Erik Manuel Gómez Osorio
Expediente 838/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Erik Manuel Gómez Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, a partir de cinco años, ello por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha resolución y, por tanto, se declara que ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva, y quedan expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada INFONAVIT, por conducto de quien legalmente le represente, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el uno de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y Actuaria adscrita, mediante los cuales rinden informe justificado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos dichos. Asimismo, la juez responsable acompaña a su informe como prueba de su parte copia certificada del: - Juicio Ejecutivo Mercantil 58/2014 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo promovido por Jorge Alejandro Canche Valdez, endosatario en procuración de Ana Lizbeth Granados Pérez, en contra de Erick Manuel Gómez Osorio. Documental que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se le otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". A fin de evitar que el presente expediente resulte de difícil manejo y dado el considerable volumen de los autos que integran el dichas constancias, se ordena aperturar por separado el tomo I de pruebas, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, agregando únicamente la carátula de este Juzgado de Distrito para su identificación. Ahora, del contenido del informe se advierte que es cierto el acto toda vez que el catorce de octubre de dos mil dieciséis se notificó al ahora quejoso el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual se le requiere haga la entrega del bien inmueble embargado en autos del expediente 58/2014 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia, sin embargo, del contenido de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 58/2014, se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil quince la responsable determinó lo siguiente: ".con fundamento en lo dispuesto por los artículos quinientos noventa y cuatro y quinientos noventa y cinco del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, proceda la Ciudadana Actuaria adscrita a este Juzgado, a requerir a la parte demandada, ciudadano ERIK MANUEL GOMEZ OSORIO en su domicilio señalado en autos, para que en el término de QUINCE DÍAS otorgue la escritura de venta a favor de la ciudadana Ana Lizbeth Granados Pérez, respecto del predio ubicado en la calle Margarita Maza de Juárez, sin número, lote veinte, manzana cuatrocientos tres del Fraccionamiento Proterritorio, de esta Ciudad, apercibiendo al demandado, que para el caso de no otorgar la escritura de venta dentro del término concedido para tal efecto, la Ciudadana Juez lo hará en su rebeldía"., Proveído que fue notificado de manera personal al ahora quejoso por conducto de su autorizado, David Alvares Cervera el diecisiete de noviembre de dos mil quince. Empero, no pasa inadvertido que la parte quejosa le atribuye a las autoridades responsables el acto reclamado que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. La orden de la autoridad responsable le diera al suscrito, para que realice la (sic) entrega del bien que me fuere embargado en el juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el número 58/2014, del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y que me fuera notificada el día catorce de Octubre del dos mil dieciséis consecuencia de haberse llevado un procedimiento de remate. Así mismo, el procedimiento de remate llevado en el mismo juicio ejecutivo mercantil radicado bajo número 58/2014, del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual no se respetaron mis derechos Humanos y Garantías reconocidas en nuestra constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en los que México es parte y que diera como consecuencia de la escritura de adjudicación como la entrega de los bienes rematados." Esto es, lo que reclama es la orden de entrega del bien inmueble que le fue embargado en el juicio ejecutivo mercantil 58/2014. En ese tenor, cabe precisar que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Además tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, hipótesis en la cual también podrán hacerse valer las violaciones consumadas en dicha etapa de ejecución. De ahí que -en el último supuesto de la norma- el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se haya emitido alguna de esas órdenes [se ordene la escrituración o se ordene la entrega del bien rematado]. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011474, de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, es aquella en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino como una conjunción disyuntiva equivalente en el sentido de que de forma indistinta ambas ordenes, escrituración y/o entrega de bien son consecuencias connaturales de la adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación que en el presente juicio de amparo se combate, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. Ahora, como ya se anticipó, la última resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil 58/2014 la constituye la orden que se le dio al quejoso para que realizara la escrituración a favor de su contraparte en dicho juicio, de fecha trece de noviembre de dos mil quince, misma que le fue notificada de forma personal por conducto de su autorizado David Alvares Cervera el diecisiete de noviembre de dos mil quince. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado precisado en párrafos que anteceden se ubica dentro de la regla general antes enunciada, toda vez que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil se desprende que el último acuerdo no viene siendo el auto por el cual se ordenó la entrega del bien inmueble embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil 58/2014, sino que fue el acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince mediante el cual se le ordenó al aquí quejoso la entrega de la escritura de venta a favor de su contraparte, del cual fue notificado por conducto de su autorizado el diecisiete de noviembre de dos mil quince, por lo que el promovente tuvo conocimiento de dicho acto desde esa data. De ese modo, si en el caso particular existe conocimiento del acto reclamado, como ha venido quedando precisado en el cuerpo de este auto, desde el diecisiete de noviembre de dos mil quince, -como se advierte de las constancias remitidas por la responsable-, es inconcuso que a partir de esa data tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; de ahí que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, conocimiento aquél que surtió sus efectos al día siguiente, lo que incluso es acorde con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil quince, sin contar los sábados y domingos, conforme se ilustra a continuación: NOVIEMBRE DE 2015 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DICIEMBRE DE 2015 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de paráfrasis: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el ocho de noviembre de dos mil diecieis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta residencia, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". Bajo esas circunstancias, es evidente que lo que refleja de manera fehaciente, es un consentimiento tácito del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas del nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
R E S U E L V E : ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra los actos atribuidos a la autoridad en el considerando cuarto de este fallo, para el efecto precisado en el último considerado. [La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía dentro del plazo de cinco días ante este juzgado, en cualquiera de las formas previstas por la Ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante la parte quejosa, de conformidad con los artículos 132 y 190, segundo párrafo de la Ley de Amparo, fijándose la cantidad de $1,751.19 pesos (mil setecientos cincuenta y un pesos 19/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que con tal medida se puedan ocasionar a terceros en caso de que el juicio fuera resuelto desfavorablemente a los intereses de la parte quejosa.]
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