Erika Arredondo Miranda

Expediente 2193/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2193/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2016

Partes del expediente

  • Erika Arredondo Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En quince de febrero de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Secretario en Funciones de Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso, por auto de cuatro de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, con sede en esta ciudad, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El seis de enero de dos mil dieciséis (fojas 23-30) se dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Erika Arredondo Miranda, en los términos siguientes: ".procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa ERIKA ARREDONDO MIRANDA, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 123 140 261 470 por la suma de $414.52 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período de diez de septiembre al once de noviembre de dos mil quince. En cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió oficio sin número por parte de la responsable Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, mediante el cual remitió copia de la póliza del cheque número 0030424 de fecha trece de enero del año en curso, por la cantidad de $414.52 (cuatrocientos catorce pesos 52/100 m.n.), con acuse de recibo a favor de la quejosa Érika Arredondo Miranda, constancias de las cuales se desprende que ya le fue entregada, con lo cual la referida responsable señalaba haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de garantías; en la misma fecha se ordenó dar vista a la referida quejosa por el termino de tres días con dicha constancia, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, sin que este haya hecho manifestación alguna al respecto. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada para los efectos ahí precisados; y al respecto, existe constancia en autos de que la responsable, en fecha trece de enero del año en curso, hizo entrega a la quejosa de la cantidad de $414.52 cuatrocientos catorce pesos 52/100 M.N.); como devolución del pago indebido además de que en dicha constancia obra la firma de recibido por parte de la referida quejosa, lo cual, deja de manifiesto que la referida responsable siguió los lineamientos para los cuales se le requirió dicho cumplimiento; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, en relación el 214, ambos de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y TERCERO INTERESADA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.-DOY FE. Lalo°

  2. Principal

    En cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el oficio con registro 2107, con anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de enero del presente año, respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de garantías, remite copia de la póliza del cheque número 0030424 de fecha trece de enero del año en curso, por la cantidad de $414.52 (cuatrocientos catorce pesos 52/100 M. N.), con acuse de recibo a favor de la quejosa ÉRICA ARREDONDO MIRANDA; lo anterior, por concepto de devolución del importe relativo al Derecho de Alumbrado Público, materia de la protección constitucional concedida; con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional, con base en las constancias que obran en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O : -------------------------- Que del once al veintidós del presente mes y año, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de enero del presente año, dentro del juicio de amparo número 2193/2015, promovido por ERIKA ARREDONDO MIRANDA.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el seis de enero del año en curso, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 192, del citado precepto legal, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, y remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 2193/2015, estando en audiencia pública estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Juan García Trejo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de la Materia en consulta. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, en el cual se tiene da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, con su escrito inicial de demanda. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que el Secretario da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en su pedimento agregado a foja 12 de autos, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se da por concluida la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2193/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida en esa propia fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ERIKA ARREDONDO MIRANDA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "IV. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas. V. ACTO RECLAMADO: El cobro del derecho de alumbrado público del servicio 123 140 261 470 correspondiente al periodo del diez de septiembre al once de noviembre de dos mil quince. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En siete de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 2193/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver en esta instancia el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al periodo del diez de septiembre al once de noviembre de dos mil quince, contenido en el aviso-recibo número de servicio 123 140 261 470 expedido a nombre de ERIKA ARREDONDO MIRANDA, por la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establece un cargo por la cantidad de $414.52 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M. N) por el referido concepto. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La autoridad responsable Tesorero del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al no existir causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, el destacado acto se funda en una norma declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede suplir la deficiencia de la queja y observar la Jurisprudencia respectiva a fin de dejar insubsistente la aplicación de esa disposición, aunque no se haya reclamado la ley ni señalado como autoridad responsable al órgano legislativo correspondiente o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se sustenta el acto, dado que la suplencia consiste en juzgar el acto reclamado que se apoya en una disposición inconstitucional en términos de lo establecido por la Jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas. Es aplicable al tema la Jurisprudencia P.J. 6/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951." Asimismo, por las razones que la informan se invoca la Jurisprudencia P.J. 104/207, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Y, por último también se cita la Jurisprudencia P.J. 4/2006, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.". Previamente conviene dejar establecido que aun cuando la quejosa ERIKA ARREDONDO MIRANDA, haya realizado con anterioridad algún diverso pago del que se refiere a la demanda de amparo por concepto del servicio de alumbrado público de referencia, si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece la causal de improcedencia del juicio de garantías por consentimiento expreso de la ley cuando se reclama con motivo de su primer acto de aplicación, ello se refiere solamente a la ley y no a los actos de aplicación; y en ese contexto, la indicada prerrogativa procesal contenida en el artículo 79, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y si lo que se va analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 8/2006, publicada en la página 9, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación." Precisado lo anterior, en el presente asunto la quejosa ERIKA ARREDONDO MIRANDA, reclama de la autoridad señalada como responsable Tesorero del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, regulado en el artículo 25, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, son inconstitucionales, porque invaden la esfera de atribuciones de la federación y contravienen la Constitución General de la República, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, lo que dio origen a la Jurisprudencia 6/88 del rubro y texto siguientes: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." En torno a este tema, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar la jurisprudencia que emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, este Juzgado Federal en acatamiento del criterio jurisprudencial antes invocado hace propios los razonamientos que en el mismo se contienen, sin ser necesario expresar otras consideraciones, por tener exacta aplicación al tema materia de la litis constitucional que aquí se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª./V/2003, consultable en la página 327, del Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, son: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta." Corolario de lo anterior, al resultar inconstitucional el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, por establecer una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fija un cobro del ocho por ciento sobre el consumo de energía por concepto de derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación, y dado que el acto reclamado está apoyado en disposiciones declaradas inconstitucionales, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la quejosa ERIKA ARREDONDO MIRANDA, la cantidad que se contiene en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 123 140 261 470 por la suma de $414.52 (CUATROSCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N), que pagó por concepto de derecho de alumbrado público por el período del diez de septiembre al once de noviembre de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 188/2004 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.- Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A ERIKA ARREDONDO MIRANDA, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Tesorero del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.

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