Erika Dominguez Castañeda
Expediente 1764/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1764/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/10/2019
Partes del expediente
- Erika Dominguez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Téngase recibido el telegrama de cuenta que suscribe el Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, mediante el cual acusa recibo de lo remitido en el oficio número 25630/2019, del índice de este Juzgado de Distrito; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, se desechó su demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de destrucción. Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte promovente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la comparecencia de cuenta, téngase a César Alberto Fregoso Morales, abogado patrono de la parte quejosa Erika Domínguez Castañeda, ratificando la firma que obra al calce del escrito de registro 15222. Por tanto, una vez visto el escrito de registro 15222, téngase a César Alberto Fregoso Morales, abogado patrono de la parte quejosa Erika Domínguez Castañeda, cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por tanto, se procede a proveer la demanda de amparo en los términos siguientes. Ahora bien, analizado que es el acto reclamado por la parte promovente, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los numerales en cita a la letra prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J 32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En la especie, cobra aplicación la primera de las hipótesis en comento para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio, es decir, el término para la presentación de la demanda de amparo que aquí se atiende, se debe computar a partir del día en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, esto es, de la existencia del proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve en el juicio civil sumario hipotecario 268 2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, en el cual se ordenó la desocupación y entrega a la parte actora el bien inmueble afectó a dicho juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo de forma voluntaria, la quejosa será lanzada a su costa. A fin de evidenciar la actualización de la hipótesis de improcedencia que se invocó al inicio del presente considerando, deviene indispensable traer a colación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2013, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya ejecutoria dio origen al criterio jurisprudencial identificado con la nomenclatura 1a. J. 13 2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 275, número de registro 2007052, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." De la ejecutoria en comento se observa, en lo que interesa para el presente asunto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, sostuvo respecto a la oportunidad en la promoción del juicio de amparo, lo que a continuación se transcribe: ".La Ley de Amparo abrogada establece que la regla general del plazo para la presentación de la demanda es de quince días, a menos que el quejoso se encuentre en alguno de los casos de excepción a que se refieren los artículos 22, 217 y 218 de la misma ley. Asimismo, de conformidad con el mismo ordenamiento, cuando lo reclamado sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede el amparo directo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. En ese caso, conforme a lo establecido en los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo abrogada, la demanda debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, cumpliendo con los requisitos que contiene el numeral 166 del mismo ordenamiento. En tratándose del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de alguno de los actos a que se refieren los supuestos del artículo 114 de la ley referida, la demanda deberá formularse cumpliendo con los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo y presentarse ante el Juez de Distrito, a menos que se esté en los casos de excepción a que se refieren los artículos 37, 38, 40 o 42 del mismo cuerpo normativo, los cuales facultan al quejoso a presentar la demanda ante las diversas autoridades ahí reguladas. Ahora bien, el artículo 165 de la ley en comento establece que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta a la responsable no interrumpirá los plazos a que se refieren sus artículos 21 y 22. Criterio que se puede aplicar por analogía al trámite del amparo indirecto, pues no existe precepto alguno donde se autorice que las demandas de ese amparo biinstancial se presenten por conducto de funcionario diverso a dicho juzgador, incluyendo a la autoridad responsable del acto reclamado. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, si un Tribunal Colegiado recibe una demanda de la que debe conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y mandará remitirla con sus anexos al que corresponda su conocimiento. Y, en sentido contrario, cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales procede el amparo directo, el artículo 49 de la ley de la materia dispone que dicho juzgador debe declararse incompetente de plano y remitir la demanda al Tribunal Colegiado que corresponda. Los supuestos de los artículos 47 y 49 de la Ley de Amparo anterior, arriba referidos, han sido interpretados por el Pleno de este Alto Tribunal y por la Segunda Sala, como casos en los que se presume que hubo por parte del quejoso un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad. De conformidad con los precedentes que más adelante se indican, el error por desconocimiento de la vía en estos supuestos no debe dejar en estado de indefensión al quejoso, por lo que en caso de que la demanda llegue de manera extemporánea al órgano competente para resolver el asunto, la fecha que se debe tomar en cuenta para analizar la oportunidad del juicio será aquella en la que se promovió originalmente, no obstante que haya sido ante autoridad incompetente.". Dichos criterios, que esta Primera Sala comparte, establecen lo siguiente: AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del Juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el Juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que 'la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley', toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del Juez, que si se relaciona con el artículo 3o. Bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que dispone que