Erik Thomassiny Villaurrutia
Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Erik Thomassiny Villaurrutia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, y, visto su contenido, se tiene al representante social de la adscripción proporcionando el usuario ***, a efecto de que pueda tener acceso al expediente electrónico. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario***
- Principal
I. Habilita expediente electrónico. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que precede, téngase a la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, atento a lo solicitado en auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, remite los autos del expediente ..., de su índice. Ahora vez toda vez que de estado procesal se autos, se advierte que, en el conflicto competencial administrativo ...., el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, determinó que correspondía a este juzgado federal conocer de la demanda que dio origen al presente asunto, en consecuencia se provee: II. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. III. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con tres minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 2. Autoridad (es) responsable (s). a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que de no hacerlo se presumirán como ciertos el(los) acto(s) reclamado(s) y se le(s) impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión el(los) oficio(s) correspondiente(s) a la(s) autoridad(es) que constituye(n) órgano(s) jurisdiccional(es) del Poder Judicial de la Federación, o bien, a la(s) autoridad(es) con la(s) que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenio(s) respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rinda(n) se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de la(s) autoridad(es) responsable(s), se les instruye para que remitan el(los) oficio(s) derivado(s) de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a la(s) autoridad(es) responsable(s) que si se niega(n) a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le(s) impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso que tenga(n) conocimiento o con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le(s) sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador del(los) acto(s) reclamado(s) o que sirvieron de apoyo para emitirlo(s), así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. 3. Tercero(s) interesado(s). a. Quién. Se reserva proveer respecto si a persona alguna le corresponde tal carácter, hasta en tanto obre(n) en autos el(los) informe(s) justificado(s). 4. Representación Social. Al tratarse de amparo contra leyes, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, emplácese al Ministerio Público de la Federación por medio de oficio, al que se adjunte copia del escrito de demanda y, en su caso, aclaratorio. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibe fotocopia de las documentales con que ha dado cuenta la secretaría, instrúyasele para que se agregue testimonio de las mismas a los cuadernos del incidente de suspensión. VI. Incidente de suspensión. Con copias de la demanda de amparo, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. VI. Pruebas. Téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales, instrumental y de presunciones a que el escrito de demanda se refiere, sin perjuicio de proveerse sobre ellas al celebrarse la audiencia constitucional.
- Incidental
I. Trámite del incidente.********************Vistas las fotocopias de la demanda y, atento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado por ********************, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otra(s) autoridad(es). II. Informe(s) previo(s).********************Así las cosas, pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe previo, que deberá(n) rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole(s) al efecto fotocopia sin certificar de la demanda de control constitucional; por lo que, en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá(n) por cierto(s) los actos reclamados y se le(s) impondrá(n) multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ello, en el entendido que el(los) informe(s) requerido(s) a las autoridades foráneas deberán ser remitidos por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx o vía telegráfica, pues constituye hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el servicio postal ordinario que presta Correos de México se encuentra gravemente afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2-19. Lo anterior, en el entendido que, en caso de ser ciertos los actos reclamados, en términos de los artículos 140, 166, fracción II, y 168 de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de fijar la garantía correspondiente, el informe previo deberá indicar la naturaleza, modalidades y características personales y situación económica del inconforme (en la medida que la autoridad correspondiente cuente con esa información), así como la posibilidad que se sustraiga de la acción de la justicia; de igual forma, deberá precisar el delito o delitos imputados al quejoso, su fundamento legal que contemple también las posibles calificativas y la penalidad aplicable, y el monto del beneficio económico supuestamente obtenido por la comisión del ilícito (en su caso), o bien, el monto de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, en el evento que existan.********************De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. III. Audiencia Incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan las nueve horas con cuatro minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental. IV. Precisión de los actos reclamados. Conforme a los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados que, en términos del análisis íntegro de la demanda de amparo, son los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación, expedición y publicación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua (Decreto impugnado) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de mayo de dos mil veintitrés, y, en particular, los artículos 13, 13 Bis, 14 Bis, 15, 15 Bis, 19 Bis, Quinto transitorio y Décimo transitorio. La ejecución del referido Decreto. V. Requisitos para la concesión de la suspensión.******************** Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión del(los) acto(s) reclamado(s), los cuales a saber son:********************a) Que lo solicite el quejoso;********************b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) Que la ejecución del acto autoritario cause perjuicio de difícil reparación (peligro en la demora). No está por demás precisar que previo al análisis del posible perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público que conllevaría la concesión de la medida precautoria solicitada, se requiere como presupuesto lógico (1) que existan los actos reclamados, los que se presumirán como ciertos al proveerse sobre la suspensión provisional, en base a la protesta de decir verdad expuesta por la parte quejosa. Luego, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta (2) la naturaleza de los actos reclamados, de lo que se deriva la obligación de verificar si son susceptibles de suspenderse, para lo que deberán tomarse en consideración la clasificación que de los mismos ha hecho la jurisprudencia (consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera). Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época********************Registro: 2007358********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación********************Materia(s): (Común)********************Tesis: XXVII.3o. J/2 (10a.)******************** SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal."******************** Una vez que se determine la existencia de los actos reclamados en los términos apuntados, así como que estos sean susceptibles de ser suspendidos, debe determinarse si la parte quejosa (3) tiene derecho a obtener la medida precautoria solicitada, esto es, si cuenta con interés para ello y que, en caso de ser legítimo, deberá el inconforme acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue, y la importancia social que justifique su otorgamiento. Se cita en apoyo de lo anterior los siguientes precedentes:******************** "Época: Décima Época********************Registro: 2005049********************Instancia: Primera Sala********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia********************Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I********************Materia(s): Común********************Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.)