Erik Manuel Noriega Alvarado

Expediente 1015/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1015/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Erik Manuel Noriega Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre del presente año, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Agréguese a los autos, para que obre como corresponda la comparecencia de la parte quejosa, por medio de la cual ratifica su escrito aclaratorio; atento a lo anterior, téngase por cumplida la prevención formulada por este juzgado federal. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgado y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la improcedencia de la demanda de amparo conveniente precisar que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: "1.- Proveído de fecha 23 de abril del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, mediante el cual se ordena requerir, embargar y emplazar al suscrito. 2.- Diligencia fecha 28 de abril del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en Procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, en el que se tiene practicado el emplazamiento. 3.- Auto fecha 20 de mayo del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, en el que se tiene declarado la rebeldía procesal. 4.- Diligencia fecha 14 de junio del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, en el que se tiene practicado el señalamiento de bienes. 5.-Auto fecha 21 de Junio del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, en el que se tiene por desistiéndose de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. 6.- Sentencia definitiva de fecha 05 de Julio del 2021, dictado en el expediente 794/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Licenciado Sergio Alejandro García García, endosatario en procuración de la C. Samantha Andrea Amaranta García Villarreal, en contra del suscrito, en la que en el resolutivo tercero se condena al suscrito a pagar a la parte actora la cantidad de 525,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/10 moneda nacional), así como en el resolutivo cuarto se condena a pagar al suscrito a la parte actora, los intereses moratorios a razón, del (2.83%), computados a partir del día en que la parte demandada incurrió en mora y hasta la total solución del presente juicio". Ahora bien, en primer término debe señalarse que respecto del acto señalado por el quejoso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [. . .]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debió promoverse dentro del plazo de quince días, respecto de dicho acto, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa reclama el emplazamiento de veintiocho de abril del año en curso, practicado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 794/2021; sin embargo en su escrito aclaratorio refiere que el veintiocho de abril del actual, tuvo conocimiento de los actos reclamados. Dicha afirmación del promovente del amparo, en cuanto a la fecha en que manifestó haber conocido del acto reclamado, constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Tiene aplicación al presente asunto, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en la página 57, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200094, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Cabe señalar que dicho criterio es aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en se ostenta sabedor del acto reclamado, esto es, dicho plazo inició el día veintinueve de abril y concluyó el diecinueve de mayo de este año, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que en el mencionado plazo se descontaron los sábados y domingos que mediaron, así como el día cinco de mayo por haber sido decretado inhábil por el Consejo de la Judicatura Federal. En el caso, de la boleta de turno se desprende que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el trece de agosto del año que transcurre. En consecuencia, es incuestionable que el juicio de amparo contra los actos que reclamó, fue instaurado extemporáneamente, pues la parte quejosa tenía hasta el diecinueve de mayo del año que transcurre, para presentar su demanda de amparo, y no obstante, la presentó el trece de agosto del actual, por lo que sin duda, transcurrió con exceso el término de quince días con que se contaba para la presentación de la demanda relativa, a partir de que la parte quejosa fue notificado del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Sustenta lo anterior, por ilustrativa, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Página 5, registro 163172, aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por consiguiente, y al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, tal como lo exige el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en consecuencia lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Erick Manuel Noriega Alvarado. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, considerando las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema "juicio en línea". Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Asimismo, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese únicamente para efectos de control el oficio remitido por la autoridad responsable Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México; lo anterior, toda vez que el diez de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio en el mismo sentido, y se acordó lo conducente. Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, esté en posibilidad de ampliar su demanda de amparo. Diferimiento. Ahora bien, toda vez que dicho término le está transcurriendo, por tanto, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, los oficios signados por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. Acuerdo. Atento a su manifestación, dígase que se deja sin efectos el apercibimiento que se le realizó en proveído de veinticuatro de agosto de este año, ya que remite las piezas postales solicitadas relativas a los oficios 12541/2021 y 15242/2021. Ejecutoria. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas, con residencia en Lerdo, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Secretario de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable; lo anterior, para que le ordene cumplir con la sentencia, apercibido en los propios lineamientos decretados para sus subalternos. Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Durango, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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