Erika Galicia López
Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Erika Galicia López
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 27/junio/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: "Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 961/2018, promovido por AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal Guadalupe Patricia Álvarez Rivera, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Séptimo de Distrito en la materia y circunscripción citados, AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal Guadalupe Patricia Álvarez Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se reproducen: SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 114, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, previo al cumplimiento de las prevenciones decretadas en autos, se admitió a trámite la demanda (foja 191); se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente, remitiendo el asunto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno, correspondiéndole conocer al Juez Quinto en la circunscripción citada, quien determinó no aceptar la competencia; por lo que, este órgano jurisdiccional en auto de veinticinco de junio del año en curso no insistió en declinar la propuesta, procediendo a la emisión de la sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclamada una norma de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, atribuido a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. ACTOS RECLAMADOS. Para delimitar adecuadamente la litis constitucional y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en este considerando se fijarán los actos reclamados que se desprenden del análisis íntegro de la demanda y del escrito que la aclara, a fin de establecer cuál es la pretensión de la parte quejosa. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica sustancial, en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto». Pues bien, de la demanda que dio origen al presente asunto, así como del escrito que la aclara, se desprende que la parte peticionaria del amparo señala como actos reclamados los siguientes: 1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 2. Del Secretario de Gobernación, el refrendo del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 3. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972. 4. Del Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional: La emisión del mensaje C.E.I., número S-1/M-4/26719, mediante el cual se comunica a la 22ª Zona Militar el diverso oficio S.L./11776, relativo a la cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa y que cuenta con un plazo de 90 días hábiles para deshacerse de su armamento. La cancelación de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego en las modalidades de "seguridad privada a personas", "seguridad privada en los bienes" y "seguridad privada en el traslado de bienes o valores", contenida en el oficio S.L./7269, de treinta de abril de dos mil dieciocho -acto concreto de aplicación de la norma impugnada-. La emisión del mensaje C.E.I., número S.L./10220, mediante el cual se comunica a la 1ª Zona Militar el diverso oficio S.L./7269, relativo a la cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa. La aplicación del artículo 98 del reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual no establece un plazo cierto, para la resolución de un procedimiento de suspensión de las licencias de portación de armas antes mencionada. 5. De la Secretaría de la Defensa Nacional, todas y cada una de las consecuencias, efectos y ejecución derivados de los actos señalados como reclamados. En tales condiciones, éstos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto». TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentran acreditados o no los actos reclamados, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad. Esta forma de proceder, tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el número XVII.2o. J/10, localizable en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: «ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento». Al rendir su informe con justificación, el General Secretario de la Defensa Nacional negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la ejecución de la cancelación de la licencia otorgada a la parte quejosa (foja 209). De igual manera, la responsable Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, negó el acto reclamado, consistente en la aplicación del artículo 98 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (foja 266). Ante esa negativa, corresponde a la parte quejosa desvirtuar lo afirmado por las responsables y, para tal efecto, ofreció diversas probanzas; sin embargo, con ninguna de ellas se logra desvirtuar tal negativa; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que a dichas autoridades se atribuyó, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: «ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.]». Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: «INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo». CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, el Secretario de Gobernación, así como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en el proceso legislativo mediante el cual se expidieron las normas que combate la parte quejosa, en el ámbito de sus respectivas competencias (fojas 204, 206 y 219). Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, con registro 191452, del siguiente tenor: «PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo». Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: «LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba». Por su parte, el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, descritos en el considerando segundo de la presente sentencia (foja 266). Lo anterior, se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la citada responsable, medios de prueba que, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: «DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena». QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de sobreseimiento que hayan hecho valer las partes o bien las que este Órgano Jurisdiccional advierte de oficio en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, respecto a los actos de los que se ha evidenciado su certeza, en relación con la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto señala: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». Sobre el particular, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la Jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de sobreseimiento que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, y por lo que hace a los actos consistentes en la publicación y el refrendo reclamados al Director General del Diario Oficial de la Federación y al Secretario de Gobernación, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». «ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]». De los preceptos reproducidos, se desprende, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama del Director General del Diario Oficial de la Federación y del Secretario de Gobernación, la publicación y refrendo del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de mil novecientos setenta y dos. De una lectura íntegra de la demanda, así como del escrito que la aclara, se advierte que dichos actos se impugnan como parte del proceso legislativo que dio origen a las normas tildadas de inconstitucionales y no por vicios propios de la publicación y refrendo, pues la parte quejosa sólo hizo valer conceptos de violación tendentes a atacar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto del Director General del Diario Oficial de la Federación y del Secretario de Gobernación, porque el reclamo de los actos de publicación y refrendo no se hace por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, Materia Administrativa, que se consulta en la página 1411, con registro 178540, del tenor siguiente: «AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas». En otro contexto, se analizará el acto de aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reclamado, consistente en el oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada. «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». En ese sentido, esta resolutora federal advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo. El numeral y fracción en cita disponen lo siguiente: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [...]». De lo antes transcrito se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Este precepto protege dos principios elementales, el primero de ellos, propio de todo procedimiento judicial, es el relativo a la cosa juzgada y el segundo, exclusivo del juicio de amparo, establece que lo resuelto en el mismo no puede sujetarse a un nuevo medio de control constitucional, naturalmente, esta última prohibición debe hacerse extensiva a los actos que hayan sido pronunciados en un distinto procedimiento constitucional, porque de lo contrario, aun sin afectar la autoridad de la cosa juzgada en estricto sentido (porque se trata de un acto que ya fue analizado en otro juicio de amparo), invariablemente se estaría calificando la constitucionalidad de cuestiones que ya fueron objeto de decisión en una diversa sentencia de amparo, que una vez ejecutoriada, no puede controvertirse y aún menos considerarse como directa o indirectamente violatoria de los derechos fundamentales del impetrante de garantías. Es decir, si el acto reclamado fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y decisión, lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, toda vez que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. Tiene aplicación al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia XXI. 1°. J/15 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 867, tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: «IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo». En ese sentido, de las constancias recabadas oficiosamente por este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, así como de la consulta de las sentencias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual se capturan las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, que se invoca como hecho notorio de conformidad con lo establecido en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, y de las que se advirtió la promoción del juicio de amparo 481/2018-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad de Juárez, promovido por la AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal, en el que se señalaron como actos reclamados, los siguientes: «IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 2.- Del C. Secretario de Gobernación, reclamo el refrendo del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego. y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 3.- Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972. 4.- Del Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama a) la emisión del oficio número S.L./11776 de fecha 17 de julio de 2018, con número de folio 91484, mediante el cual se comunica la 1ª Zona Militar sobre la supuesta cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa y que cuenta con un plazo de 90 días hábiles para deshacerse de su armamento, debido a que supuestamente el 28 de junio se le notificó a mi mandante la cancelación de dichas licencias. En dicho oficio, se hace referencia al b) supuesto comunicado No. S.L./10220 de fecha 19 de junio de 2018, expedido, según se dice por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, el cual, también se señala como acto reclamado, no obstante que se desconozca su contenido. Del mismo modo del citado Director General, c) la supuesta cancelación de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego en las modalidades de "seguridad privada a personas", "seguridad privada en los bienes" y "seguridad privada en el traslado de bienes o valores" contenida presuntamente en el oficio S.L./7269, el cual se desconoce al no haber sido legalmente notificado a la quejosa, teniendo conocimiento del mismo, puesto que se hace referencia en el oficio S.L./11776, señalado inicialmente como acto reclamado. Por último se le reclama d) la aplicación del artículo 98 del reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual no establece un plazo cierto, para que la resuelva un procedimiento de suspensión de las licencias de portación de armas antes mencionada, y, por ende, al no haberle notificado la resolución por la que supuestamente se cancelaron las licencias de la quejosa, así como todas y cada una de las consecuencias, efectos y actos de ejecución derivados de dicho acto. 5.- Finalmente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclaman todas y cada una de las consecuencias, efectos y actos de ejecución derivados del acto señalado como reclamado». Juicio de garantías que fue resuelto el ocho de febrero de dos mil diecinueve, fijándose como ACTOS RECLAMADOS, los siguientes: «SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, son los siguientes: 1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 2. Del Secretario de Gobernación, el refrendo del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972, exclusivamente por lo que hace al artículo 98. 3. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 6 de mayo de 1972. 4. Del Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, la emisión del oficio número S.L./11776 de fecha 17 de julio de 2018, con número de folio 91484, mediante el cual se comunica a la 1ª Zona Militar la cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa y que cuenta con un plazo de 90 días hábiles para deshacerse de su armamento; el comunicado No. S.L./10220 de fecha 19 de junio de 2018. Del mismo modo la cancelación de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego en las modalidades de "seguridad privada a personas", "seguridad privada en los bienes" y "seguridad privada en el traslado de bienes o valores" contenida presuntamente en el oficio S.L./7269. Así como la aplicación del artículo 98 del reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual no establece un plazo cierto, para que la resuelva un procedimiento de suspensión de las licencias de portación de armas antes mencionada. 