Erik Vázquez Peralta

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Erik Vázquez Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a ERIK VÁZQUEZ PERALTA; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase a la PRIMERA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, el original del toca civil 387/2020-I, expediente 1044/2010, cuadernillo formado con motivo del incidente de cambio de pensión alimenticia y cuadernillo formado con motivo del incidente de reducción de pensión alimenticia, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de cuatro tomos. ??????????????? Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 4. En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 405/2021-4, promovido por Erik Vázquez Peralta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con probanza allegada por el impetrante, la cual consiste en la copia simple de la constancia de presentación de movimientos afiliatorios a nombre del propio quejoso, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado por medio de su Presidente, acompañó los autos originales de lo siguiente: Toca Civil 387/2020-I del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. [Tomo I] Juicio Especial de Pensión Alimenticia 1044/2010 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro del Estado de Tabasco. [Tomo II] Incidente de cambio de pensión alimenticia promovido por Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso- dentro del expediente 1044/2010 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro del Estado de Tabasco. [Tomo III y IV] Tomos que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 405/2021-4, promovido por Erik Vázquez Peralta, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 13, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Erik Vázquez Peralta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La resolución de fecha 26 de febrero de 2021, en el Toca Civil 387/2020-I (.)" AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro del Estado de Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 405/2021-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado a Ivette Cristina Alafita Estrada y se ordenó su emplazamiento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia de notificación personal [Foja 29] de seis de mayo de dos mil veintiuno, se emplazó a la presente controversia a Ivette Cristina Alafita Estrada en su calidad de tercero interesada, corriéndosele traslado con copia de la demanda, así como con el proveído en que se radicó y admitió a trámite. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 387/2020-I, que declaró infundada la inconformidad planteada; confirmó la sentencia interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veinte emitida por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el incidente de Cambio de Pensión Alimenticia promovido por Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso- deducido del expediente 1044/2010, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Tanto la presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, al rendir sus respectivos informes con justificación [Fojas 47 y 51], admitieron la existencia del acto que se les reclama. Afirmación que guarda sustento con los autos originales del toca civil 387/2020-I [Tomo I], juicio especial de pensión alimenticia 1044/2010 [Tomo II] e incidente de cambio de pensión alimenticia [Tomos III y IV], los que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando que precede que se acompañaron al informe justificado en original. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: Mediante auto de dos de septiembre de dos mil diez, la entonces Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, dio entrada a la demanda interpuesta por Ivette Cristina Alafita Estrada, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales L.G.V.A. en la vía del juicio especial de pensión alimenticia en contra de Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso-, bajo el expediente 1044/2010, instruyó girar oficios a diversas autoridades a efecto de resolver la materia de acción, decretó como pensión alimenticia provisional la cantidad de doscientos setenta y cinco días de salario mínimo vigente en favor de la parte actora y ordenó emplazar al demandado. [Fojas 195 a 198 del Tomo II] Seguido el trámite de ley, el nueve de noviembre de dos mil diez, en audiencia pública el juez natural aprobó de manera definitiva el convenio suscrito por las partes y por tanto, lo elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, acuerdo a través del cual el demandado se obligó a proporcionar pensión alimenticia -aquí quejoso- en favor de su menor hija de identidad reservada con iniciales L.G.V.A. [Fojas 406 a 410 del Tomo II] Posteriormente, por auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, la Juez del conocimiento ordenó tramitar el incidente de cambio de pensión alimenticia, interpuesto en el juicio principal por Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso-, en contra de Ivette Cristina Alafita Estrada, por lo que ordenó correr traslado y emplazar a la citada incidentada, para que dentro del plazo de tres días hábiles produjeran su contestación