ERIKA EDNA MEYER SEPTIEN y Otros.
Expediente 5388/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 5388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2022
Partes del expediente
- ERIKA EDNA MEYER SEPTIEN y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a trece de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en este juicio. Tramítese dicho recurso, agréguese copia del mismo a este expediente, distribúyanse las demás entre las partes y sin ulterior acuerdo, en cumplimiento al artículo 2°, párrafo segundo, del Acuerdo General 5/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el cuaderno principal de este sumario, el oficio de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por conducto de su oficina de correspondencia común, por ser el órgano revisor que conoció del presente asunto originalmente. Fundamento: Artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo. De conformidad con las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión, una vez integrado este expediente para el envío del recurso de mérito, fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con copia del oficio de agravios y copia autorizada del presente proveído; en virtud que, la totalidad de las constancias de este sumario se encuentran digitalizadas en el expediente electrónico que se lleva en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE). Del mismo modo, se hace del conocimiento del Tribunal que corresponda conocer del medio de impugnación que nos ocupa, que el expediente electrónico relativo a este asunto, se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), lo cual, se advierte de la certificación de cuenta. Y que a efecto de poder visualizarlo, el órgano revisor en el expediente electrónico que corresponda al recurso antes especificado, deberá vincular el asunto mediante la ruta [Buscar expediente electrónico - Buscar expediente - Relacionar con expediente de origen] con los criterios de búsqueda [Primer circuito - Auxiliares - la denominación de este juzgado y el número de expediente de este asunto] Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad de México; a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Promoción de cuenta Téngase por recibido el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a través del cual, devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el amparo en revisión administrativa 300/2017, cuaderno auxiliar 1170/2019 de su índice. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento para los efectos legales conducentes. Del mismo modo, glósese al presente juicio de amparo el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ De igual forma, remítase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, los autos originales del amparo en revisión administrativa 300/2017. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por el referido órgano colegiado, se deja insubsistente tanto la audiencia constitucional como la sentencia emitida el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; en ese sentido se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales; esto es, con la finalidad de observar el debido transcurso de los plazos relativos a este sumario En términos de los artículos 26, 28 y 30 de la Ley de Amparo, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. NOTIFIQUESE
- Principal
Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Recepción. Téngase por recibida la promoción de cuenta, mediante la cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de amparo 9231/2021, de su índice sin integrar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. Sin que sea necesario acusar recibo de autos, toda vez que así lo determinó el órgano jurisdiccional en cita, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno respectivo de su índice. No obstante lo anterior, acúsese recibo al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre; relativo al juicio de amparo 457/2021 de su índice. Avocamiento y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 5388/2022. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Erika Edna Meyer Septién. Ahora bien, de una revisión acuciosa del escrito inicial de demanda, se advierte que no obra la firma autógrafa de la promovente Ana Guízar Fritsche, aspecto que impone a este juzgado de distrito estimar que en el caso no se demuestra la voluntad de la persona anteriormente señalada en cuanto a su intención de estar conforme con la elaboración, promoción y suscripción del escrito de cuenta, esto es así, pues la promovente referida no firmó la demanda de mérito. Por tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, 5° y 6° de esa legislación, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De acuerdo con dichos artículos el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que únicamente la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 112 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, el artículo 3 de la Ley de Amparo, indica que las promociones podrán hacerse por escrito; que será optativo presentarlas de forma impresa o electrónicamente; además, señala que los escritos presentados utilizando las tecnologías de la información, se presentaran utilizando la Firma Electrónica, y que esta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por lo cual, se advierte claramente, que toda promoción debe ser firmada por su autor, ya sea firma autógrafa en las que se presenten de forma impresa, o bien, mediante firma electrónica, cuando se presenten utilizando tecnologías de la información. Máxime, el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, a fin de que se constante plenamente la voluntad del promovente para instaurar el juicio de amparo, cumpliendo así el principio de "instancia de parte agraviada", por lo que esa manifestación de la voluntad constituye un requisito esencial. