Erika Eunice Chan Escalante
Expediente 1209/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erika Eunice Chan Escalante
- ERIKA EUNICE CHAN ESCALANTE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA III.- Toda vez que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra la determinación de nueve de febrero de dos mil dieciocho, que declaró cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el aludido recurso. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración.
- Principal
AVISO.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, el cumplimiento que dio la autoridad responsable y advirtiéndose de la certificación de cuenta que a la fecha ya transcurrió el plazo que se concedió a la parte quejosa en auto de dos de enero del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo por parte de la responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, vista que no fue desahogada por la parte quejosa; en consecuencia, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la referida ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. En tal virtud, con base en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" se procede al análisis oficioso de la resolución ejecutoriada, para determinar si se dio o no el cumplimiento correspondiente. Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la sentencia y 2) Lo realizado en ese sentido por la responsable, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. 1) En primer lugar, es menester señalar que en la sentencia dictada por este juzgado federal, SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada a las quejosas ERIKA EUNICE CHAN ESCALANTE y JAZMIN ANELY DOPORTO VALLADARES. 2) Posteriormente, mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el presente asunto y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable para el siguiente efecto: SEPTIMO. Efectos de la sentencia. Al concederse a las quejosas ERIKA EUNICE CHAN ESCALANTE Y JAZMIN ANELY DOPORTO VALLADARES, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, es para los efectos siguientes: 1.- El Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, deberá: a) No aplicar a las quejosas, en el presente ni en el futuro el numeral 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." b) Deje insubsistente el oficio CJ-DRC-JUR-2989-1998-68-2017, de doce de septiembre de dos mil diecisiete, con el cual se negó la solicitud de matrimonio homoparental y en su caso: c) Emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En este orden de ideas, el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro la porción normativa declarada inconstitucional, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones. Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las demandantes de amparo, ésta deberá darle trámite. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dicha autoridad responsable de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán, relacionada con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de las contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Finalmente, debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual, las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, quedan exentas de cumplimiento alguno de este fallo, en atención al principio de relatividad de las sentencias" De tal suerte que la citada responsable, se encontraba obligada a dar cumplimiento al fallo protector tal como se describe en el párrafo que antecede. Así las cosas, de las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por la autoridad responsable, se advierte: 1.- Oficio CJ-DRC-JUR-3968-3325-163-2017 de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el Director de Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante el cual dejó sin efectos el oficio marcado con el número CJ-DRC-JUR-2989-1998-68-2017, de doce de septiembre de dos mil diecisiete. 2.- Oficio CJ-DRC-JUR-22-21-21-2018, de cuatro de enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director Registro Civil del Estado de Yucatán, por medio del cual anexó la certificación de datos del registro de matrimonio a nombre de las quejosas ERIKA EUNICE CHAN ESCALANTE y JAZMIN ANELY DOPORTO VALLADARES, con fecha de registro cuatro de enero de dos mil dieciocho. En ese sentido, cabe decir que tal como determinó la autoridad responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, dejó insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, y realizó el acto registral de las quejosas ERIKA EUNICE CHAN ESCALANTE y JAZMIN ANELY DOPORTO VALLADARES, como se advierte de la certificación de datos del registro de matrimonio nombre de las aludidas quejosas, con fecha de registro cuatro de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior, cumple con lo establecido en la sentencia ejecutoriada emitida por este juzgado, por lo tanto lo conducente es tener por cumplida la sentencia de amparo, cuenta habida que la autoridad responsable formalizó el matrimonio homoparental solicitado por las quejosas, y accedieron a realizar el acto registral de las quejosas de mérito quedando registrado el matrimonio homoparental el cuatro de enero de dos mil dieciocho. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán , con residencia en esta ciudad, cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia emitida en el presente asunto, pues colmó todos y cada uno de los puntos señalados en ella; además, en la substanciación del cumplimiento se observa que la responsable no incurrió en exceso o defecto, así como que no existió imposibilidad por parte de ésta para su debido cumplimiento. En tales circunstancias, resulta evidente que se restituyó a las quejosas en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el número 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la citada sentencia ejecutoriada. Hágase, saber a las partes que pueden inconformarse, o no, con esta resolución, de ser así presentará su escrito respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, dicho cumplimiento se tendrá por tácitamente consentido y por ende, se ordenará el archivo de este expediente como asunto concluido, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio del Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo remite copia certificada de los datos de registro de matrimonio entre *** y ***; sin embargo, no es el caso de dar vista con el referido cumplimiento, habida cuenta que mediante acuerdo de dos de enero actual, se dio vista a las partes con el cumplimiento realizado por la citada autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- MESA III.- Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio remitido por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que con fundamento en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a las partes, del oficio de cuenta, por el término de TRES DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia del oficio de cuenta, con el apercibimiento de que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este Juzgado de Distrito dictará la resolución que en derecho corresponda.
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