Erika Cecilia González Reyes

Expediente 57/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
57/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Erika Cecilia González Reyes
  • Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa
  • Juana Guadalupe Yadira Montero Suárez
  • Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Juicio de Amparo Directo

    toda vez que no existe acto pendiente por cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a primero de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que anteceden, la Presidencia de este tribunal colegiado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, a fin de verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. Sentencia de amparo En sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos jurídicos siguientes: Deje insubsistente la sentencia reclamada de quince de enero de dos mil veintiuno. En su lugar emita otra en la que: Reitere los aspectos que no son materia de la concesión de amparo. Aplique correctamente la jurisprudencia 2a./J. 156/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la propia responsable citó; asimismo dé respuesta a los argumentos esgrimidos por la quejosa en su ampliación de demanda, únicamente respecto de los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107. Analice el concepto de impugnación uno del escrito de ampliación de demanda de nulidad, así como la jurisprudencia 2a./J.196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron soslayados por la sala responsable. Y, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Se considera importante destacar que, en la ejecutoria de amparo se determinó que en la nueva sentencia que dicte la autoridad responsable, debe considerar lo siguiente: "(.) El magistrado del conocimiento decidió sobreseer en el juicio de nulidad, por dos consideraciones fundamentales, las cuales son las siguientes: a) Por lo que hace a los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como por el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107, consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que -dijo dichos créditos se encontraban revocados en la vía administrativa, ya que la Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores emitió el oficio de revocación DRMVMT/GRF/REV/0955/2020, el uno de septiembre de dos mil veinte, en donde así lo determinó. b) Por otra parte, respecto de los créditos fiscales 09001184C2814509107 y 09000193C2814509107, correspondientes a los periodos 2018-04 y 2019-03; el magistrado instructor también sobreseyó en el juicio, pues tuvo en cuenta, después de que analizó las constancias de notificación, en términos de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, que éstas fueron legales, aun cuando la actora, aquí quejosa, promovió su demanda de nulidad en términos del artículo 22, tercer párrafo, de la Ley Federal Procedimiento Contencioso Administrativo, y negó conocer los créditos correspondientes; esto es, la autoridad responsable consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 9, en relación con el diverso 8, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (.) Por otra parte, en lo que respecta al tercer concepto de violación la quejosa aduce que en el concepto de impugnación "uno", del escrito de ampliación de demanda, señaló que la autoridad tercero interesado no cumplió con la carga procesal de dar a conocer la constancia de las resoluciones administrativas que se pretenden impugnar ni de sus constancias de notificación, en formato original ni en copia debidamente certificada. Al respecto textualmente refirió: "(.) la omisión del Magistrado responsable trascendió al sentido del fallo, porque de haberse tomado el tiempo para analizar dicho concepto de impugnación, pudo desde ese momento, declarar la nulidad lisa y llana de cada uno de los créditos fiscales que se pretendían impugnar porque no se dieron a conocer en formato original ni en copia debidamente certificada (.)" . Asimismo, argumenta la quejosa que no se tomó en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 878, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que invocó en el concepto de impugnación "UNO" de la ampliación de demanda, con número de registro 163102, que dice: (.) El argumento planteado es fundado. (.) Como se puede advertir la sala efectivamente no estudió el concepto de agravio relativo a que la autoridad tercero interesada no cumplió con la carga procesal de dar a conocer las constancias de las resoluciones administrativas que pretenden impugnar ni de sus constancias de notificación, "en formato original" ni en copia debidamente certificada y, pues las que obran en el juicio de nulidad se encuentran en copia simple de la copia certificada, por ende, la autoridad no cumplió con la carga prevista por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así como tampoco fue analizada la jurisprudencia que invocó la parte actora en el concepto de impugnación UNO de la ampliación de demanda, con número de registro 163102, que refiere a la jurisprudencia 2a./J. 196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 878, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (.) En ese contexto, resulta que, al haber omitido el estudio completo y puntual de los planteamientos esgrimidos en dicho concepto de impugnación, así como de la jurisprudencia 2a./J.196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que las sentencias deben ser congruentes y exhaustivas con las cuestiones efectivamente planteadas por las partes, de tal manera que también se transgrede el derecho humano de legalidad prevista en el artículo 16, Constitucional. (.) En otro aspecto, referente a los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107, aduce la parte quejosa, en el primer concepto de violación que el magistrado responsable no analizó si la revocación satisfacía su pretensión, porque dice que el motivo de dicha revocación obedeció a los intereses propios del Instituto, y que el criterio que empleó es contrario a los principios de seguridad jurídica y congruencia. Aduce también que el magistrado responsable dejó de valorar debidamente que la revocación no se dictó por el superior jerárquico, ya que no puede ser dictada por "cualquier persona". (.) Los anteriores elementos de juicio permiten