Erik Gabriel Coronel Roldan

Expediente 1125/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1125/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Erik Gabriel Coronel Roldan

Actuaciones

  1. Principal

    ...auto de dos de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo...se declara que ha causado estado....archívese el presente expediente como asunto concluido....parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros....se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido....el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica....hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. ^^

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Erik Gabriel Coronel Roldan, por propio derecho, contra actos de Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en su carácter de Juez de Control, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1125/2020-II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, de la fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Dichas porciones normativas establecen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. En ese sentido, es dable establecer que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, se debe atender a que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado, en su caso, deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución o algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por su parte, la Carta Magna y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que puedan surgir en el procedimiento jurisdiccional; por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". De igual forma, la Ley de Amparo, reitera lo previsto en la Carta Magna en su artículo 170 fracción I, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución y 170 fracción I, de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c), y que indica el artículo 107, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Aunado a lo anterior, cabe decir que existe criterio del Máximo Tribunal del País en el sentido de que las violaciones procesales consistentes en aquella decisión en que la autoridad responsable admite o desecha las pruebas ofrecidas, la infracción debe reclamarse hasta el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo del asunto, en caso de que ésta fuere contraria a los intereses del oferente. . . . En ese orden de ideas, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170 fracción I y 172, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o algún tratado internacional, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones, son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, el peticionario de amparo, combate el auto de seis de noviembre del año de dos mil veinte, que ordena la apertura del juicio oral emitido en audiencia intermedia dentro de la causa de control 834/2018, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en su carácter de Juez de Control. Asimismo, indico que la responsable admite pruebas del Agente del Ministerio Público de la Federación, que a todas luces son impertinentes y que no están en el plano jurídico, toda vez que no fueron ofrecidas conforme a la Ley Instrumental de la Materia. Bajo esas condiciones, las consecuencias de los actos reclamados arriba descritos, únicamente inciden en aspectos procesales; pero, no se advierte que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Al respecto, como se dijo, el citado auto no es de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución o en un tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, tales como la libertad, la propiedad, la posesión o los derechos del prenombrado quejoso, sino que únicamente se refiera a aspectos procesales. De manera que, si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento penal del que emana el auto reclamado no resultara favorable al quejoso, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo respectivo, una vez satisfecho el principio de definitividad. En consecuencia, en la especie la inadmisión del desahogo de diversos medios de pruebas ofrecidos por el peticionario de amparo, por sí mismo, no causa de inmediato una situación de irreparabilidad o imposible reparación, y su trascendencia sería posterior; por ende, se trata de una infracción adjetiva o intraprocesal, que no afecta materialmente algún derecho sustantivo del promovente del amparo, pues en el caso de que ese proceder fuese ilegal o trascendiera al resultado del fallo, estaría en aptitud de reclamarla, como se dijo, a través del juicio de amparo directo. En efecto, si bien es verdad que la admisión de medios de prueba y el desechamiento de diversas ofertadas por su defensa, esto puede originar que la sentencia sea adversa a los intereses del procesado, cierto es también que ello no significa que dicho acto sea de imposible reparación, ya que no vulnera derechos sustantivos del demandante del amparo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos; por tanto, es indudable que la vía constitucional intentada resulta improcedente, en tanto que la violación de la que ahora se duele podrá ser reparada mediante el juicio constitucional directo, en caso de que la sentencia resulte contraria al quejoso, pues así está previsto en el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En abundamiento, es dable concluir que el acto reclamado en esta instancia consiste en el auto de seis de noviembre de dos mil veinte, donde se ordena la apertura del juicio oral emitido en audiencia intermedia dentro de la causa de control 834/2018, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en su carácter de Juez de Control. Asimismo, refiere que la responsable admite pruebas del Agente del Ministerio Público de la Federación, que a todas luces son impertinentes y que no están en el plano jurídico, toda vez que no fueron ofrecidas conforme a la Ley Instrumental de la Materia. . . . En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, se desecha de plano, promovida por Erik Gabriel Coronel Roldan, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en su carácter de Juez de Control. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo expresamente y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia a Erika Alejandra Valladares Coronel, por no contar con registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. VI. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Lo anterior, el entendido que el quejoso, deberá realizar las gestiones necesarias y seguir el procedimiento -conforme a los protocolos establecidos-, para acudir a recogerlas o consultar el expediente, previa razón que se asiente en autos para constancia. c) Protocolos para la consulta de expediente, copias y reproducción electrónica del expediente. Es decir, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 6 del Acuerdo 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la generación de citas para consulta del expediente o comparecencias de las partes de manera física en el órgano jurisdiccional, se ordena generar por el Portal de Servicios en Línea, en el apartado "Agenda OJ", el Código QR correspondiente, mismo que deberá portar de manera impresa, la parte quejosa para tener acceso a este órgano jurisdiccional, sin que pueda utilizar ese pase para visitar diversos órganos, pues solo le da derecho para ingresar a la diligencia encomendada. Para lo cual, el compareciente deberá al presentarse en la recepción de este órgano jurisdiccional, con 15 minutos de anticipación a la hora y fecha señalada para la diligencia, y deberá comunicarse al teléfono 55 2619 7400 extensión 2151, 2152 o 2162, indistintamente, para que le sea proporcionado el referido código QR, y pueda acceder a este juzgado. La cita obtenida conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 6 del acuerdo en mención, tendrá la duración que se estime necesaria para el desahogo de la diligencia respectiva; si se advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento a las reglas previstas en el citado Acuerdo. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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