********************Página: 430******************** SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." "Época: Décima Época********************Registro: 2011840********************Instancia: Segunda Sala********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación********************Libro 31, Junio de 2016, Tomo II********************Materia(s): Común********************Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.)********************Página: 956******************** INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." V. Negativa de la concesión. En ese orden, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados, por cuanto a hace a los efectos solicitados por la parte quejosa precisados en la demanda que se atiende, en atención a que con su concesión se sigue en perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, esto en atención a las consideraciones que en el presente capitulo se expondrán. En primer término, cabe aclarar que el concepto de disposiciones de orden público se refiere a aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; mientras que por interés social se entiende el hecho, acto o situación que reporta a la sociedad una ventaja, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2007-SS, estableció que los conceptos de orden público e interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tendía al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traducía en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por lo anterior, se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiriera un daño que de otra manera no resentiría; un perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes******************** Registro digital: 199549 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.3o.A. J/16 ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 383 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." En otras palabras, la sociedad está interesada en que se vigile y verifique las regulaciones en materia de minería. Lo anterior, pues el Decreto reclamado establece la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, lo cual es de utilidad pública y tiene por objeto contribuir a la distribución equitativa de la riqueza pública, garantizar la protección del medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y mejorar las condiciones de vida de la población, de manera que no resulta procedente anteponer el interés particular de la empresa quejosa al de la sociedad, ya que la explotación y beneficio de las sustancias minerales a que la Ley Minera se refiere, son de utilidad pública y dicho aspecto no es controvertido por la parte quejosa. Máxime que el precepto 129, fracción XIII, de la Ley de Amparo, prevé que se considerará, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: "Se pida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".******************** Puntualizado lo anterior, es de destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio en el sentido de que las leyes relativas a la minería son de interés nacional, al regular una de las principales fuentes de riqueza pública y por ende no procede la suspensión, al ser patente el perjuicio social del Estado. Al respecto, cobra aplicación la siguiente tesis aislada: "Registro digital: 320574 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCV, página 72 Tipo: Aislada MINERIA, SUSPENSION EN CASO DE LEYES DE. Las leyes relativas a la minería, al igual que las leyes relativas al petróleo, son de interés nacional, toda vez que regulan una de las principales fuentes de riqueza pública, y si cuando se ha tratado de la aplicación de las leyes relativas al petróleo se ha, resuelto que no procede la suspensión por las razones expuestas, y además, porque el perjuicio social del Estado es patente si se concediera es indudable que debe aplicarse el mismo criterio cuando se trata de leyes relativas a la minería, por ser también fuente de riqueza importante". "Registro digital: 333243 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LI, página 711 Tipo: Aislada MINAS, EXPLOTACION DE. Como es de interés público la explotación y beneficio de las sustancias minerales, a que se refiere la ley minera y, por consiguiente, la resolución oportuna de las solicitudes que se presenten, no puede consentirse contra ese interés, la demora indefinida de la decisión de la Secretaría de la Economía Nacional, sobre las solicitudes de explotación y de la declaración de libertad de lotes".******************** Consecuentemente, no se actualiza la hipótesis del invocado artículo 128, fracción II y, por ende, resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada, al afectarse el orden público y el interés social según se precisó. Por todo ello, no es válido ordenar suspender el acuerdo reclamado en esta instancia constitucional, subsistiendo dicha negativa hasta en tanto se resuelva sobre la medida cautelar pedida en forma definitiva.******************** IX. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente cuaderno incidental, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes previos; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. X. Autorizados y domicilio ad litem. a. Por otro lado, conforme a la certificación de la secretaría, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a ********************, y en los restringidos de dicho numeral a ********************, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el libelo de cuenta, esto es, las listas que se publican en los estrados de este Juzgado de Distrito.********************b. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicitan los quejosos, téngase a ******************** como su representante común.********************c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ********************. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta y atento a su contenido, téngase a la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en atención a lo solicitado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se solicitó al juzgado oficiante que de no tener inconveniente legal o material remita el juicio de amparo ..., formado con motivo del diverso ******************** de su índice, informando que a partir del nueve de noviembre actual, se hizo disponible el referido expediente ******************** de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a fin de que esta potestad jurisdiccional pueda consultar el mismo de manera electrónica y así contar con mayores elementos para resolver lo conducente. Sin embargo, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que mediante auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, se ordenó remitir a la oficiante, los autos originales del juicio de amparo ..., de nuestro índice, en el que obran actuaciones originales, por lo que a fin de integrar debidamente el expediente físico y en su oportunidad, darle el destino correspondiente, se solicita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal o material remita el juicio de amparo ********************de nuestro índice, formado con motivo del diverso ******************** de su índice. Por lo anterior, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obren los autos originales del juicio de amparo en que se actúa
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,948 expedientes
- Ericka Athenea Chavarria Rodríguez191/2021
- Ericka Palomares Ávila827/2019
- Erik Antonio Espinoza Hernández1069/2018
- Erik Arturo Hernandez Tello1140/2021
- Erik Humberto Andrade Velazquez458/2018
- Erik Jonathan Vigueras Daniel166/2016
- Erika Adriana Alonso Hernández426/2020
- Erika Álvarez Zúñiga1523/2021
- Erika Álvarez Zuñiga771/2022
- Erika Álvarez Zúñiga1050/2021
- Erika Álvarez Zuñiga720/2023
- Erika Álvarez Zúñiga1242/2019