Erik Gabriel Valenzuela García

Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Erik Gabriel Valenzuela García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En seis de noviembre de dos mil veintitrés, la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el treinta y uno de octubre pasado, se recibió en el correo institucional de este Juzgado de Distrito 3jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el acuse de recibo que antecede, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial, hago constar que la presente promoción, con número de registro 14267, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.

  2. Principal

    Causa estado la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con los tres tomos de pruebas remitidos por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger el documento original que haya exhibido en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.

  3. Principal

    Se glosan oficios y anexos para efectos de control. Agréguense a los autos únicamente para efectos de control, los oficios con anexos que remite la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Acusa recibo. Por otro lado, glósese a los presentes autos el comunicado de cuenta remitido por la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 16002/2023, de este índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de uno de junio pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que reclamó la omisión por parte de la Junta responsable de dar trámite al juicio laboral dentro de los plazos y términos previstos por la Ley Federal de Trabajo, al no requerir el informe que le fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el quince de julio de dos mil veintidós, así como la omisión de dicha Comisión de rendir el referido informe. Por su parte, de las constancias que anexó la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de la representante del Gobierno y secretaria de acuerdos de su adscripción, a su oficio recibido el diecinueve de septiembre pasado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la Junta responsable de dar trámite al juicio laboral dentro de los plazos y términos previstos por la Ley Federal de Trabajo, al no requerir el informe que le fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el quince de julio de dos mil veintidós, así como la omisión de dicha Comisión de rendir el referido informe; empero, de las constancias que remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de la representante del Gobierno y secretaria de acuerdos de su adscripción, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, la Junta responsable tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dando contestación a la solicitud de información que le efectuó, la cual puso a la vista de las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En ese contexto, es incuestionable que al haberse recibido la respuesta a la información que solicitó la Junta responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y haberse acordado lo relativo a ello, han cesado los efectos de los actos reclamados, si se tiene en cuenta que el impetrante acudió a reclamar la omisión por parte de la Junta responsable de requerir la respuesta a la información que solicitó al mencionado organismo el quince de julio de dos mil veintidós, así como la omisión de este último de rendir el referido informe. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haberse recibido la información requerida por la Junta responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y proveído lo correspondiente, quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las once horas con once minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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