Erik Francisco Ojeda Serrano
Expediente 1086/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Erik Francisco Ojeda Serrano
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda promovido por Erik Francisco Ojeda Serrano, contra actos del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, que hizo consistir en el siguiente: Al efecto, regístrese en el libro de Gobierno con el número 1086/2021-III, en el libro de Gobierno respectivo. Tomando en cuenta el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con entrada en vigor el mismo día de su publicación, es procedente remitir el presente asunto al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en razón a la competencia por cuestión de turno, de los hechos materia de amparo, por las siguientes consideraciones: Del artículo 46, párrafos primero y sexto, del acuerdo de cuenta, se desprende que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroje un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, por lo que se turnará al mismo Órgano Jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. De igual modo, establece que es criterio general de relación que un asunto de nuevo ingreso se turne a un órgano jurisdiccional determinado, y éste estime que es a otro el que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, por existir en éste un antecedente que hace procedente la vinculación, lo remitirá con sus anexos, al Juzgado o Tribunal que considere debe conocer del mismo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio las consideraciones vertidas en el juicio de amparo 406/2021,del índice del citado órgano judicial, promovida por Elena Lisette de la Cruz Gramajo en la cual se tuvo como acto reclamado lo siguiente: Misma, que se remitió al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, por la manifestaciones vertidas en dicha demanda siendo esta las siguiente: ".en específico en los antecedentes la parte quejosa narró que en el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, su apoderada legal para pleitos y cobranzas Martha Elena Gramajo Vázquez, compareció ante la Fiscalía Metropolitana Zona Oriente, para denunciar la posible comisión del delito de Despojo, respecto a los hecho ocurridos el trece de junio de dos mil diecinueve, señalando como posible responsable a Erick Ojeda Serrano y/o Erick Francisco Ojeda Serrano, quien se encontraba junto con cinco personas más dentro de su propiedad, señalando al entrevistarse con los agentes de la policía como dueño del predio y ser pareja sentimental de Susana Pérez Ramos, sin acreditar la propiedad, de la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional, mismo que obra agregado en el registro de la Carpeta de Investigación número 0337-101-201-2019. Señalando que su apoderada legal exhibió ante la representación social, el contrato de enajenación de tres de mayo de dos mil diecinueve, en el cual Susana Pérez Ramos, le cedió a la promovente del amparo Elena Lisette de la Cruz Gramajo, usos, derivados y accesorios de la parcela en mención, la operación de dicha enajenación fue por la cantidad de $996,000.00 (novecientos noventa y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), certificado ante la Notario Público 165 del Estado de Chiapas, además de precisar que posteriormente compareció a realizar la denuncia correspondiente y exhibir los documentos para acreditar su propiedad. Además que en veinte de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó al Representante Social en términos de los artículos 109 fracción XXIII y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenara la restitución provisional de la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional, a lo que el Fiscal del Ministerio Público Investigador, Titular de la Mesa de Trámite número 7, adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización, Zona Oriente, de la Fiscalía de Distrito Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, en oficio 00799/0993/2019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, declaró improcedente su petición, ante la falta de elementos para decir el restablecimiento de dicho derecho, por encontrarse en etapa de investigación. En mérito a lo anterior, la promovente del amparo Elena Lisette de la Cruz Gramajo, inconforme con dicho determinación promovió el juicio de amparo indirecto, conociendo el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, bajo el número 1328/2019 de su índice, en el cual en quince de noviembre de dos mil diecinueve, en resolución constitucional, le concedió el amparo y protección de la justicia a la acá quejosa (determinación constitucional que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil), por lo que en cumplimiento a la ejecutoria, el Fiscal del Ministerio Público Investigador, Titular de la Mesa de Trámite número 7, adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización, Zona Oriente, de la Fiscalía de Distrito Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, expidió el oficio 01038/0993/2019, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual declaró improcedente su petición, en virtud, que el Juez de Control, es la autoridad competente para pronunciarse respecto a su solicitud de restitución del bien inmueble, consistente en la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional. Posteriormente, en veintidós de octubre de dos mil veinte, la aquí quejosa, presentó ante el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, Cuadernillo de Control Judicial, asignándole el número 150/2021 de su índice, por medio cual con fundamento en los artículos 109 fracción XXIII y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se pronunciara en audiencia de control judicial la restitución provisional en su favor de la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional, posteriormente, después de seguir la secuela procesal y promover recurso de revocación, en catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, determinó negar la medida provisional de restitución de la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional. Bajo ese contexto, este juzgador considera que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 46, párrafos primero y sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con entrada en vigor el mismo día de su publicación; para que el presente juicio de amparo, sea de conocimiento del Juzgado que conoció con antelación más inmediata de un diverso juicio de amparo derivado de actos reclamados del mismo juicio de origen, derivado de la solicitud de restitución del bien inmueble, consistente en la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, amparada como legitima propietaria con el certificado parcelario 0000001057743, inscrito en la Delegación del Registro Agrario Nacional; es decir, del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; pues dicho órgano jurisdiccional fue quien conoció del mismo al admitir y resolver el juicio de amparo 1328/2019 de su índice." En tal virtud, como en la presente demanda el acto reclamado deriva del cuadernillo 150/2020, relativa a la Carpeta de Investigación número 0337-101-201-2019, respecto a la restitución provisional del bien inmueble, consistente en la parcela número 374 Z1 P1/13 del ejido Plan de Ayala, al igual que el acto reclamado en la diversa demanda 406/2021, la cual fue remitida al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Y si bien, este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; no puede pasarse desapercibido que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Es pertinente insertar el criterio sustentado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien resolvió mediante oficio SECNO/CON/457/2017 de siete de marzo de dos mil diecisiete, lo siguiente: Por lo anterior, remítase el original del juicio de amparo 1086/2021-III y copias del escrito de demanda al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Solicitando al Juez competente, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Leonel Morales Velázquez, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito y como autorizados para únicamente oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que señala. Atendiendo las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.
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