Erika Dalila García Ramírez
Expediente 1063/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Dalila García Ramírez
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído tres de octubre del año en curso (fojas 28-33), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos quebrantados en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de derechos fundamentales debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derechos de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, 145-150 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Ahora, con el objeto de comprender por qué la suscrita estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: ( La falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam ********************, de la estadística del Juzgado Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, y como consecuencia todo lo actuado dentro de ese procedimiento, incluyendo la sentencia. Por su parte, el artículo 1252 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, estatuye: "ARTÍCULO 1252. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrito en el Registro Público previa su protocolización. Cuando no se esté en el caso de deducir la acción que se menciona en el párrafo primero, por no estar inscrita en el Registro de la propiedad de los bienes en favor de persona alguna, se podrá demostrar ante el Juez competente, que se ha tenido la posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Del numeral transcrito se desprenden dos hipótesis distintas: por un lado, establece una vía contenciosa que puede presentarse cuando existe un propietario inscrito en el Registro Público y un poseedor pretende adquirir por prescripción el bien inscrito y, por otra parte, establece la posibilidad de que, si no existe ninguna persona inscrita en el Registro, se pueda demostrar la posesión. De igual forma, de los artículos 705 y 708 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato, se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción voluntaria y quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa. De ahí que, si se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza a las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Razón por la cual "quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en la segunda parte del referido artículo 708 a que quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará, transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro lado, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso. Así lo ponderó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia o de parte contendiente. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el Juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Al interpretar dicho precepto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el Alto Tribunal destacó que debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho. Bajo ese contexto legal, la suscrita considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite a los interesados, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, no obstante que ya haya concluido ese asunto no litigioso, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. En efecto, se estima que de concederse la oportunidad a la aquí quejosa de ser oída en el procedimiento con la finalidad de formular su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. De ahí que, si la parte quejosa en el juicio de amparo pretende que se le llame a la jurisdicción voluntaria, a ningún efecto práctico conduciría otorgarle la protección constitucional, pues de cualquier forma tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa sus pretensiones. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 91/2005, visible en la página 86, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Civil,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro: "INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", consideró que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam: - Sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello; y, - No tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Por ello, se estime que a ningún fin práctico se llegaría en caso de concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la solicitante del amparo, ya que la propiedad del inmueble sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso y, por tanto, tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa que estime pertinente. Similar criterio sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión civil ********************. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, es importante precisar que no se soslaya que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la privación de la posesión y de la propiedad del inmueble identificado como fracción de terreno rustico denominado ********************, de esta ciudad, de la que se dice propietaria; sin embargo, se insiste en aclarar que la vía de jurisdicción voluntaria es apta para realizar actos de mera constatación de hechos, a diferencia de la jurisdicción contenciosa, que se ejerce inter invitos, es decir, entre o sobre los que no estando de acuerdo tienen que acudir a juicio a pesar suyo o contra su voluntad. En congruencia con la naturaleza de las diligencias de información Ad-Perpetuam, a través de las cuales el poseedor de un inmueble, a título de dueño, puede obtener el reconocimiento judicial de haber adquirido la propiedad por el transcurso del tiempo, la intervención del órgano jurisdiccional se reduce a dar fe de la declaración de los testigos, por lo tanto, la resolución que se dicte en dicho procedimiento, no tienen el carácter de sentencia en estricto sentido, ya que carecen de firmeza y, por ende, de ejecutividad; puesto que como quedó visto de los preceptos invocados supralíneas, si una persona presenta oposición, tales diligencias de jurisdicción voluntaria concluyen; de igual forma, aun dictada la resolución que reconoce la propiedad por prescripción positiva a favor del poseedor a título de dueño, la persona que se considere con mejor derecho puede hacerlo valer en la vía ordinaria civil mediante juicio contencioso, pues la legislación autoriza a variar o modificar las providencias que dictare un juzgador, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa, cuando se variaren las circunstancias. Tan es así que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 91/2005 -antes mencionada- derivada de la contradicción de tesis 33/2005-PS, con registro digital 177599, sostuvo que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información Ad Perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad. Esto se decidió así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones Ad Perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, concluyó el Alto Tribunal que, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás; porque la declaración emitida no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Entonces, es inconcuso que la resolución emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial Ad Perpetuam no constituye un acto privativo o definitivo en perjuicio del gobernado, por el cual necesariamente tenga que regir la garantía de audiencia previa. En consecuencia, no rige la garantía de previa audiencia que tutela el artículo 14 Constitucional. Esa postura fue decretada por la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a. XXXI/2005, con registro digital 178717, quien sostuvo que para estar en el supuesto de la información ad perpetuam, es necesario que se dé la presunción legal de que respecto del inmueble no existe una persona con mejor derecho a quien le pueda causar perjuicio una declaratoria judicial de prescripción adquisitiva, y al partirse de ese supuesto es ajustado a derecho que la legislación procesal civil no conceda la garantía de audiencia previa a quien se considere propietario o con mejor derecho, pues se parte de la premisa de que éste no existe o, por lo menos, se desconoce al no haber inscripción alguna en el Registro Público de la Propiedad. La tesis del Alto Tribunal se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 724, Novena Época, con el título: "INFORMACIÓN AD PERPETUAM. EL ARTÍCULO 2905 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉ ESA DILIGENCIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA." V. Domicilio, acceso al expediente electrónico y autorizados. Téngasele señalando domicilio físico que indica para oír y recibir notificaciones. Sin que sea el caso, acordar de conformidad que se notifiquen vía electrónica las resoluciones que no ameriten notificación personal, puesto que las notificaciones de manera electrónica serán las que se ordenen de forma personal; lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2026122, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a ********************, por no contar con registro en dicho Sistema. Como la parte promovente solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario que proporciona (********************), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, a la parte quejosa. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación y requerimiento a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General 16/2022, relativo al periodo de su vigencia, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. VIII. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Erik Guerrero Gallegos836/2017
- Erik Javier Torres Hernández280/2021
- Erik Steven Verdin Johnson785/2022
- Erik Teodoro Navarro Apolinar1140/2022
- Erika Aranda Mesa782/2021
- Erika Aranda Mesa1019/2018
- ERIKA DE LA LUZ RAMÍREZ SÁNCHEZ y Otros.145/2022
- Erika del Carmen Contreras Robledo419/2021
- ERIKA DEL CARMEN MORALES TORRES y Otros.964/2021
- Erika del Rocio Bautista Olvera144/2012
- Erika Gutiérrez de Alba453/2019
- Erika Janet Rayon Cruz651/2020