y ofrecieran las pruebas oportunas. [Foja 14 del Tomo IV] Seguida la prosecución incidental, mediante interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Juzgado natural determinó que el incidentista Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso-, no acreditó los elementos constitutivos de su acción de cambio de pensión alimenticia que ejerció en contra de Ivette Cristina Alafita Estrada en representación de la menor de identidad reservada con iniciales L.G.V.A. [Fojas 389 a 396 del Tomo IV] Inconforme con dicha resolución Erik Vázquez Peralta -aquí quejoso-, interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por la juez responsable por proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, en efecto devolutivo y ordenó remitir los autos al tribunal de alzada, para la calificación y substanciación del mismo. [Foja 455 del Tomo IV] En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, admitió a trámite el recurso y lo registró bajo el expediente 387/2020-I. [Foja 14 a 16 del Tomo I] Finalmente, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictada en los autos del toca civil 387/2020-I [Folio 45 a 60 del Tomo I], estimó infundada la inconformidad planteada por el demandado incidentista y por tanto, confirmó la interlocutoria apelada. Ahora, la citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, de la cual se advierte que la Sala responsable soportó, en lo que interesa, sus razonamientos en lo siguiente: En el considerando "V" se avocó al estudio del asunto, mediante el análisis de los antecedentes del caso, los argumentos de inconformidad del apelante y la valoración de los medios de convicción que obran en autos. Determinó, que a pesar que el incidentista afirmó que no cuenta con ingresos económicos suficientes para seguir proporcionando las cantidades pactadas en el convenio de pensión alimenticia, toda vez que no cuenta con trabajo fijo, que tal condición no quedó fehacientemente acreditada. Sostuvo que, con independencia del padecimiento y cuidados necesarios de su menor hija, lo que debe prevalecer es que el deudor alimentista estuvo de acuerdo en fijar, mediante convenio elevado a categoría de sentencia, de lo cual se advierte que siempre estuvo consiente del padecimiento y sus necesidades. Indicó, que además el apelante estaba obligado a demostrar la situación económica que gozaba en el momento en que fue fijada la pensión de la que pretende su reducción, esto es, debía acreditar el monto de su ingreso en el momento que determinó, de forma voluntaria, establecer el monto de alimentos; lo anterior, dado que al tratarse de un convenio entre las partes, el órgano jurisdiccional no ejerció valoración de los medios de prueba allegados por las partes en el juicio natural, de lo cual se desprenda las posibilidades económicas del obligado a dar alimentos. De lo anterior, estimó que el aquí quejoso no asumió la carga procesal para probar la circunstancia de su ingreso económico durante el tiempo en que firmó el convenio de alimentos -nueve de noviembre de dos mil diez-; asimismo, afirmó que tampoco demostró a cabalidad el estado de su ingreso económico actual, máxime que mediante escrito de veintiocho de septiembre de dos mil diez [Foja 217 a 240 del Tomo II] al contestar la demanda en el juicio principal, el propio deudor alimentario afirmó tener un laboratorio dental. Explicó que en nada beneficiaron a las pretensiones del apelante el informe rendido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dado que el hecho que se corrobore que no sea trabajador de la señalada institución educativa no implica que en el momento en que signo el convenio alimentario percibiera ingresos de dichas instituciones. Tampoco consideró que los informes remitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria abonen a la procedencia de la acción, dado que el hecho que se informe que el apelante no cuenta con antecedentes como patrón y que se encuentre suspendido como contribuyente desde el veinte de diciembre de dos mil veinte, puesto que con tal información, tampoco se acredita la poca capacidad económica que aduce. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El amparista en su único concepto de violación indica que si bien es cierto que en la cláusula segunda del convenio de alimentos de nueve de noviembre de dos mil diez se refiere el contenido del artículo 307 del Código Civil en vigor, tal referencia no especificó que parte de dicha porción normativa se cita, por lo que los alimentos deben de ser proporcionados con base en las posibilidades de quien deba proporcionarlos. Sostiene que en el momento de firmar el citado convenio, contaba con solvencia económica suficiente para proporcionar a su menor hija todo lo necesario para sus necesidades, pero sus ingresos han disminuido, ya que indica que no tiene trabajo permanente sino eventual. Aduce que la Sala responsable no tomó en consideración el principio pro persona establecido en el marco constitucional de protección de sus derechos humanos. El quejoso refiere que la Sala responsable no efectuó el estudio minucioso de las pruebas ofrecidas, por lo cual se vulneran las garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucional; lo