Erik Manuel Conde Muñoz

Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
884/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Erik Manuel Conde Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec******************** Morelos******************** por medio del cual remite copias certificadas de las constancias que acreditan la entrega del título de crédito 2432 a la parte quejosa. Atento a lo anterior******************** requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días******************** contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído******************** manifieste a este Jugado Federal si ya fue cobrado el cheque número 2432******************** expedido a su favor; apercibida que en caso de no hacerlo******************** en el término concedido******************** se le impondrá una multa de trescientas unidades de medida y actualización******************** en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización******************** publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis******************** en relación con los artículos 192******************** 193 y 258 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION." Cúmplase.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, en la que la fedataria adscrita hace constar la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de once de julio del año en curso, por los motivos que expone. En consecuencia, efectúese a la parte quejosa la notificación del proveído de once de julio de dos mil veintiuno, por medio de lista, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto se señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEIDO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Erik Manuel Conde Muñoz, contra actos del Fiscal de Delitos Diversos adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Registro de demanda y creación de expedientes. Regístrese en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, con el número consecutivo correspondiente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, créense los expedientes impreso y electrónico. Asimismo, de acuerdo con el punto II.2 del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Judicial A que proceda a capturar en el expediente electrónico la partes que correspondan al juicio de amparo en que se actúa, ello con la debida eficiencia y calidad en el desempeño de su encargo, conforme lo establece el punto II.4 "Responsabilidades" del manual en mención. Desechamiento de demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que, en esencia, la parte quejosa desea impugnar en la vía constitucional, el siguiente acto:  Omisión de la responsable de investigar, integrar y judicializar la carpeta de investigación número*** Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 20, inciso c), fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud de a las siguientes razones: El precepto 61 de la ley en cita en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que deriven de alguna disposición contenida en la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos tenga apoyo en alguna disposición en la Carta Magna. Ahora, el artículo 20, apartado "C", fracción VII, de la Constitución General de la República, cuyo contenido expresa los derechos de la víctima o del ofendido en los procesos penales, reformada el dieciocho de junio de dos mil ocho, dice: "Artículo 20. [.] C) De los derechos de la víctima o del ofendido, [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Es importante destacar que el actual texto constitucional tiene su antecedente histórico directo en el cuarto párrafo del numeral 21 de la Carta Magna, vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, para lo cual es pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el decreto mediante el que se reformó el mismo, pues contiene la esencia en cuanto al alcance de la prerrogativa contenida en el precepto en vigor, siendo éste del tenor literal siguiente: "Artículo 21. Las resoluciones del Misterio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley." De la anterior transcripción se desprende que la reforma al artículo 21, en la parte que interesa, estableció la posibilidad, antes no existente, de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal a través de la vía jurisdiccional en los términos que estableciera la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el precepto 109, fracción XXI consagra como un derecho de la víctima u ofendido, impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código en cita y en las demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, también se considera importante transcribir el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora, se resalta que el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor en el Estado de Morelos, el nueve de marzo de dos mil quince, de acuerdo al artículo primero transitorio del decreto número dos mil cincuenta y dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esta entidad, el siete de enero de ese año. Precisado lo anterior, se advierten los siguientes aspectos: a) Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la determinación de abstenerse de la investigación de los delitos, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control. b) El juez de control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos decisión del Ministerio Público, así como ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal. La porción normativa referida donde indica que las "decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en por la víctima u ofendido ante el juez de control", se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctimas u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VII, inciso "C", artículo 20 Constitucional, se debe considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: 1. El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa. 2. La obligación de la autoridad (juez de control), respecto la admisión y decisión en definitiva de la queja. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. La doctrina señala que el recurso es la institución jurídica mediante la cual la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia: inconformarse, recurrir, etcétera) debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Así, lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, al tenor de una interpretación sistemática y funcional de los precepto ante mencionado en relación con los diversos artículos 129, 212, 213, 214, 216 del compendio normativo en cita, comprende también los actos u omisiones del Ministerio Público derivadas de su facultad investigadora que tengan como efecto paralizar tal función, pues a través de ello el juez puede efectuar un control de la legalidad en la actuación -positiva o negativa- del Ministerio Público de la función investigadora. Por lo tanto, si el acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional es la omisión de los responsables para investigar, integrar y judicializar la carpeta de investigación número **** sin agotar el medio de impugnación ordinario, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la constitución federal, pues es