Érika Agustín Montiel
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Érika Agustín Montiel
Actuaciones
- Principal
? Estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tenerla por no presentada, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Admisión de ampliación de demanda. No ha lugar a requerir informe a la autoridad responsable. Vista la diligencia de ratificación del trece de marzo de dos mil diecinueve, en la cual el quejoso Abel Álvaro Zamora Celestino, ratificó su escrito presentado en este juzgado el siete de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente. En ese contexto, se aprecia que en el escrito en cuestión da cumplimiento a lo requerido en el diverso acuerdo del veintiséis de febrero del presente año, y al efecto, manifiesta su deseo de señalar como nueva autoridad responsable al Secretario de Acuerdos "B" adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete -Ramón Alberto Pantoja Burgueño-; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de su demanda de amparo en cuanto a la citada autoridad. Por tanto, con copia de la demanda de amparo y su ampliación, pídase al Secretario de Acuerdos en comento su informe justificado en relación a los actos reclamados que se le atribuyen quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal, en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Asimismo, hágase de su conocimiento que se encuentran fijadas las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Asimismo, una vez que se emplace a juicio al tercero interesado y señale un domicilio para oír y recibir notificaciones o, en su defecto, se le tengas las listas de este juzgado para tal efecto, se orden notificarle la ampliación de demanda. Finalmente, se advierte que en su escrito de cuenta la parte quejosa solicita que se le requiera un informe al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, en el que comunique si el cinco de diciembre a las doce horas con cincuenta minutos el Secretario responsable se encontraba desahogando diligencias; no obstante, se estima improcedente su solicitud. Para justificar lo anterior, conviene traer a colación lo expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 267/2012, en sesión del diez de octubre de dos mil doce, que en la parte que interesa dice: ". Aunado a lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para efectos de determinar si una declaración debe ser catalogada como una prueba de posiciones proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo, ésta debe ser realizada por una de las partes en el juicio al momento de contestar las preguntas que sobre hechos propios le sean formuladas por su contraparte ante el órgano competente -absolución de posiciones-, produciendo efectos en su perjuicio; por tanto, aquella confesión expresa de alguna de las partes realizada de manera diversa a la absolución de posiciones en la que la parte confesante admita hechos propios que produzcan efectos jurídicos en su perjuicio, sí es admisible en el juicio de amparo. Además, ha sostenido que será admisible como prueba el informe que se solicite a cualquier funcionario o autoridad distinta a la señalada como responsable en el juicio de amparo, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de sus funciones, quien está obligado a rendirlo atendiendo a lo establecido en el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es importante puntualizar que si lo pretendido por la parte interesada al ofrecer dicho medio de prueba es que se remita al juez de distrito alguna copia o documento que un funcionario o autoridad, no señalada como responsable en el juicio de amparo, tenga en su poder y de cuya existencia el oferente tiene conocimiento antes de la fecha en que se ofrece, aun cuando se solicite se remita vía informe, ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo. Empero, cuando se pretenda que un funcionario o autoridad que no es parte en el juicio de amparo, comunique al juez de distrito algún suceso o circunstancia hasta ese momento desconocida por las partes, pero de la que puede dar noticia en razón de su competencia y además, resulta relevante para la resolución del asunto, dicho informe puede ser equiparado a una prueba testimonial rendida vía oficio. De lo señalado con antelación, se advierte que: Las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo están obligadas a rendir un informe justificado a fin de exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio. Si de la vista que se dé a la parte interesada con dicho informe, ésta advierte la existencia de documentos que no se remiten junto con el informe y que, por tanto, no obran en el expediente del juicio de amparo, podrá solicitar dichas documentales sujetándose a las reglas establecidas para tal efecto en el artículo 152 de la Ley de Amparo. La parte quejosa puede ofrecer todas aquellas pruebas necesarias a fin de comprobar el derecho que alega en el juicio, con excepción de la desahogada vía posiciones y aquéllas que sean contrarias al derecho y a la moral. Las autoridades responsables tienen la obligación de expedir las copias o documentos que sean necesarios para el juicio a petición de la parte interesada en el juicio; en caso de que se nieguen a cumplir con dicha obligación, la parte interesada podrá solicitar al juez de distrito requiera directamente dichos documentos a las autoridades responsables. La parte interesada podrá solicitar al juez de distrito requiera a las autoridades responsables la remisión de la documentación necesaria, cuando exista un impedimento legal que no permita a dichas autoridades entregarles las copias o documentos directamente a la parte solicitante. Se podrá requerir información a autoridades no señaladas como responsables en el juicio. En caso de que el juez de distrito requiera documentación ya existente al momento de que inicia el juicio y cuya existencia era del conocimiento de las partes, se ofrecerá como prueba documental sujeta a las reglas del artículo 152 de la Ley de Amparo; sin embargo, si lo que requiere el juez de distrito es que la autoridad remita "vía informe" cierta información desconocida por las partes, la prueba deberá ser valorada como una prueba testimonial. Ahora bien, el tema de la presente contradicción se constriñe a determinar si la prueba ofrecida por la parte quejosa en un juicio de amparo indirecto "vía informe" a cargo de la autoridad señalada como responsable, puede ser admitida o no por el juez de distrito del conocimiento, litis que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera debe resolverse en el sentido de que no es admisible una prueba "vía informe" a cargo de las autoridades responsables en un juicio de amparo indirecto, en virtud de las siguientes consideraciones. Como se ha manifestado reiteradamente, la Ley de Amparo señala expresamente que las partes