Erik Orlanzzini Merlo

Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
99/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Erik Orlanzzini Merlo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que este Juzgado sobreseyó el juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrida dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo en cita, el presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 99/2018, promovido por **********, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ********, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua y otra, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 99/2018. Ahora bien, en lo que concierne al Titular de la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua con sede en la Ciudad de México, se advierte de forma notoria e indudable que carece de la calidad de autoridad responsable para efectos del presente amparo. En efecto, de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad local, la omisión de notificar el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio *********, dentro de la solicitud con número de expediente *********; por otra parte, de la foránea, reclama la omisión de inscribir dicho documento; empero, no es posible atribuir a ésta, alguna negativa o retardo en la conclusión del trámite de la resolución de referencia, pues en todo caso su participación dependerá de la emisión del respectivo título de concesión. De esa manera, al existir imposibilidad jurídica y material para atribuirle esa omisión, es indudable que carece del carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 107 del mismo ordenamiento, se desecha parcialmente la demanda en lo que a dicha autoridad concierne; sin perjuicio de que en el trámite del amparo se advierta su intervención, se le pueda llamar al juicio constitucional, o que ante una eventual concesión del amparo se les vincule a su cumplimiento. Por otra parte, respecto al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite. Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Pídase a la responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, al que deberá adjuntar copia certificada de las constancias que tomó en cuenta para permanecer en la omisión que se le reclama, en la inteligencia de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, en términos de los artículos 117 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, exhibida y se admite la prueba documental que anexa a su escrito de demanda así como la presuncional legal, humana y la instrumental de actuaciones. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, en esta ciudad; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********* y *********, toda vez que acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al proporcionar los datos correspondientes que permiten verificar que cuenta con cédula profesional inscrita en el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se le tiene señalando como autorizado en términos restringidos del citado artículo, a ********* e *********. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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