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma autógrafa de Ana Guízar Fritsche se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda de amparo de que se trata. Sin que en el caso, tenga aplicación la jurisprudencia 2a./J.32/2011 (10ª), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3632, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro siguiente: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." pues si bien en el sello de la demanda no se asentó que se había recibido sin firma original, lo cierto es que la demanda de amparo fue presentada a través del buzón judicial como se advierte en la papeleta de recepción, por lo que en su ingreso no existió intervención alguna del personal adscrito a la oficialía de partes correspondiente para poder revisar y denegar la promoción que no cumpliera con el requisito de encontrarse debidamente firmada. Por tanto, en el caso no opera la presunción a que refiere la citada jurisprudencia en el sentido de que la demanda de amparo fue presentada en original y con firma autógrafa. Sin que sea procedente prevenir al supuesto promovente en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener la firma autógrafa en original no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Asimismo, no sobra mencionar que de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, no se encuentran en ningún caso de excepción de los previstos en el artículo 15 de la ley de la materia. En consecuencia, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo respecto de la quejosa Ana Guízar Fritsche. Determinación (Desechamiento) respecto del acto reclamado en el escrito de demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto hace a los quejosos Erika Edna Meyer Septién, Alma Patricia Lozano Zúñiga, Donald Edward Andrews, Cuauhtémoc Alfredo Pérez Vargas, Giovanna Ma. Del Rosario Palos Suarez, Jessica Pérez Miramón, Jesús Antonio Morales Reséndiz, Armando Vidaurreta Peña, Julia Moreno Hernández, Francisco Gerardo Moreno Aranda y María Cristina Santana Juan, quienes sí firmaron de manera autógrafa la demanda de amparo que nos ocupa, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que señalaron como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor (individualización incondicionada), o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal (individualización condicionada). En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: (.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. (.) De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: 1. A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. 2. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados. En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición. Cabe destacar que, conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma. Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Debido a lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor. Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: "Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto. La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuarto. En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes." Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://www.ift.org.mx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados. De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido. La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja Q.A. 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La dictada en el recurso de queja Q.A. 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autorizados para oír y recibir notificaciones y consulta vía internet. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Víctor Humberto Borja Padrón. Respecto de las demás personas que refiere, se les tiene únicamente por autorizados en términos del artículo 24 de la ley de la materia. Notificación a la parte quejosa. En atención a que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: "Avenida Peña de Bernal, número 6001B-1 Colonia Residencial El Refugio, Código Postal 76146, en Querétaro Estado de Querétaro," mismo que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal; gírese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro con residencia en Santiago de Querétaro, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común; a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito: a. Se sirva notificar el presente acuerdo a la parte quejosa; y, b. Con libertad de jurisdicción la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, en el momento de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la notificación de la presente determinación judicial. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. c. Al momento de la diligencia de notificación, el Actuario adscrito al Juzgado exhortado, precise a la parte interesada que podrá transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de que exista la posibilidad de poder dar continuidad al asunto en forma electrónica, lo cual requiere que no solo las promociones se presenten a través del citado Portal, sino también que las partes tengan autorizadas personas para acceder al expediente electrónico, notificarse y actuar electrónicamente, es decir, presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general; por lo que, además de señalar autorizados que tengan su usuario registrado en el Portal, deben expresamente solicitar que las notificaciones se les realicen en esa vía, para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario correspondiente registrado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. d. Haga saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: adriana.nava.velazquez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, solicítese atentamente al Juez exhortado, que de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en autos (en cuanto al señalamiento de domicilio procesal), en el local que ocupa el Juzgado a su digno cargo, lo haga saber inmediatamente a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, desde luego, sin demérito de lo valioso de sus actuaciones que en auxilio de este Juzgado Federal lleve a cabo, pues también es verdad que sólo obedece a la finalidad de agilizar el trámite del presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 27, fracción II, y 21 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Oposición de publicación de datos personales. Finalmente, se tiene por manifiesta la oposición de la parte quejosa, en el sentido de que en el presente asunto, sean publicados sus datos personales; lo anterior, en relación con los artículos 113, fracción II, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Jurisprudencia. La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; a trece de diciembre de dos mil veintidós. Se atiende promoción. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, signada por la fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad de notificar personalmente a ********************, la determinación dictada el veintitrés de noviembre de esta anualidad, por los motivos que en ella indica; en virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista el presente auto, así como la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la Ciudad de México. Notifíquese por medio de lista el presente acuerdo, así como el de veintitrés de noviembre del presente año.
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