Erik José Solís Correa
Expediente 581/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erik José Solís Correa
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Fiscal General del Estado de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en este asunto, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la omisión de designar a un perito tercero para el desahogo de la prueba pericial sobre los documentos ofrecidos en el juico laboral de origen y de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, la falta de notificación al tercero interesado del acuerdo de veintisiete de abril del dos mil dieciocho, en el expediente 234/2009, así como la omisión de girar oficio al Fiscal General del Estado, para que designe un perito tercero para el desahogo de la prueba pericial y de tomar las medidas necesarias para que ello suceda. Ahora, de los informes de cuenta y constancias anexas a dichos informes, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades señaladas como responsables en sus respectivos informes justificados manifestaron el Fiscal General del Estado de Yucatán, que mediante oficio FGE-DGICF-263-2019, de tres de junio del año en curso, el Director General del Instituto de Ciencias Forenses informó al Presiden de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el nombramiento de María Antonia Domínguez Palma perito en materias de Grafoscopía y Documentoscoía, para fungir como perito oficial en autos del juicio reclamatorio laboral 234/2009; y por su parte la Junta responsable, informó que con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, envió el oficio al Fiscal General del Estado, a fin de que en auxilio de esa Junta proporcione o designe un perito en materia grafoscopica y grafometrica para que funja como perito tercero en discordia, y asimismo que el día treinta y uno de mayo de año en curso, se notificó al apoderado de la empresa Aceros y Similares, Sociedad Anónima de Capital Variable, los autos de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, así como que se notificó la nueva fecha de la audiencia en ese juicio; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
CITA ...Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Fiscal General del Estado de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en este asunto, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la omisión de designar a un perito tercero para el desahogo de la prueba pericial sobre los documentos ofrecidos en el juico laboral de origen y de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, la falta de notificación al tercero interesado del acuerdo de veintisiete de abril del dos mil dieciocho, en el expediente 234/2009, así como la omisión de girar oficio al Fiscal General del Estado, para que designe un perito tercero para el desahogo de la prueba pericial y de tomar las medidas necesarias para que ello suceda. Ahora, de los informes de cuenta y constancias anexas a dichos informes, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades señaladas como responsables en sus respectivos informes justificados manifestaron el Fiscal General del Estado de Yucatán, que mediante oficio FGE-DGICF-263-2019, de tres de junio del año en curso, el Director General del Instituto de Ciencias Forenses informó al Presiden de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el nombramiento de María Antonia Domínguez Palma perito en materias de Grafoscopía y Documentoscoía, para fungir como perito oficial en autos del juicio reclamatorio laboral 234/2009; y por su parte la Junta responsable, informó que con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, envió el oficio al Fiscal General del Estado, a fin de que en auxilio de esa Junta proporcione o designe un perito en materia grafoscopica y grafometrica para que funja como perito tercero en discordia, y asimismo que el día treinta y uno de mayo de año en curso, se notificó al apoderado de la empresa Aceros y Similares, Sociedad Anónima de Capital Variable, los autos de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, así como que se notificó la nueva fecha de la audiencia en ese juicio; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO ... Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional, con sede en Chetumal, Quintana Roo, autoridad responsable en este asunto; mediante el cual remite diversas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en estos autos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de cuenta y constancias anexas, así como el telegrama agregado el veinticinco de los corrientes, por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, resuélvase lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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