anterior, dado que se pasó por alto que en el punto segundo de las declaraciones del convenio de alimentos el quejoso estipuló que tenía un consultorio de odontología, también se desempeñaba como odontólogo en el consultorio dental denominado Odontología Integral y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por lo que lo único que tenía que probar en el incidente es que actualmente no cuenta con solvencia económica que tenía al momento de signar el convenio. Insiste que la argumentación de la sala respecto de los informes tanto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Servicio de Administración Tributaria, es errónea, pues con dichas constancias si se advierte que su situación económica no es la misma que al momento de firmar el convenio. Además, señala que si para la Juez natural y para la Sala responsable no fueron suficientes los informes en comento, dichos órganos judiciales están facultados a recabar oficiosamente las pruebas que le permitan conocer las posibilidades del suscrito, por lo que si cumplió con la carga de la prueba acorde a lo previsto en el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado. Insiste, con base en lo anterior que no se le respeto el principio de igualdad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que demostró que actualmente no cuenta con la solvencia económica que tenía el nueve de noviembre de dos mil diez, por lo que se debió aplicar el principio de proporcionalidad para fijar una nueva pensión, con arreglo a lo previsto en el artículo 307 del Código Civil vigente para el estado. Afirma que el razonamiento de la Sala responsable es erróneo, pues la Juez natural resolvió la interlocutoria materia de la apelación con razonamiento lleno de estereotipos y discriminación de género, dado que se limita a citar una supuesta regla general que implica que el padre es el único que proporciona manutención, además señala que la señora Ivette Cristina Alafita Estrada -aquí tercero insertada- no es la que cuida a su menor hija de identidad reservada con iniciales L.G.V.A. Al respecto, este juzgador estima que los argumentos sintetizados devienen infundados e inoperantes, sin que en el caso concreto opere en favor del impetrante suplencia de la queja en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, este juzgador de amparo estima que la se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] " Además, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Ahora, respecto de la institución de cosa juzgada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada, consideró que tal figura establece un estándar que se le atribuye a la sentencia definitiva, sustentado en la necesidad de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio del poder judicial. Continuo el Pleno de la corte suprema, al sostener que tal afirmación se basa a partir de que los justipreciados tuvieron oportunidad de ser escuchados en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento previamente establecidas, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho. Entonces, la institución de la cosa juzgada se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas salvo por circunstancias excepcionales, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. Así, la cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa; sin embargo, existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren tal calificativo, ya que pueden ser modificados cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitió la decisión -como ocurre en la especie-. De tal suerte que, al tratarse de resoluciones dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, entre otras pueden alterarse cuando se modifiquen las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En esa tesitura, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tabasco regulan tal excepción para el tema de alimentos en su numeral 316 en relación con el arábigo 340 respectivamente, el cual para mejor proveer se reproduce a continuación: Código Civil para el Estado de Tabasco ARTÍCULO 316.- Cuándo puede disminuirse la cantidad Procede la disminución de la pensión alimenticia a alguna de las partes, cuando varíen las circunstancias que dieron origen a la fijación. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco ARTÍCULO 340.- Resoluciones que podrán modificarse Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa y las demás que prevengan las leyes, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias. De lo anterior, se advierte que efectivamente es posible cambiar la pensión fijada, siempre y cuando quede demostrado que las circunstancias que justificaron su establecimiento han variado. Ahora, visto todo lo anterior tenemos que en el caso en estudio, el quejoso se duele de la resolución adoptada por la Sala responsable al resolver en toca civil 387/2020-I, a través del cual estimo que su reclamo de reducción de pensión alimenticia es infundado, toda vez que no acreditó de manera indubitable que las condiciones que primaron durante su fijación hubiesen variado. Se comparte lo anterior, dado que opuesto a lo señalado por el impetrante de amparo, la Sala responsable ponderó y valoró