Erika Alejandra Ruiz Ponce
Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2022
Partes del expediente
- Erika Alejandra Ruiz Ponce
- Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó remitir copias certificadas del auto recurrido y de las constancias que se consideren necesarias, así como el original del escrito de agravios, copia del mismo y el informe sobre la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de la Materia y Circuito de referencia, respecto del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria del incidente de exceso o defecto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo , consecuentemente, remítase vía electrónica, el escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Se habilita la consulta del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para que tenga acceso total al expediente electrónico y pueda revisar el recurso que nos ocupa. Lo anterior, hágase del conocimiento del encargado del S.I.S.E. a fin de que realice la autorización correspondiente. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte; y con fundamento en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, rindo a usted INFORME JUSTIFICADO en relación al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, para lo cual manifiesto que es cierto que con fecha de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se declaró infundado el incidente de exceso o defecto a la suspensión provisional. Sin embargo, quién suscribe, Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, sostiene la legalidad de la actuación combatida.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa el acuerdo dictado el diez de agosto del año en curso, relativo al impedimento 10/2022, del que se advierte que lo admitió a trámite; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de julio pasado, se tuvo a *, como representante especial de la menores *, conferido por este Juzgado de Distrito, y se ordenó que las notificaciones personales a la aludida parte, se practicaran de manera electrónica, por lo que tomando en consideración que la sentencia dictada en el sumario en que se actúa fue anterior a la fecha de aceptación de cargo de la representante especial indicada, se instruye al Actuario Judicial que corresponda para que le realice de manera electrónica la notificación de la sentencia dictada el veinticuatro de junio pasado, por así haberse ordenado en proveído de diecinueve de julio en curso. Asimismo, del estado de autos, se advierte que no obra en ellos la constancia de notificación personal de la sentencia dictada en autos, correspondiente al tercero interesado *; por lo tanto, instrúyase al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, practique de manera inmediata la notificación de referencia, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para hacerlo. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por * en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Atento a lo que solicita, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en el presente proveído. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES * LA RESOLUCION DE 24 DE JUNIO DE 2022 QUE DICE: VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 179/2022-VIII-A, promovido por *, por propio derecho y en representación de sus menores hijas *, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los artículos 1 y 4 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,* por propio derecho y en representación de sus menores hijas *, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de primero de febrero de dos mil veintidós, se formó el expediente, se registró bajo el número 179/2022-VIII-A y se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en expediente *, mediante la cual se modifica el régimen de convivencia entre las menores*, con su progenitor *. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe con justificación, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de tal acto. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia del acto imputado a dicha responsable se corrobora con las documentales allegadas al sumario, en especial con las copias certificadas derivadas del expediente 1841/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 700, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página 1166, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación formulados resultan fundados. Previo a evidenciarlo, conviene decir que este asunto versa sobre los derechos de dos menores de edad, por tanto, procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter de la promovente. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ubica en la página 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de registro 175053, cuyo título y contenido son del tenor literal siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En efecto, cuando en un asunto se controviertan los derechos de un menor, debe tenerse en consideración el interés superior de éste y las circunstancias especiales del caso concreto, por lo que debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: "Artículo 4°. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [.]." El contenido del precepto referido contiene básicamente un reconocimiento a los derechos de la niñez para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Por su parte el artículo 3° de la Convención de los Derechos del Niño, señala: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Las disposiciones contenidas en tal precepto prácticamente se recogen en el texto de los artículos 567 y 573 del Código Civil del Estado de Jalisco, que disponen: "Artículo 567. Niñas, niños y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad." "Artículo 573. El régimen de visitas y convivencia constituye un derecho de las personas menores de edad que tiene por objeto regular y organizar el contacto, estancias y comunicaciones entre ellos y sus progenitores o adoptantes, familiares o parientes cuando los padres no convivan entre sí o cuando su convivencia haya cesado, caracterizado por una distribución igualitaria y racional del tiempo acordado voluntariamente entre ellos o en su defecto por decisión judicial. Las personas menores de edad tienen el derecho de visitas y convivencia por tratarse de un derecho autónomo al de la guarda y custodia así como de patria potestad y superior a la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la guarda y custodia. Los padres tienen el deber de visitar y convivir con sus hijos para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno filial. Cuando los menores de edad se encuentren sujetos a la tutela o guarda y custodia de alguna institución, éstas deberán vigilar dicha convivencia. El régimen de visitas y convivencia sólo podrá restringirse o suspenderse mediante declaración judicial cuando de conformidad con la ley se determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Los padres y las personas que ejerzan la guarda y custodia personal o institucional deberán abstenerse de realizar cualquier acto que promueva en las personas menores (sic) edad o mayores incapaces el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia la persona con quien tienen derecho de visitas y convivencia." De la interpretación sistemática de los preceptos jurídicos transcritos, se desprenden entre otras cuestiones, que los derechos de niñas, niños y adolescentes son de interés superior, pues deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. También se advierte que la convivencia constituye un derecho de las personas menores de edad que tiene por objeto regular y organizar el contacto, estancias y comunicaciones entre ellos y sus progenitores. Que los menores de edad tienen el derecho de visitas y convivencia por tratarse de un derecho autónomo al de la guarda y custodia así como de patria potestad y superior a la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la guarda y custodia. Que los padres tienen el deber de visitar y convivir con sus hijos para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno filial. Que el régimen de visitas y convivencia sólo podrá restringirse o suspenderse mediante declaración judicial cuando de conformidad con la ley se determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. De ahí que, los padres deberán abstenerse de realizar cualquier acto que promueva en los menores de edad el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia la persona con quien tienen derecho de visitas y convivencia. En este contexto, debe concluirse que el primer obligado en velar por el interés superior de la niñez es el propio Juzgador de origen con fundamento justamente en los artículos 4° Constitucional, 3° de la Convención sobre los Derechos de los Niños y 567 y 573 del Código Civil del Estado, por lo que basta la sola presunción de que no existen las condiciones idóneas para el bienestar de un infante, para que tome las decisiones y medidas pertinentes, en atención a la circunstancia de cada caso. Es criterio orientador, la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible a foja 1064, del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Civil; Décima Época, de registro 2004775, que se cita a continuación: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Bajo esa óptica, los intereses que se ventilan en el juicio natural, son de orden público e interés superior, dado que sobre el derecho de los padres trascienden los intereses supremos de los menores involucrados, ello en razón de que, la materia del juicio de origen, es sobre el derecho de convivencia que tienen tanto la quejosa, como el tercero interesado, con sus dos menores hijas; lo que es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento depende el desarrollo armónico e integral de las infantes, aunado a que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/49, que se ubica en la página 1289, del Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, de registro 177259, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores." Así, conviene destacar que la convivencia de los menores con sus padres tiene implicaciones de manera directa sobre la educación y salud emocional de aquéllos, lo cual atañe a uno de los aspectos de su interés superior que protege el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que debe ser protegido por toda autoridad; aunado a que, ese derecho, está por encima del interés que pudiese tener alguno de sus padres para privar al otro de la convivencia con los menores. Además, el artículo 24 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4º Constitucional, estatuye que las autoridades procurarán que los niños cuyos padres estén separados mantengan relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que sea contrario al interés superior del niño. En ese orden de ideas, una vez expuestos los lineamientos que deben regir en el presente fallo en virtud de encontrarse involucrados los derechos de dos menores de edad; a continuación se narran algunas de las actuaciones del juicio de origen: Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintinueve de septiembre de dos mil quince, *, promovieron en la vía civil ordinaria de tramitación especial, divorcio por mutuo consentimiento, el cual quedó registrado con el número de expediente *. En dicho juicio se dictó sentencia definitiva el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, misma que causó ejecutoria el quince de febrero siguiente, aprobándose el convenio de divorcio respectivo, en el que, entre otras cosas, en su cláusula DÉCIMA PRIMERA, se estableció que la convivencia de las menores *., con su padre *, se llevaría a cabo, en los términos establecidos en el propio convenio. Mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio natural, entre otras cosas, se indicó al tercero interesado *, que no había lugar a proveer de conformidad, en cuanto a su solicitud de que las hoy quejosas, le fueran entregadas para convivencia con las mismas, por conducto de persona diversa (en este caso, su cónyuge); determinación que fue confirmada mediante auto de trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 129 del tomo I del cuaderno de pruebas). Mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, entre otras cosas, se tuvo a la quejosa *, promoviendo incidente de modificación a la convivencia de sus menores hijas con *. Mediante resolución de dos de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable, entre otras cosas, modificó los términos de la convivencia de las menores quejosas con su progenitor, *, para desarrollarse de la siguiente forma: Que las menores estuvieran con su padre los fines de semana de cada quince días, con la obligación de que la madre las llevara al "Centro de Convivencia Familiar" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para que allí se le entregaran a su padre, a las diez horas de los días sábados, para restituirlas a la madre a las dieciséis horas de los domingos. Inconformes con dicha determinación, tanto las menores *, como el hoy tercero interesado *, promovieron sendas demandas de amparo, de las cuales correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, registrándolas con los número 806/2020-VIII-A y 818/2020-IV, respectivamente, los cuales fueron acumulados y mediante sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno, el entonces Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, determinó negar el amparo solicitado a *, y conceder la protección de la Justicia de la Unión a las aludidas menores, para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución de dos de junio de dos mil veinte, dictada en el expediente *, únicamente en la parte en que determinó que la convivencia entre las quejosas y su progenitor se desarrollara los fines de semana de cada quince días, debiendo ser entregadas a su ascendiente paterno a las diez horas de los días sábado y restituirlas a su ascendiente materna a las dieciséis horas del día domingo; y en su lugar emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción, garantizara que referida la convivencia se efectuara sin que las menores quejosas tuvieran que interactuar con la esposa de su progenitor. En cumplimiento a dicha determinación, el cinco de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo que se reclama en esta instancia constitucional, en el que, entre otras cosas, determinó un régimen de convivencia entre las menores *., con su ascendiente paterno, bajo la modalidad de entrega-recepción en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, los sábados de cada semana, de las diez a las diecisiete horas, en el entendido que durante el desarrollo de la convivencia entre padre e hijas, éstas no interactúen con la esposa de aquél. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa arguye, de manera toral, que la resolución reclamada transgrede sus derechos fundamentales, en razón de que no se juzgó con equidad de género, toda vez que contraviene su derecho de convivencia con sus menores hijas pues la priva de disfrutar un fin de semana completo con éstas, al tener que acudir los sábados de cada semana al Centro de Convivencia Familiar dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, para que la menores convivan con su progenitor, motivo por el cual, arguye, la resolución reclamada únicamente se ocupa de la convivencia de éste con las menores y no la de la propia quejosa. Asiste razón a la solicitante del amparo al afirmar lo anterior. Para dar sustento a lo anterior, debe decirse que al resolver el amparo directo en revisión 4811/2015, que dio origen a la tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En esos términos -dijo- la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. Así -continuó-, la importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera -señaló-, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento puede resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas. 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Ahora bien, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En este caso, al emitir la determinación reclamada, la responsable debió actuar bajo las anteriores directrices, es decir, de oficio, descartar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes, cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo que debía aplicar para emitir la determinación reclamada en los términos en que lo realizó. Lo que es así, pues aunque es verdad que en la sentencia dictada en el juicio de amparo 806/2020-VIII- A, del índice de este órgano jurisdiccional, se otorgó a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción para emitir la resolución que hoy se impugna; lo cierto es que del contenido de la misma se evidencia que de ejecutarse en los términos en que fue emitida, privaría a la quejosa de disfrutar de algún fin de semana completo con sus menores hijas, por la obligación de presentarlas semanalmente ante el Centro de Convivencia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para la convivencia con su ascendiente paterno. En ese sentido, aunque es verdad que del contenido de la resolución en comento no se advierte que la misma se hubiese emitido en esos términos ponderando la condición de mujer de la parte quejosa; lo cierto es que, por otro lado, como ésta lo alega, tampoco se advierte que en dicha determinación se hubiese tomado en consideración el derecho de la solicitante del amparo para convivir con sus menores hijas. Lo anterior toma relevancia si además se tiene en consideración el hecho de que al no preverse la posibilidad de que la quejosa pudiera gozar de algún fin de semana completo con sus hijas, podría repercutir en el sano desarrollo de dichas infantes, al privarlas, en consecuencia, de la posibilidad de planear algún viaje de esparcimiento con su ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. De ahí que el juez responsable deberá realizar todas las gestiones y tomar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar la integridad y el interés superior de las menores A.X.C.G. y N.C.G., tendentes a evitarles daño alguno. Por lo anterior, se concluye que la determinación emitida por la responsable no cumple la finalidad dispuesta en el artículo 9, párrafo 3, de la Convención de los Derechos del Niño, así como en el diverso 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; terminantes en señalar que el Estado --a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional--, está obligado a velar por el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos. Así las cosas, SE CONCEDE a * el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que: El Juez responsable deje insubsistente el proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente *, únicamente en la parte en que determinó el régimen de convivencia entre las menores *. y su progenitor, y, En su lugar dicte otro en la que, con plenitud de jurisdicción, garantice que referida la convivencia se efectúe sin que las menores quejosas tengan que interactuar con la esposa de su progenitor, dado que, aparentemente, no las trata bien, por lo que deberá tomar las medidas tendentes a tal fin (como se determinó en el juicio de amparo 806/2020-VIII-A); además de actuar bajo los parámetros de aplicabilidad y metodología de la perspectiva de género que amerita el caso, a efecto de evitar tratos discriminatorios en detrimento de la quejosa, bajo los términos expuestos en esta resolución; hecho lo cual obre en consecuencia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, por propio derecho y en representación de sus menores hijas *, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último del presente fallo.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la delegada de la autoridad responsable, mediante el cual informa que a la fecha en que se actúa la cedula de notificación con número de folio 77169, se advierte que fue cancelada; a lo que se provee: agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngase a la autoridad responsable en vías de cumplimiento. Sin que se esté en condiciones de requerir nuevamente a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria, en razón de que no se cuenta con los acuses de recibo del auto de fecha ocho de julio del año en curso, en el entendido de que continúa vigente el apercibimiento decretado en el citado proveído, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Erik Alan Capetillo Melendez154/2021
- Erik Arturo Aviña Casillas652/2023
- Erik Enaim Gomez Gudiño1314/2022
- Erik Naim Gomez Gudiño13/2022
- Erik Yosimar Ochoa Macías1666/2023
- Erika Adriana Flores Dávila759/2019
- Erika Anabel Villalobos Manzo1180/2019
- Erika Astilleros Gomez1813/2021
- Erika Astilleros Gómez1103/2023
- Erika Astilleros Gomez1000/2018
- Erika Astilleros Gomez1753/2022
- Erika Astilleros Gómez2466/2023