Erik Ronaldo Rodriguez Cisneros
Expediente 744/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erik Ronaldo Rodriguez Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de julio último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, pues como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, el quejoso -, fue omiso en cumplir con lo ordenado en autos de veinticinco de julio y uno de agosto del presente año, esto es, en proporcionar un domicilio en esta ciudad, para notificarle el proveído de doce de julio último, en que se desechó su demanda de garantías, mismo del que ya fue enterado en su totalidad, vía telefónica por el actuario judicial adscrito; en tal virtud, a fin de que sea legalmente notificado y no dejarlo en estado de indefensión, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que se comisiona a la fedataria judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación del proveído de doce de julio último, y las subsecuentes, a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
...CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA... DEL AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Morelia, Michoacán, a doce de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por-, por su propio derecho, contra actos del Director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, Profesor -, en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-744/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La negativa de obtener el pase de ingreso a la aplicación del examen Ceneval, a las ocho horas del diez de julio en curso, en las instalaciones del Recinto Ferial, de acuerdo a la convocatoria de concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura de educación primaria, plan de estudios dos mil veintidós. Actos, respecto de los cuales, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo cuerpo de leyes, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De tal forma, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra disponen lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicha, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquéllas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que los Organismos del Estado, a la vez que son personas de derecho público, en donde asumen las funciones de autoridad, también son personas morales oficiales de derecho privado, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquéllos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad de los Órganos del Estado, es dable concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un Órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. Ahora, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 39, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, el dispositivo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa: "ARTÍCULO 3. . VII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y.". De un análisis a lo dispuesto por el precepto constitucional invocado en el párrafo que antecede, se obtiene que la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, Profesor , es una institución pública, autónoma en su régimen interno para autogobernarse, administrar su patrimonio, definir los procedimientos de admisión, promoción y permanencia del personal académico y sus alumnos, que está dotada de plena capacidad para celebrar todo tipo de actos jurídicos, y que para tener la calidad de alumno es requisito indispensable haber sido seleccionado en las pruebas de admisión a que fuere sometido, para que pueda disfrutar de los derechos que ello conlleva, así como las obligaciones que le corresponden como alumno de esa institución educativa. Ahora bien, el quejoso Erik Ronaldo Rodríguez Cisneros, reclama de las autoridades responsables, la negativa de obtener el pase de ingreso a la aplicación del examen Ceneval, a las ocho horas del diez de julio en curso, en las instalaciones del Recinto Ferial, de acuerdo a la convocatoria de concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura de educación primaria, plan de estudios dos mil veintidós. Sin embargo, el mecanismo conforme al cual se lleva a cabo el proceso de inscripción para ser alumno de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, Profesor -, constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de que goza dicha institución. De manera que no pueden tenerse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, a las que señala la parte quejosa en su libelo constitucional, pues si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades educativas pueden ser consideradas como responsables para efectos del amparo, lo cierto es que si se atiende a la naturaleza jurídica de los actos que se reclaman a través de este conflicto constitucional, que consisten en que no se le tomó en cuenta para el proceso de ingreso como alumno de la citada institución educativa, por no haber cumplido con los requisitos y lineamientos establecidos, no emana de un Órgano con los tintes de autoridad, de ahí que no exista entre la citada institución educativa y el aspirante, actos de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del aquí quejoso, ya que no se ha incorporado a su esfera jurídica de derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios, lo que hace patente la materialización de la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, relacionado con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que lo debido, es desechar de plano la demanda que se provee conforme a lo establecido en el ordinal 113 de la propia codificación. Cimienta al particular, por identidad de razones, la Jurisprudencia 2a./J. 180/2005 publicada en la página 1261, del Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios". Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se tiene a la parte promovente por señalado como domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizada únicamente para tal efecto, a-, toda vez que no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Finalmente, se le tiene proporcionando el número de teléfono y correo electrónico que ahí precisa, para establecer contacto en caso de que este Órgano Jurisdiccional lo considere necesario. Notifíquese personalmente..."; LO ANTERIOR, POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual, el actuario judicial adscrito, hace constar, que en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticinco de julio último, contactó vía telefónica al quejoso -, haciéndole saber en su totalidad, el contenido de dicho proveído, a lo que le manifestó, que por el momento no tiene un domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, y que acudirá a este Órgano Jurisdiccional para tal efecto; de tal forma, le expresó al mencionado quejoso, que para ello, cuenta con el término de tres días, computado legalmente; en tal virtud, una vez transcurrido dicho plazo, provéase conforme a derecho corresponda dentro del presente asunto. Notifíquese.
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