcedente, pues la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues si se notificó a la directa quejosa el veinte de julio de dos mil veintiuno y a su defensor de oficio el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, tomando en consideración la fecha de notificación a su defensa por ser la que más le favorece a la promovente del amparo, ducha notificación surtió efecto el mismo veintiuno de julio de dos mil veintiuno, entonces el término de quince días para formular su demanda de amparo, conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse el veintidós de julio de dos mil veintiuno, y feneció el once de agosto del año en curso (descontando los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, uno, siete, y ocho de agosto de dos mil veintiuno por haber sido inhábiles); de suerte que, si la demanda de amparo fue presentada por la quejosa el diecisiete de diciembre de la anualidad en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, según se acredita con el sello que aparece visible en la parte superior de la primera hoja de la aludida demanda, es claro que el referido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de la Materia, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente por extemporáneo, ya que el justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el referido artículo, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Oficio 4259 signado por el Secretario de estudio y cuenta en funciona de Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla Capital. Oficio 4254 signado por el Secretario de estudio y cuenta en funciona de Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla Capital. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella, se tiene por rendido su informe con justificación. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De la transcripción anterior, se advierte que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, plazo que en el presente caso debe observarse, ya que en el caso particular no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. Lo anterior es así, dado que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa es el auto de formal prisión de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Cuarto de lo Penal por vacaciones del titular de dicho órgano jurisdiccional, determinación que le fue notificada a la directa quejosa el veinte de julio de dos mil veintiuno y a su defensor de oficio el veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Al respecto, es dable concluir que se actualiza en el presente caso la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado. En esa tesitura, en el presente caso tenemos que el juicio de amparo es improcedente, pues la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues si se notificó a la directa quejosa el veinte de julio de dos mil veintiuno y a su defensor de oficio el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, tomando en consideración la fecha de notificación a su defensa por ser la que más le favorece a la promovente del amparo, ducha notificación surtió efecto el mismo veintiuno de julio de dos mil veintiuno, entonces el término de quince días para formular su demanda de amparo, conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse el veintidós de julio de dos mil veintiuno, y feneció el once de agosto del año en curso (descontando los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, uno, siete, y ocho de agosto de dos mil veintiuno por haber sido inhábiles); de suerte que, si la demanda de amparo fue presentada por la quejosa el diecisiete de diciembre de la anualidad en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, según se acredita con el sello que aparece visible en la parte superior de la primera hoja de la aludida demanda, es claro que el referido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de la Materia, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente por extemporáneo, ya que el justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el referido artículo, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado restante, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve xxxx, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 1227/2021. Sin que se tramite el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. Por cuanto hace a que el quejoso señaló como autoridad responsable al "SECRETARIO PAR, DEL JUZGADO CUARTO EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA", no se tiene como autoridad responsable, porque en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no le asiste dicho carácter. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridades responsables, excepción hecha del juez federal responsable, pues atendiendo a la investidura que posee se sabedor de las obligaciones que conforme a la Ley de Amparo le son inherentes dentro de la tramitación del juicio constitucional que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibiéndose a las autoridades responsables, que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, excepción hecha a los jueces federales responsables, pues atendiendo a la investidura que poseen son sabedores de las obligaciones que conforme a la Ley de Amparo le son inherentes dentro de la tramitación del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, y corroborar su recepción al número 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior permitirá además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, excepción hecha a los jueces federales responsables, pues atendiendo a la investidura que poseen son sabedores de las obligaciones que conforme a la Ley de Amparo le son inherentes dentro de la tramitación del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Tomando en consideración que la parte quejosa, reclama violaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que de dictarse sentencia en la causa penal de la que emana el acto reclamado, las violaciones alegadas quedarían irreparablemente consumadas, hágase saber al juez de la causa la obligación que tiene de suspender el procedimiento penal, en lo que corresponde al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificado de la resolución que se dicte en la presente instancia constitucional; lo anterior atento a lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ello se contienen, la tesis III.2º.P.46.P emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1019, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA, LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN." Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla Capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído, informe a este juzgado el nombre y domicilio de las víctimas u ofendidos en la causa penal 306/2016, de la que emana el acto reclamado; asimismo, en apartado expreso comunique la fecha en que notificó a Erika Gil Benítez (quejosa) el auto de formal prisión reclamado. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir del uno de febrero del año en curso, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente asunto le reviste el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla Capital, se ordena realizar su emplazamiento mediante oficio, al que se anexe copia de la demanda de amparo, y autorizada de este auto; asimismo, se le hace saber el derecho que tiene para apersonarse y hacer valer lo que a su interés convenga. Asimismo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que sea notificado señale domicilio en esta localidad o en la zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que de dictarse sentencia en la causa penal de la que emana el acto reclamado, quedaría irreparablemente consumado, hágase saber al juez de la causa la obligación que tiene de suspender el procedimiento penal, en lo que corresponde a la parte quejosa, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificado de la resolución que se dicte en la presente instancia constitucional, atento a lo previsto en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que menciona. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Gabriel Bonilla Aguilar y Luisa Gabriel Apam Tello, únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo la aquí amparista en su libelo inicial de demanda. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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