Erika Adriana Solís Castañeda

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Erika Adriana Solís Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del citado Acuerdo General, requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, que obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos a que haya lugar.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del citado Acuerdo General, requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, que obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos a que haya lugar.

  3. Principal

    NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del citado Acuerdo General, requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, que obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 56/2021, promovido por ., por su propio derecho y en representación del menor de iniciales ., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, los que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ., por su propio derecho y en representación del menor de iniciales ..., promovió demanda de amparo indirecto contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, que se transcriben a continuación ACTOS RECLAMADOS a) El requerimiento de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en ., dictado dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil radicado bajo el número de expediente . del índice del Juzgado Segundo De Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, mismo requerimiento de fecha 13 de enero del año en curso 2021, dirigido al . por conducto de la suscrita ... b) El apercibimiento de desocupación con AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA, en caso de que no se desocupe el inmueble ubicado en ., dentro del término señalado en el requerimiento ya mencionado, es decir 3 días, mismo apercibimiento que se encuentra en el requerimiento ya descrito. c) La falta de notificación a la suscrita de la existencia del juicio ejecutivo mercantil número . del índice del juzgado segundo de primera instancia del distrito judicial de Córdoba, Veracruz, y que causa perjuicio tanto a la que suscribe como a mi menor hijo de nombre ., quien se encuentra judicialmente depositado en el domicilio ubicado en .. d) La omisión de la autoridad responsable para adoptar y proporcionar las medidas de protección necesarias tanto a la suscrita como al menor identificado con las iniciales ... que garanticen nuestra seguridad y el ejercicio pleno de nuestros derechos . SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de cuatro de febrero del año en curso, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y citó a las partes a la audiencia constitucional . TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. El once de febrero, dieciséis de abril y veintiuno de junio de este año, respectivamente, se llevó a cabo el emplazamiento de los terceros interesados 1. ., endosatario en procuración de . ; 2. . y del 3. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores foja 102 del juicio . CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, de ser ciertos los actos reclamados, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquéllos consisten en a) El requerimiento de desocupación y entrega del inmueble ubicado en ., con apercibimiento de uso de la fuerza pública en caso de no acatarlo, decretado en el juicio ejecutivo mercantil ., del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; b) La falta de notificación a la quejosa de la existencia del referido juicio; y c) La omisión de adoptar y proporcionar las medidas de protección que garanticen la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos de la inconforme y el menor de iniciales ..., por tratarse del domicilio en el que éste se encuentra judicialmente depositado. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, pues si bien al rendir su informe justificado los niega, de la lectura integral del mismo se advierte que en realidad acepta su existencia ... Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil ., de su estadística. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que constituyen documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es pertinente reseñar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, cuyo valor fue determinado en el considerando tercero de este fallo y consisten en lo siguiente 1. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil nueve ante la Secretaría de Acuerdos del entonces Juzgado Segundo Menor, con residencia en Córdoba, Veracruz, ., en su carácter de endosatario en procuración de ., demandó de . en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de pesos y otras prestaciones fojas 1 y 3 del tomo de pruebas . 2. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Segundo Menor, con residencia en Córdoba, Veracruz, radicó la demanda bajo el número ., la admitió en la vía y forma propuesta y libró mandato de exequendo en contra del demandado foja 5 del tomo de pruebas . 3. El catorce de agosto de dos mil nueve, la Actuaria comisionada llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que, entre otras cosas, trabó embargo sobre el bien inmueble ubicado en .. 4. Por auto de dos de octubre de dos mil nueve, se declaró precluido el derecho del demandado, ., a dar contestación a la demanda instaurada en su contra foja 8 del tomo de pruebas . 5. Seguido el juicio por toda su secuela procesal, el veintidós de marzo de dos mil diez, el Juez del conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes fojas 17 y 18 del tomo de pruebas PRIMERO. El actor ., en su carácter de endosatario en procuración de ., probó los hechos constitutivos de su demanda, el reo . fue declarado en rebeldía, por lo tanto, ha prosperado la vía ejecutiva mercantil. SEGUNDO. Se condena al nombrado demandado al pago de la cantidad de diecinueve mil seiscientos quince pesos por concepto de capital, y al pago de intereses moratorios a razón del ocho por ciento mensual a partir del cinco de marzo de dos mil siete, más los que se sigan venciendo, lo que se computará en sección de ejecución. Hágase trance y remate de los bienes que en su oportunidad hayan sido embargados o que se embargue posteriormente, de conformidad con los artículos 356 y 257 del Código de Comercio, al ser una sentencia que causa estado por ministerio de ley 6. Por auto de veintiséis de abril de dos mil diez, se declaró que causó ejecutoria la sentencia foja 20 del tomo de pruebas . 7. Mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil trece, se abrió la correspondiente sección de ejecución foja 55 del tomo de pruebas . 8. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz, tuvo por recibidos los autos del juicio ejecutivo mercantil ., y por las razones ahí expuestas, se avocó al conocimiento del mismo, radicándolo bajo el número . foja 283 del tomo de pruebas . 