Erika Castillo Esquivel

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Erika Castillo Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1839, de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 15090/2018, con el que se le devuelve el toca de apelación 794/2017, así como el expedientillo de suspensión 794/2017, y expediente 452/2016, y un sobre con un Disco Versátil Digital (DVD), mismos que remitió como justificación a su informe de ley.

  2. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de tres de mayo del presente año, causo estado el acuerdo mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable, Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el toca de apelación 794/2017, así como el expedientillo de suspensión 794/2017, y expediente 452/2016, y un sobre con un disco versátil digital, mismos que remitió como justificación a su informe de ley, asimismo, se le solicita el acuse de recibo de las citadas constancias.

  3. Principal

    IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de trece de abril del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  4. Principal

    IV. Téngase por recibido el oficio 2972, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiada en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo directo 208/2018, del índice de ese Tribunal, promovido por ERIKA CASTILLO ESQUIVEL, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR A.A.C, recibida junto con el toca original de apelación 794/2017, incidente de suspensión 794/2017 y expediente 452/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial; asimismo, comunica que mediante acuerdo dictado el once de este mes en curso, se decretó la incompetencia por parte de dicho Órgano para resolver el juicio de referencia. Asimismo, toda vez que dicho Tribunal de alzada, comunica que mediante acuerdo dictado el once de este mes en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, toda vez que, el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los mismos mes y años, dictada en el Toca 794/2017, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, relativo al recurso de apelación interpuesto por Luis Gustavo Arzate Acquart contra la sentencia definitiva emitida en dichas diligencias, consiste un acto jurídico fuera de juicio, ya que deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, y en esa virtud, consideró que dicho acto es materia del amparo biinstancial; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente Vista la demanda de amparo promovida por ERIKA CASTILLO ESQUIVEL, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR A.A.C, contra actos que reclama del Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, por lo que respecta a la presente demanda, cabe decir que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, procederá a su desechamiento de plano. En el caso, este Juzgador Federal estima que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En efecto, en la especie este Juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales invocados establecen: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "...Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". Por su parte, los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De ese contexto, se advierte que el cómputo del término establecido se realizará a partir del día siguiente: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, en la especie, la parte promovente señala en el cuerpo de la demanda, que el acto que reclama de la autoridad responsable, lo es la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, firmada el veintinueve de los mismos mes y año, dictada en el Toca 794/2017, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que se resolvió en su primer punto, modificar la parte considerativa y los resolutivos segundo y cuarto de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por la aquí quejosa Erika Castillo Esquivel, como representante en ejercicio de la patria potestad de su hijo entonces menor de edad Arturo Zarate Castillo y Gustavo Arzate Acquart, éste por su propio y personal derecho. Misma resolución de la Sala que fue notificada por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día doce de enero de dos mil dieciocho. Siendo que dicha notificación surtió sus efectos desde la fecha de su publicación, conforme lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, de ahí que la promovente, al haber sido enterada de dicha resolución, desde el día doce de enero del presente año, es evidente que el término para promover el juicio de amparo inició el quince de enero de este año y concluyó el dos de febrero del año en curso. De lo anterior, se desprende que la demanda de garantías se presentó extemporáneamente, pues la parte hoy quejosa, compareció ante la oficialía de partes común de los Juzgado Civiles y Familiares, el día seis de febrero del año en curso a presentar la demanda, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo a fenecido. En ese orden de ideas, es patente que la promovente consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de garantías. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Apéndice 1995, que establece: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Igualmente es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". También apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ERIKA CASTILLO ESQUIVEL, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTEsTAD DE SU HIJO MENOR A.A.C, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de tal acto, en virtud de haberse al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la novena época, publicada en el tomo XIV, octubre de dos mil uno, que es del tenor literal siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado para tal efecto en su demanda de amparo y como sus autorizados a Luis Rubén Martínez Arellano y Arnoldo Jiménez Lemus en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Diana Aradne Ramos Brito, María Elena Adriana Gamboa Madeiro, Alberto José Pino Montes de Oca, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido precepto legal, por así solicitarlo la parte quejosa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó al oficio de cuenta, por tanto, fórmese tres anexos con los mismos, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios de la adscripción, para que en caso de ser necesario, realicen las notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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