5. De la Secretaría de la Defensa Nacional, todas y cada una de las consecuencias, efectos y actos de ejecución derivados de los actos señalados como reclamados». Y en cuya parte considerativa destaca para este asunto, el siguiente estudio: «En otro contexto, se analizará el acto de aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reclamado, consistente en el oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada. Al respecto, el suscrito Juzgador estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como enseguida se pondrá de manifiesto. Efectivamente, el artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Cabe precisar que el acto de aplicación de la norma aquí reclamada no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción del término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Efectivamente, en el caso, la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que los efectos y obligaciones de la disposición legal reclamada, no surgieron de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que se requirió de un supuesto legal previo que condicionó su aplicación; por tanto, no le es aplicable el término de treinta días, a que alude el precepto legal precisado, pues este corresponde a los normas autoaplicativas, siendo aplicable en el caso concreto, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P.J/J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página cinco, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." No pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional, el hecho de que la parte quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, de las constancias que acompañó la responsable Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se advierte que la moral quejosa fue notificada el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, según acta notarial levantada por el licenciado Ricardo Alonso Aguirre Pérez, Notario Público Número Cinco en ejercicio, para este Distrito Judicial Bravos, en compañía del Mayor de caballería Jorge Enrique Median de Jesús, en la cual, en lo que interesa se desprende que una vez constituidos en el domicilio del representante legal de la moral quejosa, procedieron a notificar la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, contenida en el oficio S.L./7269, de ahí que fue a partir de esa fecha en que la moral quejosa tuvo conocimiento de dicha resolución, lo cual se corrobora con el contenido del diverso oficio S.L./11785 de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en el que el General de Brigada Rogelio Armando Patiño Canchola, da contestación a un escrito de petición signado por el representante legal de la moral quejosa, relacionado con la resolución que se le notificara el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, anteriormente mencionado. Por tanto, se advierte que desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se ostentó sabedora del mismo. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la parte aquí quejosa, tuvo conocimiento de la aplicación del acto reclamado, desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, es factible concluir, que si la quejosa tuvo conocimiento desde la fecha indicada, entonces, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil dieciocho, sin contar los días, treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce y quince de julio de dicho año, por ser días inhábiles. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, resulta evidente que se presentó fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y, por consecuencia legal, resulta válido afirmar que la promovente ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, la tesis IV.2o.A.29 K (10a.), de la Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2005, Tomo XXII, página 2336, de número de registro 177026, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO." Este juzgador no inadvierte que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, primero se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto que aterriza la norma impugnada, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; ya que de acontecer así, deviene improcedente el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, Novena Época, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." De ahí que, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por tanto resulta inconcuso que la sola cita de una ley, no constituye un acto de aplicación. Sirve de sustento al presente asunto, la jurisprudencia 18/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página ochocientos doce, Libro XIII, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil doce, Materia Común, Décima Época, de rubro: "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto y que éste no sea extemporáneo para efectos del juicio de amparo, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al ser extemporáneo el acto concreto en el que se aplicó la norma tildada de inconstitucional, el juicio de amparo efectivamente resulta improcedente en contra de la misma. En lo conducente robustece lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintiocho, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN." En tal virtud, el juicio de amparo también resulta improcedente en relación al Reglamento de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, que impugna como inconstitucional, dado que no se podría efectuar ningún análisis en tal sentido, al ser improcedente por extemporáneo el acto de aplicación consistente en el oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada. En lo conducente robustece lo expuesto, la Tesis: 2a. IV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA." En consecuencia, cabe sostener que el acto reclamado que se analiza, fue consentido tácitamente por la parte quejosa, actualizándose la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de dicha ley». Determinación que en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve causó ejecutoria. En ese contexto, el motivo de improcedencia se actualiza cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías, es decir, el presente juicio de amparo- fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior -481/2018- esto es, si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, de ahí que se actualice la causal de inejercitabilidad en análisis. Por lo anterior, se concluye que el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a través de la emisión del oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada, fue materia de la ejecutoria de este último procedimiento constitucional, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en razón de que en la sentencia correspondiente, por ese acto, resultó extemporánea la promoción del juicio de amparo, decretándose el sobreseimiento en el juicio. Así pues, el establecimiento de la improcedencia a análisis es evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una cadena infinita de juicios de amparo sobre la misma materia en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se basa el juicio de amparo. Consiguientemente, resulta claro que el acto que por esta vía constitucional se controvierte fue materia de la ejecutoria del disímil juicio de garantías 481/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, por lo que de analizarse el acto impugnado mediante esta nueva instancia, se abordarían cuestiones que fueron objeto de decisión en la sentencia de ocho de febrero de dos mil diecinueve. En ese tenor, teniendo en cuenta que los actos reclamados en procesos constitucionales sobre una misma cuestión no puede ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo; por tanto, resulta improcedente analizar en esta vía la aplicación del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reclamado, a través de la emisión del oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada; pues ello sería en demérito del principio de seguridad jurídica. Resulta aplicable al presente caso, la Tesis consultable en la página doscientos setenta y seis, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Samario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-uno, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: «IMPROCEDENCIA, CONDICIONES PARA LA OPERANCIA DE LA CAUSAL DE, POR EXISTIR EJECUTORIA PRONUNCIADA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, opera la causal de improcedencia contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, resulta pertinente establecer que, para que se actualice esa hipótesis, es necesario que tanto el juicio ya resuelto como el relacionado, hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales argüidas, según se deriva de los dispuestos en la fracción III del numeral en comento; sin que lo impida el hecho de que el quejoso, en el nuevo juicio, únicamente hubiere señalado a uno de los miembros del tribunal resolutor como autoridad responsable, si de las propias constancias se advierte que, quien dictó la resolución en forma colegiada lo fue la citada sala». Criterio que encuentra sustento, por identidad jurídica, en la jurisprudencia XXI. 1°. J/15 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 867, tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: «IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo». En cuanto a los diversos actos reclamados consistentes en el mensaje C.E.I., número S-1/M-4/26719, mediante el cual se comunica a la 22ª Zona Militar el diverso oficio S.L./11776, relativo a la cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa y que cuenta con un plazo de 90 días hábiles para deshacerse de su armamento; así como el mensaje C.E.I., número S.L./10220, mediante el cual se comunica a la 1ª Zona Militar el diverso oficio S.L./7269, relativo a la cancelación de las licencias particulares colectivas de portación de armas de fuego otorgada a la quejosa, se estima que también deviene improcedente el juicio de amparo, por tratarse de actos derivados de otro consentido. Los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo disponen: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)».. «ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». En efecto, la emisión de los actos referidos, está relacionada con el oficio número S.L./7269 de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunicó a la moral quejosa la cancelación definitiva de la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que había sido otorgada, por lo que no se trata de actuaciones autónomas, sino por el contrario, vinculadas con la cancelación definitiva de licencia; es decir, no se puede desvincular la resolución de cancelación definitiva de licencia, de los dos actos posteriores, pues es evidente que dichos actos, son consecuencia de la cancelación definitiva de licencia de portación de armas de fuego. Máxime, que los aludidos actos son solo comunicaciones internas entre diversas áreas o direcciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las cuales se reitera la cancelación definitiva de la licencia, la cual, se insiste, no fue impugnada oportunamente. Cobra aplicación la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, febrero de 2004, materia común, página 971, que dice: «ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada». Se asevera que tales actos no son autónomos ni consecuentemente susceptibles de analizarse en forma independiente a la cancelación de licencia, pues aunque se concediera el amparo en contra de éstos, la cancelación de la licencia de portación de armas, quedaría subsistente por no haberse promovido el amparo dentro del término de quince días de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, como quedó determinado en el diverso sumario constitucional 481/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual goza de la característica de cosa juzgada. Apoya a lo expresado la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 12, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 393973, que dice: «ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos». Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de sobreseimiento, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución; de ahí que resulte innecesario el análisis de una diversa causal de improcedencia aducida por las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: «SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución». No es obstáculo a la conclusión alcanzada el hecho de que se admitiera a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible para este órgano de control constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia, de tal suerte que la simple admisión de la demanda no constituye un impedimento para estudiar alguna causa de improcedencia. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la tesis visible en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que dispone: «DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías». En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: «SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO». Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en los diversos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa; por lista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma la licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la licenciada Ana Luisa Cortés Narváez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. ".
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Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad de mérito, en atención a su contenido, se tiene por informadas las gestiones y por hechas sus manifestaciones de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, respecto a su solicitud de prórroga, en el momento procesal oportuno se acordará lo que en derecho corresponda.
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