un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el ministerio público emita dentro de la carpeta de investigación. En relatadas circunstancias, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del ministerio público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; y que por tanto, es obligatorio para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que precederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Pues se estima que de lo contrario, se impondría al quejoso (víctima u ofendido) un mayor gravamen o dilación, pues en términos de la legislación ordinaria, en audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. De lo que se colige que el Ministerio Público tiene la obligación de llevar a cabo una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia garantizando el respeto a los derechos de las partes, y para controlar su legalidad el esquema procesal del sistema acusatorio prevé que la víctima u ofendido pueden impugnar diversas determinaciones y omisiones en esa fase de investigación, ante el juez de control pues la Constitución Federal facultó a éste para conocer de impugnaciones de esa índole. De tal forma que se concluye que, si bien las omisiones y dilaciones que alega el quejoso, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Por lo expuesto, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual se desecha de plano la demanda. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Ahora bien, dado que el domicilio que señala la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a efecto de que por única ocasión notifique de manera personal el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda y le requiera para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días que le serán computados legalmente, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones aún y las de carácter personal, por medio de lista que publique este Juzgado de Distrito. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Conde Dionisio, en virtud de que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notificaciones en horas y días inhábiles. Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional y con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta a los actuarios de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten de la tramitación del expediente en físico, hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo puede continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se puede acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o cuente con firma electrónica vigente (FIEL o FIREL), se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado de Distrito por medio de escrito electrónico, y además, se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente, se informa a las partes que, a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha puesto a disposición del público en general una aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL) que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "firma electrónica" y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien, iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, para lo cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informa que para obtener directamente el nombre de usuario bajo el cual deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la autorización para la práctica de notificaciones vía electrónica, puede realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2. Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3. Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4. Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de estrados o expediente electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. Por lo expuesto, se exhorta a las partes para que en el siguiente escrito, promociones u oficios que vayan a presentar lo realicen preferentemente en forma electrónica, aportando los datos del usuario y mencionando las autorizaciones correspondientes conforme a sus necesidades e intereses, así como números telefónicos, correos electrónicos, a fin de realizar comunicaciones procesales, y se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles. No obstante lo anterior, se precisa a las partes que si es su deseo acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, tendrán que agendar previamente una cita con generación de un código "QR" para consulta de expedientes o comparecencias y/o requerimientos, ciñéndose a los siguientes lineamientos contemplados en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención al público y litigantes en general: 1. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal. 2. Habilitación de equipos de cómputo para el uso de personas justiciables. Como lo establece el Acuerdo General condigno, las personas que acudan a este órgano jurisdiccional previa cita, podrán hacer uso de un equipo de cómputo que se dispondrá para tal efecto en el área común de este Juzgado de Distrito, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, descarga de archivos digitales en sus dispositivos electrónicos, actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal de este órgano. Asimismo, se colocará en dicho lugar un teléfono con la señalización de las extensiones a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal y titular del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Dichos teléfonos y los equipos de cómputo se sanitizarán antes y después de cada cita, con independencia de que hubiesen sido utilizados o no. 3. Citas para personas vulnerables frente al Covid-19. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita. 4. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia. II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. III. Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en las fracciones II y III durarán un máximo de veinticinco minutos. Las generadas conforme a lo previsto en la fracción I tendrán la duración que la o el titular estime necesario para el desahogo de la diligencia o audiencia respectiva; si éste advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento las reglas previstas en el presente Acuerdo. En dicho supuesto, se instruye al Coordinador Técnico Administrativo adscrito a este juzgado de Distrito, para que con la anticipación necesaria lleve a cabo los trámites relativos a la generación de la cita, expedición del Código QR y su entrega correspondiente a la Actuaria para su entrega a la persona cuya presencia se estime necesaria en estas instalaciones. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. 5. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En la puerta de acceso a la sede que alberga el edificio donde está instalado este Juzgado de Distrito, se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a este inmueble deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De las sanciones. Se hace saber a las partes que los artículos 261 y 262 de la ley de la materia tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del juicio de amparo, y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 8°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1°, 34, 35, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.

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