Erika Gabriela Rodríguez Fernández

Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
262/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Erika Gabriela Rodríguez Fernández y Otros.
  • Erika Gabriela Rodríguez Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del el oficio recibido vía correo electrónico y signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital, dígasele que con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 440/2021, que contenía el juicio de amparo 437/2021-IX promovida por Erika Gabriela Rodríguez Fernández, en esa misma fecha este juzgado jurisdiccional, aceptó la competencia planteada por el juzgado oficiante, desechando de plano dicha demanda y causando estado y ordenarse al archivo el once de mayo del año en curso, con lo anterior acúsese el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo Vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en este juicio de amparo de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a lo que remite el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, téngasele informando la remisión de la demanda de amparo promovida por ERIKA GABRIELA RODRIGUEZ FERNANDEZ, en contra de actos del Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; Director de la Dirección Administrativa del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; y Jefe de Departamento de Operación y Pagos de la Subdirección de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua", con sede en Chihuahua capital, en virtud de haberla recibido en el tribunal de su adscripción. En consecuencia, se acepta la competencia planteada por el juez declinante, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 262/2021-III-A. Hágase saber lo anterior a la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Capital, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la demanda de amparo para verificar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En acatamiento a lo anterior, de la lectura integral del escrito se advierte que la quejosa en esencia señala como actos reclamados lo siguiente: --- Se reclama la retención parcial de pago salarial quincenal, pues aduce que las autoridades, le han venido reteniendo una parte muy considerable de su salario quincena tras quincena, llevándose y entregándole más del 30% de su salario a las personas morales señaladas en este escrito como terceros interesados, lo cual vulnera los derechos fundamentales de su persona pues dice la deja sin salario y sin la posibilidad de subsistir, lo anterior sin que exista ninguna orden judicial de por medio que ordene a la autoridad responsable la retención de su salario y que no celebró ninguna relación contractual con las empresas señaladas como terceros interesados y si acaso lo hubiere hecho, dicha solicitud se deberá considerar nula, de conformidad con el los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Federal del Trabajo. Lo cual vulnera los derechos fundamentales de su persona pues dice la deja sin salario y sin la posibilidad de subsistir, lo anterior sin que exista ninguna orden judicial de por medio que ordene a la autoridad responsable la retención de su salario y que no celebró ninguna relación contractual con las empresas señaladas como terceros interesados PRESTAMOS FELIZ y COMERNOVA. De lo antes transcrito se advierte que la quejosa se duele de las responsables, de la retención parcial de pago efectuado a su salario, pues aduce que las autoridades, han venido reteniendo una parte muy considerable de su salario quincena tras quincena, llevándose y entregándole más del 30% de su salario a las personas morales señaladas en este escrito como terceros interesados, lo cual vulnera los derechos fundamentales de su persona pues dice la deja sin salario y sin la posibilidad de subsistir, lo anterior sin que exista ninguna orden judicial de por medio que ordene a las autoridades responsables la retención de su salario y que no celebró ninguna relación contractual con las empresas señaladas como terceros interesados y si acaso lo hubiere hecho, dicha solicitud se deberá considerar nula, de conformidad con el los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Federal del Trabajo. Sobre el particular, conviene mencionar que en el caso que nos ocupa los actos que impugna de inconstitucionales, no son de aquéllos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el diverso numeral 109 de la ley de la materia, de donde se colige que los requisitos que debe satisfacer el escrito de demanda son los que prevé el artículo 108 de la propia legislación. Establecido lo anterior, se advierte que, respecto a los actos reclamados que hace consistir en la retención parcial de pago efectuado a su salario, quincena tras quincena, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I. y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Lo anterior da motivo al desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, de una interpretación armónica de los preceptos citados, se advierte que, la procedencia del juicio de amparo está supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad para los efectos del juicio amparo. La autoridad responsable, en términos del tercer precepto legal transcrito comprende a aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. O bien, tratándose de particulares, tendrán el carácter de autoridad, cuando realicen actos equivalentes a éstas, que afecten derechos en los términos previstos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver amparo en revisión 1195/1992, comprendió dentro del concepto a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Ello, deriva del criterio jurisprudencial "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." [Tesis P. XXVII/97, con Registro 199459] Así, el anterior criterio, fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable y estableció que es aquélla que, con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable debe atender si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." [Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con Registro 161133]. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo deben actualizarse los siguientes requisitos: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. 2. Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Luego, conforme a tales requisitos es menester que entre el gobernado y las autoridades a las que se le pretende atribuir el carácter de responsables exista una relación de supra a subordinación. A efecto de verificar si en el caso se actualiza tal relación es necesario precisar los diferentes tipos de relaciones que pueden presentarse: a) Relaciones de coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Dichas relaciones se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que, en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Las mismas se caracterizan por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supra ordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares. Las mencionadas relaciones se regulan también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Ley Fundamental. Ahora bien, en el caso como autoridades responsables se señaló a Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; Director de la Dirección Administrativa del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; Subdirector de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua"; y Jefe de Departamento de Operación y Pagos de la Subdirección de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Chihuahua", con sede en Chihuahua capital. De dichas autoridades se reclamó, en esencia, la retención parcial de pago del salario y que no celebró ninguna relación contractual con las empresas señaladas como terceros interesados y si acaso lo hubiere hecho, dicha solicitud se deberá considerar nula, de conformidad con los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Federal del Trabajo. Luego -como se advierte de la constancia que adjunto a su demanda de amparo - se tiene que, la quejosa, es trabajadora con Número de empleado: 0S0U002319 y con Seguro Social N.S.S: 000080189039359, del Departamento de promoción de la Salud, con Jurisdicción en esta Ciudad Juarez y respecto de la quincena de 15 de Marzo de 2021 se le realizaron los descuentos por $4081.00 (cuatro mil ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) respecto a préstamos Feliz y $319.01 (trescientos diecinueve pesos 01/100 moneda nacional), respecto a la diversa persona moral denominada COMERNOVA. En este sentido, se evidencia que se genere entre ella y el Estado una relación de carácter laboral, dado que tal relación se encuentra proscrita por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social." "XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social". Como se dijo, resulta evidente que dada las funciones de la promovente como empleada o trabajadora del Departamento de promoción de la Salud, con Jurisdicción en esta Ciudad Juarez, su relación se rige por la vía laboral acorde a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no por la fracción XIII, del Dispositivo Constitucional referido, ello es así, porque no existe dato en contrario que las funciones que desarrolla fueren por ejemplo, de índole de investigación, esto es, sus funciones son meramente laborales, por lo que, no les reviste el carácter de autoridades responsables a las señaladas en su escrito de demanda, para los efectos del juicio de amparo. De la fracción XIV del precepto Constitucional en cita, se advierte que se equipara como laboral la relación existente entre Estado y la aquí quejosa como empleada o trabajadora, situando a las autoridades que señala en esta demanda (como parte patronal), también se precisa que corresponde a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores de alguno de los trabajadores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Pues como ya se dijo, atendiendo a las funciones que desempeña o realiza la quejosa como empleada o trabajadora del Departamento de promoción de la Salud, con Jurisdicción en esta Ciudad Juarez, deberá entenderse que la naturaleza de su relación con las autoridades es de índole laboral y de confianza. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia Laboral P./J. 36/2006, con Registro digital 175735, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 10, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza", se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo". De lo anterior se obtiene que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chihuahua deben ser ventilados ante otra instancia y no en el juicio de amparo biinstancial como se pretende. Es aplicable al caso, por analogía de razón, la tesis número 2a. C/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 370, tomo X, julio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral". Lo resaltado es énfasis de este Juzgado. Pues todo ello pone de manifiesto, que, dadas las funciones de empleada del Departamento de promoción de la Salud, con Jurisdicción en esta Ciudad Juarez, su relación se rige por la vía laboral acorde a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no por la fracción XIII, del dispositivo Constitucional referido. Sirve de apoyo ilustrativamente a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), de la Décima Época, Registro 2001527, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia Laboral, visible en la página 957, publicada bajo los siguientes rubro y texto: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Corrobora aún más dicha determinación la Tesis: Aislada XXVII.1o.(VIII Región) 11 L, de la Novena Época, Registro 161171, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Común, consultable en la página 1444, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE SIN SER AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EJERCEN ATRIBUCIONES DE ÉSTOS. LA RELACIÓN ENTRE AQUÉLLOS Y DICHA INSTITUCIÓN ES DE NATURALEZA LABORAL, POR LO QUE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO, O LA NEGATIVA A PRORROGARLO, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, y 11, todos de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por autoridad para los efectos del juicio de amparo a todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 4 del Reglamento de dicha ley orgánica, y del Acuerdo A/065/03 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de julio de dos mil tres, se deduce que el personal de la Procuraduría General de la República se clasifica en tres rubros: a) agentes del Ministerio Público de la Federación; agentes de la Policía Federal Ministerial; y peritos, quienes, en principio, quedarán sujetos al Servicio Profesional de Carrera; b) el personal de base, y c) el personal distinto de los dos anteriores, reputado como de confianza y que en ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera. Asimismo, se colige que los servidores públicos referidos en el inciso a) son personal que se rige por sus propias leyes, sin derecho a reincorporación aun cuando la terminación del servicio sea injustificada, pero con derecho a indemnización en términos del citado precepto constitucional; mientras que los servidores públicos que se ubican en el inciso c) son personal de confianza y, por lo mismo, sus relaciones son de naturaleza laboral, regida por la fracción XIV del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal. Ahora bien, cabe precisar que del referido marco jurídico también se infiere que existen servidores públicos de confianza que sin tener el nombramiento específico de agente ministerial, ejercen atribuciones de Ministerio Público por su situación de superiores jerárquicos de quienes sí cuentan con ese nombramiento, sin embargo, esa circunstancia no debe entenderse en el sentido de que les son inherentes la naturaleza y características del cargo de agente del Ministerio Público, dado que