Erika Cerecedo Oaxaca

Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
845/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Erika Cerecedo Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de seis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I

  2. Principal

    la razón por medio de la cual el actuario judicial adscrito asentó la imposibilidad que tiene para notificar de manera personal a la parte quejosa el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, por las razones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el citado auto, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto la quejosa señale nuevo domicilio para tal efecto.... Atento a lo anterior, se procede a notificar a la parte quejosa el acuerdo de seis de julio del año en curso, mismo que determino: Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Erika Cerecedo Oaxaca, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas, Delegación Hidalgo, Subdelegación Pachuca; fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 845/2021-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El primer artículo transcrito dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en él, sino también de las demás hipótesis que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la primera fracción del numeral 1 de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones provenientes de autoridad que quebranten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, la procedencia del juicio de amparo se encuentra restringida, entre otros supuestos, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad. El último precepto indica que la autoridad responsable es aquella que, con fundamento en una norma, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. No obstante, ni los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental ni la legislación reglamentaria de los preceptos mencionados, definen con precisión qué debe entenderse por autoridad, ya que no delimitan las características que se deben reunir para ser considerada como tal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sino que únicamente ejemplifican las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto de protección constitucional. Por lo cual, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, definió las características que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, acordes con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, cuyo epígrafe es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Tales aspectos distintivos son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio jurisprudencial es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089. Con base en tales directrices, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse primeramente a si la relación que se somete a la decisión del órgano de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de las relaciones de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En esa tesitura, es dable acudir a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crea en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, siendo que las partes están en el mismo nivel, puesto que en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. En suma, el concepto jurídico de autoridad responsable lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales e imperativos, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Una vez precisado lo anterior, procede determinar si el acto recamado consistente en la orden de baja o cancelación de la pensión de viudez otorgada a la quejosa Erika Cerecedo Oaxaca con número de seguridad 09168466226, es o no un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo. En principio, conviene apuntar que el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución General dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. De la literalidad del texto reproducido, se observa que la Ley Fundamental prevé que la Ley del Seguro Social es de utilidad pública, es decir, que tiene como fin la obtención de un beneficio o de una ventaja no privada, sino afectante a todos los gobernados. Lo que se explica, si se tiene en cuenta que la seguridad social tiene por objeto garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado, como lo estipula el artículo 2 de la Ley del Seguro Social. Por su parte, el numeral 5 de la misma legislación establece: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo." Como se observa, el Instituto Mexicano del Seguro Social -que es la Institución encargada de organizar y administrar el Seguro Social como instrumento básico de seguridad social- es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, con un doble carácter: a) Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y b) Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Desde esa perspectiva, es válido sostener que son dos las funciones del referido instituto de seguridad social, cada una con finalidades diversas; ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige; y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Así, el seguro social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular (a saber, régimen obligatorio y régimen voluntario, de acuerdo al artículo 6 del ordenamiento en cita), mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Luego, conforme al ordinal 11 de la multicitada legislación, el régimen obligatorio comprende los seguros de: (i) riesgos de trabajo; (ii) enfermedades y maternidad; (iii) invalidez y vida; (iv) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y (v) guarderías y prestaciones sociales. Ahora, atendiendo al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias que surjan entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de las prestaciones que dicho ordenamiento otorga deberán tramitarse ante la autoridad jurisdiccional en materia laboral (antes, Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje). Al respecto, el numeral 899-A, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal del Trabajo señala: "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios." Lo anterior, corrobora que las controversias derivadas del reclamo de prestaciones en dinero y en especie derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, denominados como conflictos individuales de seguridad social, se ventilarán ante la jurisdicción laboral, siendo competente, por razón de territorio, el tribunal del trabajo del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la que