Erika Ávila Pérez

Expediente 291/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
291/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Erika Ávila Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio enviado por el Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de abril del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el juicio laboral 181/5/2016 y escritos a través de los cuales las partes ofrecieron pruebas en el citado juicio laboral. De las mencionadas constancias y las diversas dicha responsable anexó a su informe justificado, se advierte que resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la quejosa, al actualizarse una causa de improcedencia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y por ende de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se actualiza toda vez que en el presente caso la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: la omisión de dictar el auto en el que se califiquen las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 181/5/2016. Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta y las diversas adjuntadas al informe justificado, a las cuales se otorga valor pleno probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el dos de abril del presente año se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de marzo de dos mil dieciocho), la responsable había sido omisa en calificar las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, lo cierto es que dicha omisión quedó superada el dos de abril del presente año, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio enviado por el Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de abril del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el juicio laboral 181/5/2016 y escritos a través de los cuales las partes ofrecieron pruebas en el citado juicio laboral. De las mencionadas constancias y las diversas dicha responsable anexó a su informe justificado, se advierte que resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la quejosa, al actualizarse una causa de improcedencia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y por ende de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se actualiza toda vez que en el presente caso la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: la omisión de dictar el auto en el que se califiquen las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 181/5/2016. Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta y las diversas adjuntadas al informe justificado, a las cuales se otorga valor pleno probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el dos de abril del presente año se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de marzo de dos mil dieciocho), la responsable había sido omisa en calificar las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, lo cierto es que dicha omisión quedó superada el dos de abril del presente año, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que el presente asunto no se encuentra integrado, tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en proveído de veintiséis de abril del año en curso, al Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que remitiera diversas constancias que integran el juicio de origen, las cuales se estiman necesarias para resolver el presente asunto. En consecuencia, a efecto de no transgredir normas procesales, se difiere la audiencia y se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de dicha junta, y Actuario adscrito a la misma, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental las constancias anexas a dicho informe; con lo anterior dese vista a las partes sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. No obstante, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el juicio laboral 181/5/2016, del auto en el que se reservó calificar la procedencia de las pruebas y de los escritos en los que se ofrecieron dichas pruebas.

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