Erik Jovan Mora Lopez

Expediente 1336/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1336/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Erik Jovan Mora Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual solicita se le informe el estado que guarda el juicio de que se trata. Al respecto, infórmese a la autoridad oficiante que el juicio de que se trata se encuentra archivado como asunto concluido, ello en razón de que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve se tuvo al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, informando que acepto la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, radicando el expediente con el número 1078/2019-III de su índice, por lo que cualquier información al respecto, deberá solicitarlo al juzgador referido en el número de expediente indicado, lo anterior para los efectos procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, a través del cual informa que se acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previa copia fotostática que se deje en su lugar, remítase al citado órgano jurisdiccional el telegrama y oficios registrados con los folios 21717, 21726 y 21807 signados por el Titular de la Policía Federal Ministerial, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y Prevención y Readaptación Social y Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, de los cuales se reservó acordar lo relativo mediante acuerdos de ocho y nueve de octubre del año en curso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Decimoprimero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Erik Jovan Mora López, Juan Daniel Carabez Sandoval, Marco Antonio Vargas Sastre, Teoudulo Ulices Rodríguez Sarabia, José Luis Román Veles, Luis Umberto González Favela, Juan Carlos Rivera Barajas, Francisco Bernabé González Johnson, Juan David Méndez Malfabon, Oscar López Cisneros, Ramiro Lozoya Quintanilla, Luis Abram Rivera Villareal, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Nacional de Seguridad, y otras autoridades. Atento a lo anterior, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente, regístrese con el número progresivo que le corresponda en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Solicitud de compensación. Se solicita al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, que realice la compensación correspondiente a esta demanda, toda vez que fue dirigida a este Juzgado Federal, como se advierte del sobre que contiene el ocurso de cuenta. 3).- Suspensión de Plano. Ahora, tomando en consideración que los promoventes refieren que los quieren trasladar a distinto Centro Penitenciario de donde actualmente se encuentran recluidos, con fundamento en lo establecido en el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que no sean trasladados del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, a otro Centro Penitenciario, o bien a otras cárceles estatales o federales distintas en el interior de la República Mexicana, toda vez que el acto reclamado produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión otorgada no tendrá efecto legal alguno, si el traslado fue ordenado por autoridad jurisdiccional competente, y no únicamente por autoridad administrativa. Cabe destacar que esta medida suspensional no impide que las autoridades responsables tomen las medidas y efectúen las diligencias correspondientes que estimen necesarias para mantener el buen orden en el centro penitenciario. Por otro lado, si la orden de traslado fue decretada por autoridad administrativa en atención a los casos de excepción contenidos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que se podrá ordenar el traslado en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario; el efecto de la suspensión será únicamente para que la autoridad administrativa que haya ordenado el traslado, lo comunique al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. En atención a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Órgano Jurisdiccional, sobre el cumplimiento dado a lo antes ordenado; incluso sobre las particularidades referidas en párrafos precedentes; lo anterior, no prejuzga sobre el fondo del asunto, el cual será analizado en dado caso, al momento de resolver en definitiva el presente juicio constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.); de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." 4).- Incompetencia. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que los quejosos Erik Jovan Mora López, Juan Daniel Carabez Sandoval, Marco Antonio Vargas Sastre, Teoudulo Ulices Rodríguez Sarabia, José Luis Román Veles, Luis Umberto González Favela, Juan Carlos Rivera Barajas, Francisco Bernabé González Johnson, Juan David Méndez Malfabon, Oscar López Cisneros, Ramiro Lozoya Quintanilla, Luis Abram Rivera Villareal, reclaman del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit (donde se encuentran recluidos) y otras autoridades, sustancialmente la orden de traslado del lugar de su reclusión a diversos centros Federales del País; de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito considera que le corresponde conocer del presente juicio de amparo a un juez de Distrito, en cuya jurisdicción están recluidos los quejosos. Así, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Se arriba la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de distrito, en tres supuestos: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. b) Cuando se trate de actos reclamados que por su ejecución se inicie en la jurisdicción de algunos de ellos o se concluya en otro. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el mencionado centro de reclusión; es decir, es competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer trámite alguno, remítase la misma al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en turno, por las razones expuestas con antelación. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Una vez notificado este acuerdo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. 5).-Domicilio de parte quejosa. Ahora, tomando en consideración que de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit, carretera libre Tepic-Mazatlan KM 10.69 63502 Tepic, Nayarit, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que notifique de manera personal a los quejosos, en el Centro Federal antes citado, el presente proveído, para todos los efectos legales procedentes. Una vez hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno deberá remitir de inmediato a este Órgano de Control Constitucional las constancias de notificación relativas. Con fundamento en los artículos 107, 108, 109 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se ordena enviar electrónicamente las comunicaciones oficiales de referencia, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); empleando para ello la firma electrónica del secretario con quien se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 del citado Acuerdo General Conjunto, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado que la devolución de lo actuado se realice únicamente por la misma vía electrónica, ello a fin de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

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