la totalidad de los medios de prueba que las partes allegaron para acreditar su dicho. Así, del análisis de las constancias que obran en autos del toca del que deriva la sentencia reclamada, consistentes en los informes rendidos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que el quejoso en primer término no es actual trabajador ni prestador de servicios de la citada institución educativa, así como en segundo aspecto, causó baja al régimen obligatorio de seguridad social. De lo cual no se advierte que el apelante -aquí quejoso-, efectivamente se encuentre en el estado de insolvencia que aduce y por tanto, que esta imposibilitado para cumplir con la obligación alimentaria contraída. Además, inverso a lo sostenido por el quejoso, era éste y no el órgano colegiado responsable o incluso la Juez natural quien debía corroborar con medios de prueba idóneos, tanto la situación económica con la que contaba cuando se estableció la pensión, así como las condiciones actuales con base en la que solicita la reducción de la obligación alimentaria. Esto es así, ya que el convenio de alimentos por medio del cual se resolvió el juicio original radicado bajo el expediente 1044/2010 del índice del juzgado natural, al haber sido elevado a sentencia ejecutoriada no permite disminución, salvo el caso extraordinario previsto en los citados artículos 317 y 340. Máxime, que como se desprende de constancias, tal convenio al ser presentado de manera voluntaria por las partes ante la potestad judicial, hizo innecesario el análisis de los medios de prueba allegados por las partes para resolver la cuestión, en este caso, la fijación de la pensión. De ahí, que efectivamente tal como sostiene la Sala responsable e inverso a lo afirmado por el peticionario, la carga de la prueba para acreditar el cambio de circunstancias para hacer factible la reducción de la pensión fijada mediante convenio de nueve de noviembre de dos mil diez, correspondía al apelante -aquí quejoso- y no al órgano jurisdiccional del conocimiento. Al respecto guarda aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 6, Cuarta Parte, página 101, materia civil, registro 242476, de rubro: "ALIMENTOS, NECESIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA." Por tanto, si en la especie el impetrante al ejercer la acción reducción de la pensión alimenticia, no acreditó indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas en su carácter de deudor o las necesidades de su menor hija como acreedora de alimentos, al grado que de tal situación se desprenda la necesidad de fijar un nuevo monto, resulta entonces inconcuso que no pueda calificarse como jurídicamente válida la disminución pretendida. Por otro lado, resulta inoperante la afirmación por medio de la cual la parte impetrante señala que la Sala responsable no respetó el principio de igualdad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no tomó en cuenta su capacidad económica actual para fijar una nueva pensión. Lo anterior es así, ya que al invocar la transgresión a ese principio, resulta indispensable que el peticionario de amparo construyera su argumento por medio de un término de comparación, esto es, debe plantear un parámetro a partir del cual este órgano de amparo pueda advertir que en el caso concreto se inobservó la garantía de igualdad, dado que los alcances de esa garantía pueden desarrollarse siempre y cuando se defina a partir de qué criterio o fin los justipreciados deben considerarse iguales o desiguales; entonces, al no cumplir con previsión es que no puede atenderse la causa de pedir y por ende, tal disenso deviene inoperante. Tal requisito -la determinación del término de comparación para determinar la igualdad o desigualdad frente a otro individuos-, fue considerado dentro de la metodología establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 50/2010 y que posteriormente plasmó en el criterio de jurisprudencia 2a./J. 42/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 427, novena época, materia constitucional, registro 164779, de rubro y texto: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia." Así, resulta exactamente aplicable la jurisprudencia 1a./J. 47/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 439, décima época, materia constitucional, registro 2012603, de rubro y texto: "IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. En la medida en que la definición conceptual del principio de igualdad formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, exige como requisito previo al juicio de igualdad que se proporcione un término de comparación, esto es, un parámetro o medida válida a partir de la cual se juzgará si existe o no alguna discriminación y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas que se consideren contrarias al referido principio. Así, si en los conceptos de violación no se proporciona dicho término de comparación, entonces deben calificarse como inoperantes, pues no existen los requisitos mínimos para atender a su causa de pedir." Idéntica calificativa de inoperancia merece el argumento en el cual, el quejoso sostiene que la Juez natural resolvió la interlocutoria materia de la apelación con base en estereotipos