Erika Abundez Sotelo
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Erika Abundez Sotelo
Actuaciones
- Principal
MESA VI.-Visto lo de cuenta agréguese a los autos el oficio de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Al respecto, dígase a la autoridad responsable que mediante auto de veintinueve de mayo del año en curso, este juzgado federal se avocó al conocimiento del presente asunto y desechó la demanda promovida por ******************** por los motivos expuestos en dicho proveído; asimismo, mediante diverso de quince de junio de dos mil veintitrés, se declaró firme el auto de desechamiento ordenando remitir los autos originales del Toca Civil ********************, así como el expediente ******************** a la autoridad oficiante. Ello sin que pase inadvertido que la promoción de cuenta se encuentra dirigida a un diverso juicio de amparo, sin embargo, de su contenido integral se advierte que las manifestaciones vertidas guardan relación con el presente expediente. ****..., Notifíquese.
- Principal
MESA VI.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, párrafo primero, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del siete de junio de dos mil veintitrés); por tanto, es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Ahora bien, dado que la autoridad Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió copia certificada de diversas constancias, en dos tomo, al no ser indispensable la retención de las mismas, devuélvanse las documentales descritas a la citada autoridad con sin necesidad de que sea remitido acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hará las veces del mismo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Notifíquese. HRM
- Principal
MESA VI.- Se tiene por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que el citado Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* por propio derecho. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que Integran la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 726/2023 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Tomando en consideración que el órgano colegiado remite el expediente original del toca civil 10/2023-9 y el original del expediente 213-2021-1 acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ***, mediante la cual se declaró nulo todo lo actuado desde la junta de herederos de seis de julio de dos mil veintiuno y se ordenó la regularización del procedimiento sucesorio para el efecto de señalar fecha para el desahogo de la información testimonial a que se refiere el artículo 720, fracción IV, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, con citación del Ministerio Público de la adscripción y de los herederos afectados, de manera previa a verificarse la citada junta de herederos, en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ***, identificado con el expediente ***. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [.] Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece - en vigor a la fecha - el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. Luego, para el caso que se analiza es importante traer a colación, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, por regla general, la reposición del procedimiento de primera instancia decretada por un órgano de segundo grado no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución Federal, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, por lo que en esos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe analizar los efectos del fallo, a fin de determinar si estos implican la efectiva lesión inmediata a los derechos fundamentales de las partes, en cuyo caso será procedente el juicio de amparo indirecto. En cambio, de no advertirse la citada violación inmediata a derechos fundamentales, el juicio de amparo será improcedente en la medida que las eventuales violaciones - procesales- ocasionadas con el fallo que ordenó la reposición del procedimiento pueden quedar reparadas en caso de que el promovente de amparo obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses, pues en ese caso tales violaciones no habrán trascendido de forma alguna a su esfera de derechos. Sobre las bases anteriores, en el caso se afirma que la resolución reclamada tiene efectos meramente procesales, en tanto que éstos únicamente se traducen en la corrección del procedimiento sucesorio de origen (reposición), en su primera sección, a efecto de que el juzgador primario ordene y practique la diligencia de información testimonial a que se refiere el artículo 720, fracción IV, del Código Procesal Familiar estatal1 , con citación del Agente del Ministerio Público de su adscripción y de los herederos afectados; y, hecho lo anterior, se encuentre en aptitud de celebrar la junta de herederos y, en su momento, dictar la resolución relativa a la primera sección del procedimiento, que en derecho corresponda. Por tanto, cierto es que las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado pueden quedar reparadas de manera total con el dictado de una resolución relativa a la primera etapa del juicio sucesorio que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, pues en ese caso la determinación procesal de regularizar (reponer), el procedimiento sucesorio para el efecto de practicar la diligencia de información testimonial en los términos ordenados por el Tribunal de Alzada no habrá trascendido en modo alguno a la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la resolución atinente a la primera etapa del juicio sucesorio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, y únicamente para los mismos efectos a las personas que indica, toda vez que no proporciona los datos de las cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: [.] AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS AUTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · 15,924 expedientes
- Erik Gonzalez Vara214/2016
- Erik Haziel Lopez Hernandez1492/2021
- Erik Jovan Mora Lopez994/2018
- Erik Martinez Medrano1409/2016
- Erik Vazquez Hernandez972/2019
- Erik Zavala Vallarin797/2021
- Erika Alejandra Cabrera Reyes1618/2017
- Erika Ayala Huicochea1438/2016
- Erika Bahena Rosas1366/2019
- Erika Barrón Insua771/2022
- Erika Beatriz González Guerrero664/2022
- Erika Campos Soto1732/2017