éste corresponde al personal del servicio profesional de carrera, por lo que a aquél, al ser de confianza, no le es aplicable el primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, sino la fracción XIV del mismo. Por consiguiente, la relación entre el personal de confianza que no tiene el nombramiento de Ministerio Público pero que esté autorizado para ejercer atribuciones que correspondan a éste, y la Procuraduría General de la República, es laboral, por lo que los actos emanados de esa relación, como la terminación de los efectos de su nombramiento, o la negativa a prorrogarlo, no son actos de autoridad para efectos de la procedencia del amparo, dado que la relación que se deriva entre ellos es de patrón a trabajador, es decir, entre particulares; de ahí que no contenga la característica de la supra a subordinación inherente a los actos de autoridad". En consecuencia, como se advierte los actos materia del reclamo, se adecuan a lo previsto en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 5º, aplicado a contrario imperio, relacionado con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, puesto que, derivan de una relación jurídica laboral que se presenta entre la parte quejosa y las autoridades del Estado que le permitieron una relación como empleada del Departamento de promoción de la Salud, con Jurisdicción en esta Ciudad Juarez, sin que ello implique, que no pueda el aquí promovente acudir, ante las autoridades competentes a ejercer las acciones legales correspondientes, respecto de los actos que pretende reclamar por esta vía constitucional. Por tal razón, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia descrita al inicio la presente determinación. Cabe destacar que, con lo anterior, no se le deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que la Junta Arbitral del Estado de Chihuahua puede conocer y resolver de los conflictos que surjan entre el Estado y la parte quejosa, de conformidad con el artículo 163 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. En efecto, si bien dicho precepto alude a los conflictos que se susciten entre una unidad burocrática y sus trabajadores y en el caso, las relaciones entre el estado y las personas contempladas en el supuesto de proscripción del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deben ventilar ante un tribunal de lo contencioso administrativo. También lo es que en el supuesto de que no exista alguna disposición legal que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias de carácter administrativo en el Estado, debe surtirse la competencia a través de un Tribunal de Arbitraje de la entidad federativa, dadas las facultades de que está investida conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; por lo que resulta más a fin para conocer de la demanda respectiva. El artículo 163 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, establece: "Artículo 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores.". Asimismo, son aplicables la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Chihuahua; sin embargo, como se advierte del artículo primero transitorio de esta última legislación, la misma entrará en vigor el día en que se emita la declaratoria de instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Ilustran lo anterior, por similitud jurídica, las siguientes jurisprudencias: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE SINALOA. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR QUIENES SE CONSIDERAN BENEFICIARIOS DE UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL O MUNICIPAL" [Jurisprudencia 2a./J. 40/2013 (10a.), con Registro 2003797] "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE LOCAL." [Tesis 2a. LXXVI/97, con Registro 198225]. Además, no se soslaya por quien aquí resuelve, que la quejosa además de referir vulneración a sus derechos humanos reclama la vulneración a los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido, por su atingencia al tema que nos ocupa, tenemos que el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: (.). IV. Reducir el patrón el salario del trabajador. V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. De allí que, se trata de una acción laboral que debe ventilarse por su naturaleza ante los Tribunales de Arbitraje Locales, antes e ocurrir a esta vía de amparo indirecto. Sin que este órgano jurisdiccional pierda de vista que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, por regla general, no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio constitucional; tal como se determina en el criterio de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". (Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Registro 2001071. Libro X. Julio de 2012. Página 929). En este sentido, en el caso, la causal de improcedencia se actualiza de forma manifiesta e indudable, dado que aun con la tramitación del juicio de amparo no podría ser modificada; esto es, la parte quejosa estaría imposibilitada para aportar alguna prueba en contrario, o bien, desprende circunstancia diversa del informe justificado. Dicho de otra forma, ese plano de coordinación que existe entre el Estado y la parte quejosa, no se podría desvirtuar actualizando uno diverso de supra a subordinación, pues para ello, en términos de los criterios en los que se apoyó este juzgado de Distrito, para concluir en tal sentido, sería necesario que con dicho acto se pudiera derivar la destitución o cese de la impetrante del amparo. En las condiciones apuntadas, al haberse concretado en la especie la invocada causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo, por notoriamente improcedente, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de impro6cedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, ubicado en Calle Circuito Nueva Sociedad número 95,Colonia Nuevo Chihuahua, 5 Etapa de esa ciudad de Chihuahua, y se le autoriza para oír y recibir notificaciones en el correo electrónico señalado águirrematayasociadós@gmail.com y el teléfono 6142724693 y autorizando en términos del artículo 12 de laLey de Amparo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alexis Aguirre Mata, sin perjuicio de que dentro del término de tres días, contados a partir de esta notificación pueda señalar domicilio en esta ciudad. Y si lo desea podrá proporcionar su usuario, para que se efectúen electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la consulta del expediente electrónico, conforme al artículo 55 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo"; en consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite al usuario en mención para los efectos precisados con antelación. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de eJusticia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Notifíquese personalmente en el correo electrónico proporcionado a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.

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