se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. También, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial número 162/2017, determinó que tratándose de resoluciones que modifiquen o extingan una prestación del régimen obligatorio del seguro social, el conocimiento del juicio de amparo y sus recursos, corresponde a los órganos especializados en la materia del trabajo, una vez emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, o bien, agotado el recurso de inconformidad. El estudio abordado en esa ejecutoria partió de un asunto en que el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal, consistió en la orden de baja del quejoso como derechohabiente y su ejecución. En el presente asunto, cobran capital relevancia las consideraciones que expuso la Segunda Sala del Máximo Tribunal para dar solución al conflicto competencial suscitado. Así, indicó que atendiendo al contenido de los artículos 4, 6, 8, 11, 38, 39, 39 C, 40 A, 70, 105, 146, 167, 251, 270, 271, 287 y 304 A de la Ley del Seguro Social, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Asimismo, demarcó que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, etcétera, deben considerarse como prestaciones de carácter laboral, porque se establecieron a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste, por el régimen obligatorio del Seguro Social; por lo que, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios pretendan combatir una resolución que modifique o extinga una prestación de ese régimen previamente otorgada, tienen la opción de interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la propia Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el numeral 295 del mismo ordenamiento. La ejecutoria en cita dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 657, registro digital 170182; de epígrafe y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bajo esa misma lógica, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estableció que, como ente público del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado por la ley para emitir actos a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios, en materia de seguridad social y, conforme lo previsto en el artículo 295 de la ley de la materia, contra esa clase de resoluciones, los afectados deben acudir a la vía ordinaria laboral. El relatado criterio jurisprudencial está contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016 Tomo II, Décima Época, página 898, registro digital 2011948; que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, se invoca en apoyo de lo anterior, la tesis aislada VI.1o.A.54 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020 Tomo III, página 2601; que establece: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado." En el caso, Erika Cerecedo Oaxaca reclama la orden de baja o cancelación de la pensión de viudez que le fue otorgada, con número de seguridad 09168466226. Dicho acto implica una afectación en las prestaciones en dinero y en especie (de que goza la justiciable en su carácter de pensionada), derivadas de los seguros y demás prestaciones sociales que integran dicho régimen, por ende, es inconcuso que la acción constitucional intentada tiene como propósito la preservación de derechos de naturaleza laboral. Luego, es dable concluir que al consistir el acto reclamado en la baja de la quejosa como beneficiaria de la pensión otorgada por el seguro social, es evidente que su naturaleza es laboral, pues, toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los asegurados o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, como acontece en el caso a estudio. Cabe acotar, que lo órganos de amparo sólo pueden resolver sobre los actos de autoridad que vulneren derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pero no así cuestiones cuya decisión compete a la esfera de atribuciones legalmente otorgadas a la jurisdicción ordinaria (tribunales del trabajo). Por ello, se torna legalmente improcedente, que los conflictos de carácter laboral que deben tramitarse y resolverse ante los tribunales del trabajo, de acuerdo con las normas legales orgánicas, procesales y sustantivas que rigen a las relaciones como la que se actualiza entre la quejosa y el Instituto Mexicano del Seguro Social -obligaciones y derechos de los asegurados y el ente asegurador-, se diriman de primera mano en los tribunales constitucionales; pues el sistema del juicio de amparo se rige con principios y reglas acordes con su naturaleza y fin que están encaminados a hacer funcional el propio sistema. Incluso, en la contradicción de tesis 321/2013 (cuya ejecutoria es localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 927, registro digital 26290), la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la exigencia prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la garantía del justiciable a ser oído por un juez o tribunal, entendiéndose por tal "juez natural", aquel cuya existencia y atribuciones emanan de una "norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos, constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes. Conforme a esas consideraciones, el juez constitucional no debe arrogarse las atribuciones legales que les corresponde ejercer a los tribunales ordinarios, por los principios elementales que regulan tales atribuciones y desde luego por la interacción de esas autoridades con las de control constitucional en sus respectivas esferas de competencias, una vez que los juicios ordinarios han sido resueltos y alguien decide promover el juicio de amparo. Por lo expuesto, se reitera, el acto administrativo que la quejosa pretende someter a escrutinio constitucional no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al derivar de una relación de naturaleza laboral y, por tanto, debe controvertirse ante el tribunal ordinario competente; en consecuencia, resulta patente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, registro digital 160995; que establece: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." También se cita por las razones que la sustentan, la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 164027, de rubro y texto: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en avenida Federalismo, manzana M, lote 14, código postal 4032, en esta ciudad. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones a Gabriela Cruz Hernández, Laura Daniel Pérez, Wendy Estefanía Bárcenas Illescas y Misael Vite Moreno, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...M-I

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