Erika Esperanza Vizcarra Hernández
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Erika Esperanza Vizcarra Hernández
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Erika Esperanza Vizcarra Hernández, queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del veintitrés de junio de dos mil veinticinco, por encontrarse en la hipótesis del artículo 21, inciso b), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del Acuerdo General Conjunto referido, se determina que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con el oficio correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 476/2022-8. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con el que informa el estado procesal del juicio de amparo 427/2022 de su índice, en el cual se fijaron las diez horas con veinte minutos del treinta de mayo del presente año, para la audiencia constitucional y remitió copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo. Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, la contradicción de tesis 26/200-PL, con registro 184572 que derivo la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El estudio de mérito, conduce a estimar que se actualiza la causa de improcedencia que deviene de lo dispuesto en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad..." De lo dispuesto por el invocado numeral, se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia prevista en el citado precepto legal, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia en un diverso juicio de amparo pendiente de resolverse en definitiva; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), determinó, al referirse a la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto legal citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; asimismo, sostuvo que para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que el juzgador debe asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. El criterio citado, no es incompatible con la actual redacción de la Ley de Amparo; misma que es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página: 265, de que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sobre el tema se debe entender por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.31 K (10a.), con registro 2019187, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63 de febrero de 2019, tomo II, materia común, página 3029 que reza: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Énfasis añadido. Así, la indicada hipótesis de litispendencia en el juicio de amparo, se actualiza en el caso concreto, como queda evidenciado, ya que en el presente juicio de derechos fundamentales número 476/2022 VIII, del índice de este Juzgado de Distrito, se recibió demanda de amparo presentada por Erika Esperanza Vizcarra Hernández, el ocho de abril del presente año, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito de esta ciudad, señalando como autoridades responsables y acto los siguientes: ".III. AUTORIDADES RESPNSABLES: (1) Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California; (2) El actuario adscrito a la Junta antes mencionada. IV. ACTO RECLAMADO: Abierta dilación procesal, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en: 1.- DICTAR AUTO DE RADICACIÓN dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California) y; 2.- REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial)..." Ahora bien, del juicio de amparo indirecto 427/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que el seis de abril del presente año, se recibió demanda de amparo presentada por Erika Esperanza Vizcarra Hernández, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito de esta ciudad, en la cual, se señaló como autoridades responsables y acto los siguientes: ".III. AUTORIDADES RESPNSABLES: (1) Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California; (2) El actuario adscrito a la Junta antes mencionada. IV. ACTO RECLAMADO: Abierta dilación procesal, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en: 1.- DICTAR AUTO DE RADICACIÓN dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California) y; 2.- REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial)..." Juicio de amparo indirecto 427/2022 que se encuentra en trámite, pues la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó que se encontraban fijadas las diez horas con veinte minutos del treinta de mayo del presente año, para la audiencia constitucional y remitió copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo En las relatadas condiciones, es claro que en ambos juicios de amparo, comparece la misma quejosa Erika Esperanza Vizcarra Hernández, se señaló como responsables exactamente las mismas autoridades y se combatió el mismo acto, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Erika Esperanza Vizcarra Hernández. Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para once horas con treinta minutos del dos de junio del presente año. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 476/2022-8. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, al que anexó copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 2650/2021, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. Por otra parte, informa que no cuenta con correo electrónico institucional habilitado para recibir notificaciones por esa vía; por tanto, como lo solicita, realícense las subsecuentes notificaciones por la vía ordinaria. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, con residencia en esta ciudad, informa que existe diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa y contra el mismo acto reclamado en el presente juicio, radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con el número 427/2022; por tal motivo, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al referido Juez de Distrito, que de no tener inconveniente legal, dentro del término de tres días, se sirva informar el estado procesal del mencionado juicio y se sirva remitir copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, sentencia y auto que la declaró ejecutoriada, en su caso, por considerarse necesarias para resolver el presente asunto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 476/2022-8. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en siete de abril del año en curso, se ordenó el archivo presente asunto y se hizo la acotación que el mismo era susceptible de depuración. Sin embargo, cabe aclarar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Erik Eduardo Tinoco González829/2020
- Erik Jesús Santos Pérez690/2015
- Erik Jesús Santos Pérez360/2015
- Erika Ávila Saucedo354/2021
- Erika Daniela Murillo Díaz35/2021
- Erika Esperanza Rodríguez Ramos87/2016
- Erika Esperanza Vizcarra Hernández1238/2022
- Erika Gabriela Reynosa Macías487/2015
- Erika Gabriela Reynosa Martínez208/2015
- Erika Juliana Saavedra Beltrán129/2022
- Erika Lizeth Mata Castañon554/2020
- Erika Marlene Castillo Arenas1216/2023