interesadas podrán ofrecer todos aquellos medios probatorios que estimen pertinentes para comprobar la acción intentada, excepto los que sean contrarios a la moral y al derecho, así como la prueba de posiciones a cargo de las autoridades responsables. Para efectos de que las partes puedan ofrecer sus pruebas en la audiencia del juicio, las autoridades estarán obligadas a expedir con toda oportunidad las copias o documentos que les soliciten; en caso de que las autoridades se negaren o existiera un impedimento legal para dicha expedición, la parte interesada podrá solicitar directamente al juez de distrito que requiera a dichos funcionarios la remisión de la documentación correspondiente. Asimismo, las autoridades responsables dentro del juicio de amparo indirecto están obligadas, una vez notificadas de la demanda de amparo, a remitir al juez de distrito su informe justificado, en el que sustentarán los razonamientos lógico jurídicos que estimen convenientes para sostener la constitucionalidad del acto que se les atribuye, o bien, para demostrar la improcedencia del juicio. Si del informe, al darle vista a la parte interesada, se advierte la existencia de documentos que no han sido aportados por la autoridad al remitir su informe y, por tanto, no obran en el expediente del amparo, la parte interesada podrá solicitarlas sujetándose a las condiciones señaladas con antelación. En esa tesitura, si la parte interesada ofrece como prueba un informe a cargo de la autoridad responsable en el juicio de amparo -distinto al informe justificado señalado en el artículo 149 de la Ley de Amparo-, a efecto de que el juez de distrito le requiera emita una nueva documental en la que exponga los hechos o razonamientos que le solicita la propia parte quejosa, es inconcuso que la intención del ofrecimiento de dicha probanza es que la autoridad responda los cuestionamientos o apreciaciones de la oferente y su desahogo se constituya como un medio idóneo para la acreditación de su acción. Así, la prueba de informe a cargo de una autoridad responsable dentro de un juicio de amparo, implica que dicha autoridad esté obligada a emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones a cargo de la autoridad responsable proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es factible afirmar que la parte interesada sólo puede solicitar al juez de distrito requiera a la autoridad responsable la remisión de documentos ya existentes que obren en su poder, a fin de integrar debidamente el expediente del juicio de amparo, guardando su debida relación con las reglas establecidas para tal efecto en el artículo 152 de la ley de la materia; sin embargo, el juez de distrito no puede admitir la prueba de informe vía documental a cargo de una autoridad responsable, puesto que obligaría a emitir un documento inexistente previamente en su archivo, mismo que tendrá que circunscribir a las apreciaciones de la oferente. Aunado a lo anterior, si bien el informe se materializa en un documento tampoco podría ser ofrecido en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, ya que este precepto se refiere únicamente a que las autoridades responsables estarán obligadas a expedir las copias y documentos a la parte solicitante que obren efectivamente en sus archivos o en poder de dichos funcionarios, lo que no se traduce en que el juez de distrito pueda obligar a dicha autoridad responsable a emitir un nuevo documento que contenga apreciaciones ceñidas a lo que solicita la parte interesada, puesto que se insiste, ello implicaría reconocer la admisión de declaraciones resultantes de la articulación de posiciones. No es óbice a lo anterior, el hecho de que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenga que, dentro del juicio de amparo indirecto, la parte interesada puede ofrecer como medio probatorio un informe a cargo de una autoridad, puesto que específicamente se delimita dicho derecho a la condición de que la autoridad a quien se le solicita no sea una de las autoridades señaladas como responsables, ya que, además de que quien la realiza no es parte en el juicio, su desahogo no puede producir efectos en su perjuicio, lo que permite precisamente que dicha declaración no pueda ser considerada como una prueba de posiciones, sino como una prueba testimonial." De la ejecutoria transcrita derivó la jurisprudencia 160/2012, visible en la página 1326, tomo 2, libro XVI, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2013, que dice: "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. La prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal." Cabe destacar que la ejecutoria y jurisprudencias citadas realizan una interpretación del artículo 150 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, son aplicables al caso concreto en virtud de que su contenido es muy similar al numeral 119 de la ley de la materia vigente, pues ambas contemplan que no es admisible en el juicio de amparo la prueba confesional de posiciones. Así, de lo transcrito se desprende, en esencia, que es factible ofrecer como prueba el informe que se solicite a una autoridad distinta a las señaladas como responsables, a fin de que comunique al Juez de Distrito algún suceso o circunstancia desconocida por las partes, pues es equiparable a una prueba testimonial. No obstante, en cuanto a los informes solicitados a las autoridades responsables, distintos al justificado, se dice que eso implica que la autoridad expida un documento nuevo en el que exponga hechos o razonamientos que solicite la parte quejosa, por lo que es evidente que la intención de ese medio convictivo es que la autoridad responda cuestionamientos del oferente a fin de acreditar su acción. En consecuencia, tal información constituye una prueba confesional de posiciones a cargo de la autoridad responsable, respecto a la cual existe una prohibición expresa en la Ley de Amparo, ya que tal prueba tiene como características que se realice por una de las partes en el juicio, que conteste cuestionamientos sobre hechos propios que se sean formulados por su contraparte ante el órgano competente y que produzca efectos en su perjuicio, Con base en lo anterior, se concluye que no es procedente el informe que el quejoso pide se le requiera al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, ya que eso equivale a una prueba confesiones de posiciones, pues eso implica solicitar a una de las autoridades responsables información en el que exponga hechos que solicita el promovente, a fin de acreditar la ilegalidad de los actos reclamados -emplazamiento y todo lo actuado en el juicio agrario de origen-, en los que tal autoridad intervino, es decir, hechos propios, y que pueden producirle un perjuicio, de ahí que no sea procedente lo solicitado por el quejoso. Notifíquese.
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