Erika Crespo Ortiz

Expediente 466/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
466/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
03/12/2015

Partes del expediente

  • Erika Crespo Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado de autos, de los que se advierte las constancias certificadas del expediente laboral 485/2005, las que fueron remitidas por la autoridad responsable mediante oficios con registros 16103 y 18759, documentales que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Al ponderar las constancias que se mencionan, es preciso indicar que respecto del acto reclamado consistente en la omisión adjudicada a la autoridad responsable de proveer respecto al escrito de veintitrés de enero de dos mil quince, que le presentó la parte quejosa, procede el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)" Lo anterior es así, ya que de las constancias allegadas por la autoridad laboral responsable a los oficios con que se da cuenta, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil quince, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con sede en esta ciudad, proveyó respecto del escrito que presentó la parte quejosa a dicha autoridad en la aludida fecha. Pues al efecto, dado lo solicitado por la parte inconforme en los escritos anteriormente citados, realizó los argumentos lógicos jurídicos y fundamentos de ley respecto de los cuales materializó la cuantificación respectiva en la etapa de ejecución del laudo correspondiente al controversial laboral de origen. Así es, la parte inconforme promovió demanda de garantías en dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la cual en lo principal precisó como actos de reclamo los que a continuación se transcriben: "PRIMERO: Se reclama de la Responsable la transgresión y vulneración del artículo 763 y subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la omisión de acordar las diversas promociones presentadas ante la responsable a efecto de que se realice el computo de las prestaciones condenadas y autorización de la ejecución de laudo, dictado dentro del juicio laboral No. 485/2005, tramitado ante el Tribunal de Arbitraje del Estado SEGUNDO: Se reclama que la autoridad responsable cumpla con todos y cada uno de los plazos y términos subsecuentes al acto reclamado, es decir, que deberá señalar las fechas de las siguientes audiencias y dictar el laudo dentro de los términos que fija la Ley Federal del Trabajo, esto aún en la etapa de ejecución del laudo, para cada una de las etapas del juicio laboral burocrático mencionado." Asimismo, el quejoso como antecedentes en su demanda de garantías, indicó: "V.- ANTECEDENTES: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que constituyen antecedentes del acto reclamado, los siguientes: l. El fechas 23 de enero de 2015 y 26 de junio de 2015, respectivamente, se presentaron promociones ante la Responsable en las cuales se le solicitaba que se sirviera llevar a cabo el computo actualizado de la condena a que fue objeto la parte demandada así como que se sirviera despachar auto de ejecución en contra de la misma para llevar a cabo el requerimiento de pago y, en su caso, el embargo de bienes suficientes que cubrieran las multicitada condena y es momento que a la fecha no ha acordado las mismas." De tal manera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo; esto es, como se adelantó, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, no existía la omisión reclamada únicamente por cuanto hace al escrito que presentó el veintitrés de enero de dos mil quince. Ello es así, porque la autoridad responsable emitió proveído en veintitrés de enero de dos mil quince; de ahí que, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE el presente juicio de garantías fuera de audiencia, respecto de dicha omisión atribuida a la referida Junta, pues en la fecha que se presentó la demanda de garantías, la autoridad responsable ya había acordado lo conducente, es decir, que la parte inconforme promovió el juicio de amparo doscientos treinta y nueve días después de que la Junta de responsable proveyó en relación a su escrito de veintitrés de enero de dos mil quince, precisamente en ese mismo día. Es aplicable lo anterior, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de dos de abril de dos mil trece, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 1, Tercera Parte, página trece, del tenor: "ACTO RECLAMADO INEXISTENTE, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN CASO DE. Si se reclama la falta de notificación de una resolución, respecto de la cual en el procedimiento de amparo se prueba que aún no se dicta, por lo que no ha nacido la obligación de las responsables de dar a conocer al interesado esa resolución, debe sobreseerse el juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, por no ser cierto el acto reclamado". Así como, la jurisprudencia número 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página doce, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Igualmente, cobra sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo XIII, Enero de 1994, de la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, visible en la página doscientos cincuenta y cuatro, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Ahora, por cuanto hace a la omisión que le atribuye la parte quejosa a la autoridad responsable respecto del escrito que presentó en veintiséis de junio de dos mil quince, se procede a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca o porque ocurra una situación de hecho o de derecho que lo destruya, pero ello da lugar a una nueva situación que destruye la que dio origen al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 38, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Para estimar actualizada la causal de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes elementos: a) De un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de derecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, puesto que, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso estima como actos lesivos a sus derechos, los siguientes: La omisión de acordar las diversas promociones presentadas ante la responsable a efecto de realizar el cómputo de las prestaciones condenadas y autorización de la ejecución del laudo, dentro del juicio laboral 485/2005, tramitado ante el Tribunal de Arbitraje del Estado. Que la autoridad responsable cumpla con todos y cada uno de los plazos y términos subsecuentes, esto aún en la etapa de ejecución de laudo. Por lo que hace al segundo elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis señalada con el número 1, relativa a que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que deja insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo. Es así, ya que la autoridad responsable, en relación al escrito de veintiséis de junio de dos mil quince, que presentó la parte quejosa, dictó el acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, y en ese sentido, se materializó una situación de derecho que destruyó, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, punto que se identificó con anterioridad como "2". En efecto, no se desatiende que el quejoso igualmente reclamó de la responsable la falta de cumplimiento de los plazos y términos subsecuentes al acto reclamado, es decir, que la Junta responsable deberá señalar las fechas de las siguientes audiencias y dictar el laudo dentro de los términos que fija la Ley Federal del Trabajo, esto aún en la etapa de ejecución del laudo, para cada una de las etapas del juicio laboral burocrático de origen. No obstante lo anterior, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; en el sentido de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece." Por lo anterior, el presente juicio de amparo se circunscribió al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, por lo que si lo que propició la afectación de la esfera jurídica de la parte inconforme fueron las omisiones de atender a los escritos que presentó ante la responsable no hay razón jurídica para verificar actos posterior, en estricta atención a lo expuesto en líneas anteriores. En ese orden de consideraciones, se materializó una situación de derecho que sobrevino durante la tramitación del juicio y hace inviable el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse, lo que se identificó como "3". Sin que obste en sentido adverso, la existencia del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, que dictó la autoridad responsable, en el que se aprecia nítidamente que la parte quejosa precisó ciertas cuestiones inherentes al cumplimiento del laudo que se dictó en el controversial laboral de origen, en el sentido de que persiste el incumplimiento de la Junta responsable para pronunciarse en los términos y plazos de la Ley Federal del Trabajo, en la etapa de ejecución el laudo correspondiente, dado que incluso el fallo protector que pudiese materializarse en este juicio de garantías, de ninguna manera significaría que se constriñera a la autoridad laboral a emitir otro auto o acuerdo para continuar con la etapa de ejecución respectiva, puesto que si bien la parte quejosa hizo valer la abstención de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, para cumplir el fallo en cuestión; sin embargo, tal posicionamiento lo materializó en estricta relación a los escritos de veintitrés de enero y veintiséis de junio de dos mil quince, sin que este órgano constitucional pueda abordar aspectos ajenos a dichos escritos, por el abandono de jurisprudencia expuesto en líneas que anteceden, a la par del hecho toral de que no debe desatenderse que en el procedimiento de ejecución del laudo, no únicamente participa la autoridad laboral, sino que también resulta indispensable la petición expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor. Resulta aplicable en atención específica a la ejecutoria que la confirma, y no así, en ponderación de la literalidad de su rubro y texto, la Jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro 2010025, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Común, 844, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." A mayor abundamiento, el acto reclamó no se vincula en ningún sentido al acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, que dictó la autoridad responsable. Así las cosas, queda de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, pues efectivamente la Junta responsable atendió lo peticionado por la parte quejosa en el escrito de veintiséis de junio de dos mil quince. Circunstancia que genera a favor del aquí quejoso la restitución en el goce de las derechos violados en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia; razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia referida, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE...

  3. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo para que las partes manifiesten lo que a su interés convenga en relación a las documentales que remitió la autoridad responsable; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL., entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese este proveído, mediante lista que se fije en los estrados de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la Ley de Amparo, y en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Tomo XV, del mes de enero de 1995, página 191, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA."; así como en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VI, página 61, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE ADELANTA". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de constancias del expediente laboral 485/2005; con las cuales dése vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo la tesis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo II, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, página quinientos noventa y cuatro, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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