si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento, se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Ahora bien, en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado que corresponda declare posteriormente su incompetencia para conocer y resolver respecto de ella; en tal hipótesis debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente." De los criterios arriba transcritos se destaca que dicha determinación solamente es aplicable en aquellos casos en los que existía convicción del quejoso en promover juicio de amparo en la forma en la que se presentó, ello, por un error involuntario derivado del desconocimiento de la vía procedente. Esto es, se trata de supuestos en los que, en virtud de haber cometido un error de buena fe procesal, esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso. De ahí que no es dable considerar que dicha interpretación jurisprudencial pueda extenderse a supuestos diversos, ya que, como se señaló al principio de este considerando, la Ley de Amparo abrogada no permite que la presentación de una demanda en la vía incorrecta interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, de los antecedentes derivados de los asuntos que son materia de la presente contradicción, se desprende que: i) en más de una ocasión y derivado de un mismo juicio natural, los quejosos promovieron de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto; ii) que los amparos presentados en la vía directa en segunda y ulteriores ocasiones, se promovieron en contra de resoluciones emitidas en cumplimiento de sentencias dictadas en amparos indirectos; y, iii) que los amparos fueron formulados en contra de actos dictados después de concluido el juicio natural. Además, se destaca que los Tribunales Colegiados a los que se les turnaron los amparos originalmente, al declarar su incompetencia legal explicaron a los quejosos los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procedía el amparo indirecto. Es por ello que esta Primera Sala estima que si bien un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, acorde con los precedentes de este Alto Tribunal y de la Segunda Sala, lo cierto es que si de constancias de autos se desprende que el quejoso incurre en un segundo error al promover amparo directo en contra de un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural, y además que el acto reclamado constituye una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Máxime, si como, en la especie, el Tribunal Colegiado, al declararse incompetente explicó los supuestos de procedencia del amparo directo señalando que, en el caso concreto, procedía el indirecto. Por tanto, si el propio quejoso presentó de manera indebida en una segunda ocasión un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que derivó el acto reclamado en el amparo previo, y el acto reclamado en el amparo que se analiza se trata, además, de una resolución dictada en cumplimiento de una sentencia de amparo indirecto; entonces, esta Primera Sala estima que el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Cabe destacar que, para llegar a la conclusión anterior, se requiere que el Tribunal Colegiado al que le turnaron inicialmente los supuestos amparos directos, al declarar su incompetencia legal, haya expuesto al quejoso los supuestos de procedencia del amparo directo y que hubiese aclarado que en contra de este tipo de actos procedía el juicio biinstancial. Esta condición permite que el quejoso tenga el conocimiento necesario y suficiente de la vía procedente, como para que el Juez tenga por acreditado que el error en la vía deriva de una intención indebida para dilatar el procedimiento o de una temeridad procesal. La razón de que exista una excepción a la regla que prevé la Ley de Amparo abrogada, en cuanto a la no interrupción del plazo en la promoción del juicio de amparo por una equivocación de la vía presentada, es la buena fe procesal que se debe presumir por parte del quejoso para respetar su derecho de tutela judicial efectiva. Sin embargo, si de constancias de autos se desprende que el quejoso ya había sido informado acerca de la vía adecuada en una ocasión previa y, no obstante ello, decide promover un segundo amparo directo de manera indebida en las mismas condiciones que el amparo previo, el juzgador ya no se encuentra autorizado a aplicar la excepción a la regla sobre la no interrupción del plazo para presentar la demanda de amparo; máxime si el quejoso ha sido asesorado por el mismo abogado. Así, una segunda equivocación del quejoso en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Presumir en todos los supuestos que el quejoso desconocía la vía procedente, sería aplicar una excepción como regla y permitir que la equivocación injustificada de la vía interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Ello, amén de obligar a los órganos jurisdiccionales a una carga procesal que no les corresponde por ley." Nota.- El énfasis es propio. Del criterio rector antes reproducido se obtiene, en lo que es materia de análisis de la presente resolución, que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el País al resolver la contradicción de tesis en cita, estimó que si de constancias se desprende que el quejoso incurrió en un segundo error al promover amparo directo ante la autoridad responsable contra un acto derivado de un mismo procedimiento, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía, dado que el Tribunal Colegiado al declararse incompetente en el primer asunto, explicó los supuestos de procedencia del amparo directo señalando que, respecto del acto impugnado procedía el indirecto. Supuesto en el cual, determinó la Primera Sala, el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento, ello, atento a que el Tribunal Colegiado al que le turnaron inicialmente el amparo directo, al declarar su incompetencia legal, expuso de manera concreta los supuestos de procedencia del amparo directo, lo que permite que el quejoso tenga conocimiento indubitable de la vía procedente. Bajo esa premisa, se colige que la segunda equivocación de la inconforme en torno a la presentación de la demanda ante la autoridad responsable, ya no permite presumir que se trata de un simple error, pues ello implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del procedimiento natural, lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Por tal motivo, este órgano jurisdiccional estima que la fecha que debe tomarse en cuenta para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, es aquélla en la que se recibió