y discriminación de género, lo anterior toda vez que tal afirmación no combate los motivos y razones que la Sala responsable estableció para confirmar la sentencia de primer grado, es decir, que tal argumento no ataca las consideraciones principales que dieron sustento a la sentencia reclamada en la presente controversia constitucional. Soporta lo anterior, el criterio de jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, materia común, registro 269435, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 144, novena época, materia común, registro 169004, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, este juzgador considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se comparte el sentido de la resolución del Toca Civil 387/2020-I, por el cual se estimó infundada la apelación del incidentista -aquí quejoso- y se confirmó la sentencia interlocutoria de cambio de pensión alimenticia dictada de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y además, se estima que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por el quejoso y continuación enlistados no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada, a saber: PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Con registro: 2018735. ALIMENTOS. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 27, NUMERAL 2, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Con registro: 2016225. PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Con registro: 2012567. ALIMENTOS. CUANDO EN AUTOS NO CONSTA MEDIO DE CONVICCIÓN QUE ACREDITE EL INGRESO REAL DEL DEUDOR ALIMENTISTA, EL JUZGADOR DEBE RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN FIJARLOS OBJETIVAMENTE ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y CON BASE EN UN SALARIO MÍNIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Con registro: 164179. VIOLACIONES PROCESALES EN JUICIOS SUJETOS A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ANALIZARLAS CUANDO SE PLANTEEN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Con registro: 161417. PENSIÓN ALIMENTICIA. MONTO DE LA. CUANDO NO EXISTE PRUEBA QUE DETERMINE EL INGRESO FIJO DEL DEUDOR ALIMENTISTA. Con registro: 204586. ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Con registro: 170406. PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN DECRETARLA DE MANERA JUSTA Y PROPORCIONAL, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA EVITAR QUE SE SUSCITEN CASOS DE VIOLENCIA O ABUSO ECONÓMICO ENTRE LAS PARTES. Con registro: 2021243. Lo anterior, dado que, como quedó patente a lo largo de esta ejecutoria, la materia de la litis generadora de la sentencia reclamada, es la modificación y consiguiente prueba de que la situación económica del deudor alimentario cambió respecto del momento en el cual se fijó el monto de la pensión en favor de la menor acreedora y por tanto, si las tesis invocadas tratan de los parámetros necesarios para fijarla deviene inconcuso que no encuentren aplicación al caso concreto. Máxime que, todas guardan el carácter de tesis aisladas, motivo por el cual no son de aplicación obligatoria para este órgano de amparo en términos del artículo 217 de la ley de la materia. Finalmente, tampoco abona que el quejoso invoque en su favor el principio constitucional pro persona, toda vez que tal aspecto por si sólo no resulta suficiente para considerar procedente la protección solicitada, además dicha prerrogativa tampoco implica que la cuestión planteada deba ser resuelta necesariamente de manera favorable a sus pretensiones. Es aplicable al respecto la 1a./J. 104/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, décima época, materia constitucional, registro 2004748, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso planteados por la parte solicitante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, dado que del análisis de las constancias que integran el sumario se advierte que la parte quejosa únicamente indicó que tal juzgadora tiene carácter de autoridad ejecutora, por lo que no señaló acto concreto que vulnerasen su esfera jurídica, ni mucho menos aportó medio de prueba idóneo durante la secuela procesal que involucrase conducta lesiva de esa autoridad. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erik Vázquez Peralta, en contra del acto que reclamó a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y a la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, mediante el cual refiere que se adhiere al informe y constancias rendidas por la Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ahora, de autos se advierte que en proveído de catorce de mayo actual, se tuvo a la autoridad mencionada en segundo término, rindiendo su respectivo informe justificado; por lo anterior, dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistente en el original del toca civil 387/2020-I, expediente 1044/2010, cuadernillo formado con motivo del incidente de cambio de pensión alimenticia y cuadernillo formado con motivo del incidente de reducción de pensión alimenticia, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constante de cuatro tomos, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

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