Erika Carolina Millán Ramírez
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Erika Carolina Millán Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de treinta de noviembre del año próximo pasado, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, dese aviso a la autoridad responsable, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. ....téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo. ...se determina que es procedente la destrucción de este expediente, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero, del mismo ordenamiento, por haberse sobreseído en el juicio, por lo que se considera sin valor jurídico, y en consecuencia sin relevancia documental.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitiera a este Juzgado Federal copia certificada del escrito de ofrecimiento de pruebas que exhibió en el expediente natural 579/2018, la aquí quejosa; ahora bien, tomando en consideración que no ha existido el tiempo suficiente para que la autoridad de cumplimiento al requerimiento citado en líneas que anteceden, la audiencia constitucional programada para hoy se difiere, y para su verificativo se fijan las diez horas del once de enero de dos mil veintiuno
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en representación de dicho órgano laboral y anexo que acompaña, consistente en las copias certificadas del juicio laboral 579/2018; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, ya que la autoridad responsable omitió adjuntar copia certificada del escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte quejosa, en el expediente laboral 579/2018, del cual en el presente juicio la falta de admisión de tales probanzas constituye el acto que la quejosa aduce ser violatorio de sus derechos fundamentales; requiérase a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas a su notificación, remita copias certificadas legibles de la aludida constancia, para justificar la constitucionalidad del acto que se le atribuye,...apercibida..
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Erika Carolina Millán Ramírez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencias en esta ciudad. SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por la indicada quejosa, en contra del acto atribuido a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 y 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que deba tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, rinda su informe justificado, la que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se le reclaman o la improcedencia del juicio, acompañando, en su caso, copias certificadas, completas y legibles de las constancias necesarias para apoyar su informe, en específico de aquéllas que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye. En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este Juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento a las partes de por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este Juzgado si la parte quejosa ha interpuesto algún otro u otros juicios de amparo, que se relacionen con el acto reclamado, debiendo informar ante qué Juez de Distrito se promovió y, en su caso, remita las constancias certificadas que lo acrediten. Se informa a la autoridad responsable que los artículos 259 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene la facultad de imponerle una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veinte; en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a la parte quejosa y a la autoridad responsable, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o sobrevenga alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, acompañando, de ser posible, las constancias que lo acrediten; también, deberán informar, en su caso, el fallecimiento de la quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho, apercibidas que, en caso de incumplimiento, se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 251 y, para el segundo, de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo previsto en el artículo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia, acorde con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veinte. Ahora bien, ya que la parte quejosa manifiesta que no existe tercero interesado, es necesario precisar que atendiendo a que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en la omisión de la responsable de dictar el auto admisorio de pruebas en el expediente laboral 579/2018, es claro que dicho acto sólo afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, y por consecuencia no se configura ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haber persona que tenga interés en que subsista el acto reclamado, es decir, que tenga intereses contrarios a los de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la Tesis VI.2o.T.7 K, editada en la página 1464, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, con número de registro 185629, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a las fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, tomando en consideración que ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del covid-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos, por ello, en el acuerdo 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus Covid-19. Por tanto, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. 6. Dado que el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido, su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ", en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación), al teléfono 744 435 1900, extensión 1151. En el caso de las autoridades responsables: 1. Se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales. 2. Dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional de este Juzgado (3jdo21cto@correo.cjf.gob.mx), debiendo confirmarlos al teléfono 744 435 1900, extensión 1151; lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. Notifíquese y, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda.
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