la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, esto es, hasta el trece de agosto de la anualidad que transcurre. Se sostiene lo previo, atendiendo a que, en términos de la ejecutoria cuyo análisis se emprendió en párrafos que anteceden, en el caso particular obran elementos suficientes que impiden presumir la buena fe en la presentación de la demanda, tomando en consideración lo siguiente: a) El acto reclamado consiste en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio civil sumario hipotecario 268 2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco; b) El acto reclamado, y aquél que dio origen al juicio de amparo 1405 2018, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la misma, constituyen resoluciones dictadas en el mismo juicio sumario civil hipotecario, tal como se advierte de las constancias del procedimiento de origen remitidas por el Segundo Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; c) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho , al declarar su incompetencia legal en el primer amparo que promovió la aquí inconforme -juicio de amparo 1405 2018, del índice de este órgano jurisdiccional- explicó los supuestos de procedencia del amparo directo, esto es, que en materia civil procedía contra las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas, y por exclusión, en todos los demás casos procede el amparo en la vía indirecta, cuestión que se le notificó el diecisiete de enero de dos mil diecinueve , tal y como se advierte de la notificación que se le realizó del auto de quince de enero del año en curso, por el cual el Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, recibió el oficio en el que este Juzgado de Distrito desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo 1405 2018. De lo hasta aquí razonado, se colige que el plazo para presentar la demanda de amparo contra el auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, comenzó a transcurrir a partir del veinticinco de junio de dos mil diecinueve -día hábil siguiente a aquel en que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado -, y concluyó el quince de julio de dos mil diecinueve. De ahí que, si la demanda de protección de derechos fundamentales se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, hasta el trece de agosto de dos mil diecinueve, según se aprecia de la boleta de turno de la misma (foja 1 del sumario), es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar. Bajo esa tesitura, se estima que en autos sí obran elementos suficientes para determinar que en el caso particular no se actualiza la excepción que permite presumir que hubo por parte de la quejosa un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar la multicitada interlocutoria. Ello es así, habida cuenta que, de las consideraciones que dan soporte a la ejecutoria cuya referencia se citó en líneas previas, se obtiene que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el País, al resolver el aspecto atinente a la oportunidad de la demanda de amparo cuando ésta se presenta en la vía directa, utilizó como sustento toral para dilucidar la fecha que se debe tomar en consideración para determinar su presentación, la paralización del procedimiento cuando el acto impugnado se emite después de concluido el juicio, esto es, cuando existe una sentencia ejecutoriada. Ello, en virtud de que dicha calificativa -de ejecutoriada- dota a la sentencia de carácter definitivo, cuya naturaleza lleva inmersa la obligación de velar por el cumplimiento de la misma a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Carta Magna. Razón suficiente para concluir que resulta aplicable el contenido de la ejecutoria en análisis para dilucidar lo relativo a la oportunidad en la presentación de la demanda de protección de derechos fundamentales, misma que, como se expuso en párrafos que anteceden, se efectuó de manera extemporánea. Esto es, las consideraciones inmersas en la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran vinculadas con la finalidad de impedir la paralización del procedimiento de ejecución de sentencia -dada la cosa juzgada cuyo cumplimiento es de orden público-, ante una eventual conducta procesal de mala fe (cuando se interpone demanda de amparo directo a sabiendas que el acto impugnado no es una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin a juicio). Consecuentemente, en la especie, se actualizan, de manera manifiesta, notoria e indudable, las causas de improcedencia en estudio; por tanto, con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 13 y 14, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce; se ordena la glosa al presente expediente de las constancias que obran por separado al cuaderno principal, cuyo estudio y análisis fue necesario para el dictado del presente desechamiento, siendo las siguientes: 1. Escrito de demanda de amparo que formuló por Erika Domínguez Castañeda, por conducto de su abogado patrono César Alberto Fregoso Morales, y auto que recayó al mismo de seis de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual dio origen al juicio de amparo indirecto 1405 2018 del índice estadístico de este Juzgado de Distrito. 2. Oficio 5594, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 3. Auto de quince de enero de dos mil diecinueve y su respectiva notificación emitido en el juicio de origen. Por tal motivo, se ordena obtener copia fotostática certificada de las referidas constancias para que, previa digitalización, sean glosadas al presente expediente, así como anexadas al archivo que del presente fallo se ingrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que ambos expedientes -impreso y digital- sean coincidentes en su integración. Finalmente, se hace constar que de momento y hasta en tanto cause estado el presente proveído, el juicio sumario hipotecario 268 2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, en dos tomos, así como un sobre amarillo, seguirán guardados en la secretaría de este juzgado de Distrito.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 12,096 expedientes
- Erika Cazarez Velazquez2423/2023
- Erika Claudia Jardon Cazares1527/2020
- Erika Daniela Lopez Arellano848/2022
- Erika de la Torre Hernández264/2018
- Erika del Carmen Rodríguez Zaragoza1517/2021
- Erika Dominguez Castañeda1405/2018
- Erika Edelmira Tovar de Anda2338/2022
- Erika Elizabeth Rodriguez Sanchez1486/2022
- Erika Elizabeth Rodríguez Sánchez1766/2023
- Erika Emilia Robles Rodríguez671/2023
- Erika Emilia Robles Rodriguez1905/2022
- Erika Emilia Robles Rodriguez1394/2023