establecer lo fundado del argumento en análisis, aunque para ello deba acudirse a la figura jurídica denominada "causa de pedir". Así es, como se destacó con antelación la autoridad responsable citó, para apoyar su decisión de sobreseer, la jurisprudencia 2a./J. 156/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuyo contenido se sabe que el alto tribunal determinó, en lo que aquí importa, que el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad "debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el caso particular, la autoridad responsable de manera incorrecta dejó de observar la jurisprudencia que invocó, pues en la sentencia que constituye el acto reclamado el magistrado responsable debió analizar si la revocación que se contenía en el oficio DRMVMT/GRF/REV/0955/2020 satisface las pretensiones del demandante; análisis que la responsable no realizó pues se concretó a referir que se habían revocado los créditos y el procedimiento administrativo de ejecución, pero sin hacer el análisis que ordena la jurisprudencia que la propia responsable invocó y que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, incluso para este órgano colegiado. (.)" Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo En pretendido cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable mediante oficio 11-1-3-29254/21, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la sentencia dictada el veinticinco del mes y año citados, en el juicio de nulidad 765/20-11-01-3-ST, en la que realizó lo siguiente: En el considerando tercero dejó insubsistente la sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno (foja 13)-primer efecto del fallo protector-. En los considerandos cuarto y quinto dejó intocados los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo -segundo efecto del fallo protector-. En el considerando quinto, aplicó la jurisprudencia 2a./J 156/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo, dio respuesta a los argumentos esgrimidos por la quejosa en su ampliación de demanda, únicamente en lo relativo a los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como por el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107, y determinó lo siguiente: Que la pretensión del actor sí se encuentra satisfecha con la revocación examinada, en tanto que de la misma no se desprende que la autoridad haya manifestado que se reservaba efecto alguno, sin que sea obstáculo a lo anterior, el argumento del actor en el sentido de que no se satisface su pretensión por el hecho de no haber exhibido las resoluciones determinantes y sus constancias de notificación, aún y cuando el juicio fue promovido en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad cumplió con la carga procesal correspondiente, al exhibir el oficio DRMVMT7GRF7REV70955/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte, a través del cual revocó los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como por el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107. También, analizó tanto el escrito de ampliación a la demanda, como la jurisprudencia 2a./J 196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y determinó lo siguiente: Que los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como por el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107, dejaron de tener efectos, por lo que atendiendo al principio de economía procesal, ningún efecto tendría el hecho de que la autoridad exhibiera las constancias de notificación de los referidos adeudos fiscales, ya que a ningún fin práctico acarrearía a la accionante el hecho de que la autoridad exhibiera las constancias de notificación de los créditos que ya fueron revocados en la vía administrativa, por lo anterior, la carga establecida en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se cumplió con la exhibición del oficio DRMVMT7GRF7REV70955/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte. (fojas 26 a 43) Con plenitud de jurisdicción dictó la resolución correspondiente. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de primero de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que ejercieran ese derecho. Análisis del cumplimiento De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 57/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: Dejó insubsistente la sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno. Reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo. Aplicó la jurisprudencia 2a./J. 156/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la propia responsable citó; y dio respuesta a los argumentos esgrimidos por la quejosa en su ampliación de demanda, únicamente respecto de los créditos fiscales números 09001173C2814509107 y 09000183C2814509107, correspondientes a los períodos 2017-03 y 2018-03, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de folio 09P01A01C2814509107. Analizó el concepto de impugnación uno del escrito de ampliación de demanda de nulidad, así como la jurisprudencia 2a./J.196/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron soslayados por la sala responsable. Con plenitud de jurisdicción dictó la resolución correspondiente. De ahí que este órgano colegiado observe que la autoridad responsable, en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia mencionada, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria al dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra, en la que tomó en consideración los lineamientos establecidos en el fallo protector y resolvió lo efectivamente planteado en el juicio de origen. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente a la parte quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, y tercera interesada por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en los términos indicados.

  3. Amparo en revisión

    con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno

  4. Amparo en revisión

    ...PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo contra los actos reclamados a las autoridades responsables, Titular de la Unidad de Asuntos Internos y Subdirectora de Administración, ambos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***************************************************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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