Erik Hernández Fuentes
Expediente 989/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Erik Hernández Fuentes
Actuaciones
- Principal
pral.989/2019 mesa 4-b. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado comunica requerimiento. Agréguese el oficio 10936/2019, recibido en línea, con firma electrónica del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual, comunica que: 1) Formó el expediente impreso y electrónico con el número 795/2019, de su índice; y, 2) A fin de determinar si acepta, o no, la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, ordenó remitir la demanda de amparo a la autoridad responsable, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, para que a) diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; b) con copia de esa demanda corriera traslado a quienes les resulte el carácter de terceros interesados; y, hecho lo anterior, c) rindiera su informe justificado, anexando las constancias del emplazamiento, los autos originales del expediente agrario respectivo de donde derivan los actos reclamados y demás constancias que estime pertinentes. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese...
- Principal
PRZAL 989/2019 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el doce del mes actual, y recibida en este Juzgado el siguiente día, promovida por ***, por propio derecho, contra un acto del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito número veintiuno, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número *** 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer de este asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. ... De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa estableció como acto reclamado el siguiente (se inserta imágenes fojas 2 y 3): Ahora, el quejoso como antecedentes del acto reclamado señala lo siguiente (se inserta imagen foja 3): De lo anterior se concluye que el acto reclamado lo constituye, en esencia, esa determinación de caducidad y que lo precisado en el capítulo de antecedentes lo señala como violaciones procesales. En ese sentido, debe decirse que, respecto al acto reclamado, se considera que es legalmente incompetente para conocer del mismo, en atención a las siguientes consideraciones: Conviene señalar que del contenido de los artículos 170 y 34 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". Se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170, y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario, se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el que confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si el quejoso reclama la decisión del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, tomada en el juicio agrario ***(en el que señala promovió, como se advierte del capítulo V de su escrito de demanda foja 3), en el sentido de decretar la caducidad de la instancia, es claro que contra esa determinación procede el juicio de amparo en vía directa, en tanto que se trata de un acto que puso fin a tal juicio, contra el cual no procede el recurso de revisión que contempla el numeral 198 de la Ley Agraria, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis ahí previstas, por lo que, sin duda constituye una decisión terminal conforme al dispositivo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. ... Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 237, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, de registro 185436, que a la letra dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA POR INACTIVIDAD PROCESAL, PUES ESA DECISIÓN NO SE IDENTIFICA CON LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL NUMERAL 18 DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA. De la interpretación sistemática de los artículos citados, se desprende que el recurso de revisión, competencia del Tribunal Superior Agrario, es un mecanismo de defensa cuya procedencia es excepcional y que no es apto para impugnar toda resolución que dicten los Tribunales Unitarios Agrarios que le son inferiores en grado, sino exclusivamente para controvertir sentencias que decidan en el fondo sobre acciones en materia de: 1) conflictos de tierras entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, o entre uno o varios sujetos colectivos de derecho agrario y uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; 2) restitución de tierras, bosques y aguas; y/o 3) nulidad de actos de autoridades estatales en materia agraria. En ese orden de ideas, si las resoluciones que declaran la caducidad de la instancia en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, no se identifican con alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dicho recurso resulta improcedente contra ellas". En la inteligencia que lo precisado en el capítulo de antecedentes, debe estimarse como violaciones procesales, atento a lo previsto en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. 3.1 Conclusión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el fondo de este asunto, estimándose constitucional y legalmente competente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, conforme lo disponen los numerales 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer sobre sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase la demanda original promovida por Erik Hernández Fuentes, así como tres copias de aquélla, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de la citadas materias, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno; solicitándole, atentamente, el acuse de recibo correspondiente. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO AVISO).- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el doce del mes actual, y recibida en este Juzgado el siguiente día, promovida por Erik Hernández Fuentes, por propio derecho, contra un acto del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito número veintiuno, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 989/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer de este asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Jurisprudencia I.2o.P. J/40, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, Agosto de 1992, octava época, página 36). De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa estableció como acto reclamado el siguiente (se inserta imágenes fojas 2 y 3): Ahora, el quejoso como antecedentes del acto reclamado señala lo siguiente (se inserta imagen foja 3): De lo anterior se concluye que el acto reclamado lo constituye, en esencia, esa determinación de caducidad y que lo precisado en el capítulo de antecedentes lo señala como violaciones procesales. En ese sentido, debe decirse que, respecto al acto reclamado, se considera que es legalmente incompetente para conocer del mismo, en atención a las siguientes consideraciones: Conviene señalar que del contenido de los artículos 170 y 34 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". Se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170, y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario, se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el que confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si el quejoso reclama la decisión del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, tomada en el juicio agrario 975/2017 (en el que señala promovió, como se advierte del capítulo V de su escrito de demanda foja 3), en el sentido de decretar la caducidad de la instancia, es claro que contra esa determinación procede el juicio de amparo en vía directa, en tanto que se trata de un acto que puso fin a tal juicio, contra el cual no procede el recurso de revisión que contempla el numeral 198 de la Ley Agraria, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis ahí previstas, por lo que, sin duda constituye una decisión terminal conforme al dispositivo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, de registro 185437 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 237, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, de registro 185436, que a la letra dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA POR INACTIVIDAD PROCESAL, PUES ESA DECISIÓN NO SE IDENTIFICA CON LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL NUMERAL 18 DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA. De la interpretación sistemática de los artículos citados, se desprende que el recurso de revisión, competencia del Tribunal Superior Agrario, es un mecanismo de defensa cuya procedencia es excepcional y que no es apto para impugnar toda resolución que dicten los Tribunales Unitarios Agrarios que le son inferiores en grado, sino exclusivamente para controvertir sentencias que decidan en el fondo sobre acciones en materia de: 1) conflictos de tierras entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, o entre uno o varios sujetos colectivos de derecho agrario y uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; 2) restitución de tierras, bosques y aguas; y/o 3) nulidad de actos de autoridades estatales en materia agraria. En ese orden de ideas, si las resoluciones que declaran la caducidad de la instancia en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, no se identifican con alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dicho recurso resulta improcedente contra ellas". En la inteligencia que lo precisado en el capítulo de antecedentes, debe estimarse como violaciones procesales, atento a lo previsto en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. 3.1 Conclusión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el fondo de este asunto, estimándose constitucional y legalmente competente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, conforme lo disponen los numerales 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer sobre sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase la demanda original promovida por Erik Hernández Fuentes, así como tres copias de aquélla, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de la citadas materias, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno; solicitándole, atentamente, el acuse de recibo correspondiente. 4. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme con lo dispuesto por la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el señalado en el escrito de demanda; por autorizados, únicamente para recibir notificaciones, a las personas que ahí indica, por así solicitarlo de manera expresa la parte quejosa. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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