Erika Galindo Pavon

Expediente 1743/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1743/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2016

Partes del expediente

  • Erika Galindo Pavon

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara firme el auto de desechamiento de demanda, archívese el expediente como asunto concluido

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE CITA: por recibida la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre su admisión, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. el acto reclamado no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual el Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, desechó el incidente de oposición a la ejecución de embargo, es susceptible de reclamarse mediante la interposición del recurso de revocación que contempla el artículo 525 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. De ahí que, si la inconforme estima que la determinación que en específico reclama fue emitida en forma ilegal o indebida como lo argumenta en el escrito de demanda, es evidente que debió haber agotado el recurso a que alude en la transcripción anterior, previo a la promoción de este juicio de amparo, ya que su resultado puede dejar sin efecto el auto que se reclama. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere a la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual el Juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, desechó el incidente de oposición a la ejecución de embargo, en razón de que al contestar la demanda quedaron compurgados los vicios que pudieron haber adolecido en el emplazamiento, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la última porción legal contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, es claro en establecer textualmente que el recurso de revocación tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia revoque, modifique o confirme la resolución dictada, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resultan deficientes los fundamentos legales para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, el inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los arábigos 112 y 113 de la Ley de la Materia. Ello, sin que pase inadvertido que el acto de molestia pudiera tratarse de un acto de imposible reparación, pues aún bajo esa circunstancia no es procedente admitir a trámite la demandada de amparo de que se trata, dado que tal circunstancia no exenta al promovente de hacer valer el recurso ordinario contemplado en la ley que rige la tramitación del acto, previo a la promoción del juicio constitucional.

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