9. Seguido el procedimiento de ejecución respectivo, el veintinueve de noviembre de ese año tuvo verificativo la audiencia prevista por el artículo 1411 del Código de Comercio, en la que, entre otras cosas, se adjudicó a favor de ., el bien inmueble embargado en dicho juicio, y se concedió a ésta el término de tres días para depositar ante dicho tribunal el remanente de su postura, apercibida que de no hacerlo perdería el depósito efectuado fojas 286 y 287 del tomo de pruebas . 10. El diez de diciembre de esa anualidad, se tuvo a ., exhibiendo el remanente de la postura legal; resolución que causó estado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve fojas 320 y 322 del tomo de pruebas . 11. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó requerir al demandado, ., para que en el término de tres días acudiera a la Notaría ahí indicada, a efecto de firmar la escritura de adjudicación correspondiente, apercibido que en caso de no hacerlo así, el Juez lo haría en su rebeldía foja 337 del tomo de pruebas . 12. El diez de junio de ese año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto precisado en el punto anterior; en consecuencia, el Juez del conocimiento ordenó firmar la escritura de adjudicación en rebeldía foja 342 del tomo de pruebas . 13. El doce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó requerir al demandado . para que, dentro del término de tres días, entregara materialmente a la adjudicataria ., el inmueble que le fue adjudicado, consistente en el ubicado en ., con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, ordenaría la desocupación de dicho bien con el auxilio de la fuerza pública foja 364 del tomo de pruebas . QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa, contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley . Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .. De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, los actos que se combaten derivan de lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, esto es, emanan de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional dado que no puede aducirse interés legítimo , este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Lo anterior se advierte de la tesis 2a. LXXX/2013, visible en la página 1854, del Libro XXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo , con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente . En ese contexto, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes de los actos reclamados expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que la quejosa . y evidentemente el menor ..., son personas extrañas típicas al procedimiento del que aquéllos emanan, ya que no son parte material en el mismo, es decir, no figuran como actores ni como demandados, ni en su contra se dictó la sentencia que en definitiva resolvió el contencioso natural. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que la peticionaria del amparo acude a esta vía constitucional a combatir, esencialmente, la orden de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en ... Esto es, lo que reclama es un acto emitido por autoridad judicial que incide directamente sobre la posesión del citado inmueble. Ante ello, para contar con el interés jurídico necesario para acudir a este juicio de amparo, la parte quejosa debe acreditar que, con base en un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, tiene la posesión del citado inmueble. Se afirma esto último con base en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es precisamente la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, visible en la página 5, de tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal similar al de todas las legislaciones civiles locales del país , es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común . Al respecto, cabe dejar sentado que la circunstancia de que la inconforme manifieste en su demanda que el referido inmueble es el domicilio que habitan ella y su menor hijo por ser el señalado llevar a cabo el depósito judicial de este último, decretado en el expediente ., del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, es insuficiente para acreditar el interés jurídico requerido, pues tal circunstancia no constituye una figura jurídica que genere el derecho a poseer determinado inmueble. En efecto, la especial situación en la que se coloca la quejosa y dicho menor en relación con el citado inmueble, cuando mucho podría revelar que la desocupación y entrega de dicho bien a su adjudicataria tercero interesada son susceptibles de producir un agravio personal e indirecto en su esfera jurídica, pero no la afectación directa que se requiere para dar vida al interés jurídico necesario para combatir actos provenientes de autoridades judiciales. Ante tal panorama, las documentales exhibidas por la parte quejosa para acreditar su legitimación para acudir a este juicio, consistentes en a) Copia certificada del acta de nacimiento del menor de iniciales .. foja 13 del juicio . b) Constancia de la Clave Única de Registro de Población de dicho menor foja 14 del juicio . c) Original de escrito de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, recibido en esa misma fecha en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el que la quejosa solicita la expedición de copias certificadas de la resolución de depósito judicial dictado en el expediente .. d) Constancia de residencia expedida a nombre de .. e) Copia certificada de actuaciones deducidas del referido expediente ., entre las que destaca la resolución de doce de junio de dos mil veinte, en la que se decretó el depósito judicial del menor de iniciales ... y otro, en favor de su progenitora ., así como la aceptación de dicho cargo por parte de esta última fojas 58 a 62 y 64 del juicio Son insuficientes para demostrar que la quejosa, derivado de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, tiene la posesión del citado inmueble. Así es, pues dichas documentales solo tienen el alcance de demostrar el nacimiento del menor involucrado y su filiación con la quejosa; que ésta tiene su residencia en el inmueble cuya desocupación y entrega material fue ordenada en el juicio natural, así como que dicho domicilio es el que se tiene señalado en el expediente . como el lugar del depósito judicial del pluricitado menor a cargo de la peticionaria. En las relatadas condiciones, se concluye que la parte quejosa no acredita contar con la titularidad del derecho subjetivo público respectivo y, por ende, con el interés jurídico necesario para acudir a este juicio. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse la referida causa de improcedencia, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno fojas 19 a 22 del juicio , se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 5, 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ., por su propio derecho y en representación del menor de iniciales ., por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la quejosa y a los terceros interesados 2. Alicia Eugenia Hernández Salgado e 3. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y por lista a 1. José Luis Colorado Rosas, endosatario en procuración de Héctor Hernández Loyo.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano