Erik Porras Lira
Expediente 1274/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Erik Porras Lira
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que aceptó la competencia que le fue planteada a través de la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo indirecto 1274/2016, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero fracción I, del citado Acuerdo General, el presente cuaderno es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la demanda de amparo, en contra del acto emitido por el Juez Primero Penal de Puebla, residente en esa ciudad y otras autoridades. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y fórmese el juicio de amparo con el número 1274/2016-IV... Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de garantías, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará En efecto, del estudio íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "De las ORDENADORAS, la orden de aprehensión dictada en mi contra. De la EJECUTORA, el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda de garantías en la parte que interesa, lo siguiente: "1.-. 3.- Amigos de Puebla, Puebla me manifestaron que se presentaron cuatro personas en un domicilio donde vivía en aquel lugar antes de venirme a radicar a esta ciudad, los cuales le manifestaron que traían una orden de aprehensión para cumplimentar." Por otra parte, se observa que el quejoso señaló como autoridad ejecutora a la Jefatura General de la Policía de Investigación, residente en la ciudad de Puebla, Puebla, entre otras autoridades, ya que de manera literal refirió: que pretende dar cumplimiento a la orden de aprehensión decretada por los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Juzgado Penal de Puebla, Juez de Control de Cholula, residente en Cholula Puebla y el Juez de Control de Puebla, Puebla. Ello es así, debido a que el quejoso precisó que existe una orden de aprehensión en su contra emitido por los Jueces en Materia Penal de la ciudad de Puebla, y que la autoridad responsable que la va ejecutar es la Jefatura General de la Policía de Investigación, residente en la ciudad de Puebla, Puebla; aunado a que refirió bajo protesta de decir verdad que amigos residentes en esa ciudad, le manifestaron que se presentaron cuatro personas en el domicilio donde él vivía para ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra por las autoridades responsables ordenadoras, de ahí que se arriba a la firme convicción que el acto reclamado se está trata de ejecutar en dicha ciudad. Por tanto, si los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo en Materia Penal de la ciudad de Puebla, Juez de Control de Cholula, residente en Cholula Puebla y el Juez de Control de Puebla, Puebla, emitieron una orden de aprehensión y dicha ejecución, según lo manifestado por el aquí quejoso se está tratando de ejecutar en la ciudad de Puebla, aunado a que designó como autoridad responsable ejecutora, a la Jefatura General de la Policía de Investigación, residente en aquella ciudad, además que en autos no existe indicio alguno con el que se pudiera considerar que la ejecución pudiera tener lugar en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, pues el quejoso no manifestó dicha circunstancia. Lo anterior, no obstante que haya referido que tiene su domicilio en esta ciudad, pues ello no es suficiente para determinar que la señalada ejecución pudiera tener lugar en este sitio; por tanto, se determina que este Juzgado federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la Tesis 1a./J. 52/2013 (10a.), Registro: 2004166, visible a página 383, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, el que suscribe declina la competencia del presente asunto a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de ese mismo nombre, por lo que, previo cuaderno de memoria que se deje del mismo remítase el presente expediente, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente y estese en espera de lo que resuelva. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Francisco Saavedra Flores y Edwin Nava Jiménez, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en virtud de que no se encontró en el sistema mencionado. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
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