Erik Fernando Cortes Garza

Expediente 1006/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1006/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Erik Fernando Cortes Garza
  • Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento En el Estado de Baja California del Partido Judicial de Tijuana. Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial para notificar personalmente a la parte tercero interesada la sentencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí expone. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado la sentencia de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MHP/csv*

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, sentencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 1006/2022-VIII, promovido por **********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O Mediante escrito depositado el catorce de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, con su anterior denominación Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ******************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridades responsables Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: Actos reclamados "Que la autoridad C.JUEZ DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA con sede en esta Ciudad, me ha violentado mis derechos fundamentales, específicamente ya quien en fecha 8 de febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de sentencia identificado con la clave de amparo en revisión 315/2021, y con él se tuvo un cambio de criterio respecto prisión preventiva oficiosa, determinando entre otras cuestiones, la obligación para todas las personas juzgadoras del país a revisar la medida de prisión preventiva cuando el acusado cumpla dos años internado sin que se le dicte sentencia, en los artículos 19, 113, 155 fracción XIV, y 161 del Código Nacional de Procedimientos penales, así como los diversos artículos 1ro, 8vo, 14, 17 y 20 apartado B Fracciones IX segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como usted lo advertirá con el informe justificado que rendirá la autoridad responsable, misma que conforman los autos que componen la causa penal 812/2020, radicada ante el C. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la misma inicio el 27 de marzo de 2020, sin que a la fecha se haya dictado sentencia definitiva, prolongándose en demasía la prisión preventiva, por ello acudo a efecto de que se cese la prisión preventiva, en su lugar se ordene mi libertad personal." La parte quejosa señaló infringidos los derechos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, 20 Apartado B, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. El quejoso formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcribirán, dado que no existe norma que obligue a este juzgador Constitucional en ese sentido, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo. Tercero. Trámite del juicio de amparo. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 1006/2022-VIII-B; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia Constitucional respectiva. Posteriormente, se emplazó a las víctimas María de los Ángeles Munguía Martínez y Angélica Catalina Castillo Santín, así como a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, con residencia en esta ciudad, quienes intervinieron en la causa penal de origen. Cuarto. Cambio de denominación. Con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación de Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que manda fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio, y del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que los actos reclamados en esta vía consisten en: - De la Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: La prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa impuesta a **********************, dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral, lo que se advierte de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, sin prueba en contrario. Para evidenciar lo anterior, es necesario traer a cuenta que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". En principio, es dable señalar que en este juicio de amparo el quejoso no reclamó expresamente una omisión a la autoridad responsable; sin embargo, los efectos del acto que se reclama son de naturaleza omisiva, puesto que, la duración prolongada de la prisión preventiva oficiosa impuesta a Erick Fernando Cortés Garza, trae consigo la falta de emisión de sentencia definitiva dentro de la causa penal que se sigue en contra del quejoso. Por tanto, el análisis que se hace en este fallo, guarda relación con los pronunciamientos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la naturaleza omisiva de los actos reclamados y la atribución que de esta se hace a la autoridad responsable. Así, una omisión administrativa puede conceptualizarse como la "inactividad derivada en la que incurre una autoridad administrativa a pesar de estar obligada a desplegar una actuación". De esta forma, la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En su lugar, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por tanto, las personas no solamente pueden ser afectadas a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Sin embargo, debe diferenciarse entre un acto negativo o uno omisivo: los actos de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Así, las cosas que simplemente no se hacen no tienen repercusiones en términos normativos. En cambio, otras cosas que no se hacen porque se tenía el deber de hacer sí constituyen omisiones. Aunado a lo anterior, en el caso de las omisiones que se reclaman a las autoridades responsables en el juicio de amparo, "debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que les toca demostrar que no incurrieron en ello." En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, "para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad [.], independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98 de rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." De esta forma, "para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa." Así, "en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." De esta forma, "para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa." Así, "en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." En este contexto, para efectos de determinar la existencia de una omisión, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se actualiza en tres hipótesis: a) Que la omisión sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad conoce directamente dicho acto y sólo espera su ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen. Por ejemplo, la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar ante la existencia de un fallo o determinación judicial; b) Que la omisión requiera de una solicitud, petición o condición, cuando está prevista la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad. Por ejemplo, cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe, y c) Que la omisión no tenga como presupuesto una condición, sino que la autoridad conoce o debe conocer dichos hechos por razones notorias, en cuyo caso la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista. Por ejemplo, una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante o una contingencia ambiental. A partir de lo expuesto, se entiende que se actualiza una omisión cuando existe una condición que coloca a la autoridad en la obligación de proceder, exigida por la persona gobernada, proporcional al supuesto normativo incumplido y siempre conforme al conocimiento previo que tuvo la autoridad de los actos o hechos materia de la omisión reclamada, ya sea porque son consecuencia de un acto previo, producto de una condición, o por razones notorias. En este juicio, el quejoso expuso como antecedentes del acto reclamado, que se sigue una causa penal en su contra radicada bajo el número 812/2020, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por el delito de homicidio calificado cometido en ventaja, en la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa desde el veintisiete de marzo de dos mil veinte, sin que a la fecha de presentación de la demanda, -catorce de diciembre de dos mil veintidós- se le dictara sentencia definitiva. Asimismo, refirió que el ocho de febrero del dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal de origen, en donde se incorporaron todas las pruebas para desahogar en la audiencia de juicio oral y hasta la fecha en que presenta la demanda, no se le había citado a la audiencia de debate. Refirió que con dicha conducta se vulneraba lo previsto en los artículos 347 último párrafo y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que establecen que el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio oral. El quejoso manifestó que le habían argumentado "que no se ha podido señalar FECHA PARA JUICIO ORAL debido a la contingencia de la pandemia", considerando que con dicho actuar se había prolongado en demasía su prisión preventiva y por ende, el dictado de la sentencia definitiva. Que ya tenía dos años y nueve meses con la medida cautelar impuesta. A partir de lo expuesto, es posible determinar que el reclamo del quejoso a la autoridad responsable consiste en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. En este contexto, como se ha expuesto, para poder determinar la existencia de una omisión reclamada en el juicio de amparo, es necesario definir la existencia de una condición que colocara a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, proporcional al supuesto normativo incumplido y conforme al conocimiento previo que tuvo la autoridad de los actos o hechos materia de la omisión reclamada, ya sea porque son consecuencia de un acto previo, producto de una condición, o por razones notorias. Concretamente, la existencia de una omisión como presupuesto para la procedencia de este juicio de amparo se actualizará conforme a las hipótesis expuestas, consistentes en que derive de un acto previo que la origine y respecto del que únicamente se espera su ejecución, o bien de una solicitud, petición o condición en virtud de la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, o producto de hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias. En el caso, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, relativa a la prolongación excesiva de la prisión preventiva oficiosa, por no fijar la fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral de una persona a quien se le instruye una causa penal, a partir de lo manifestado por el quejoso, es claro que no se actualizan la primera y segunda hipótesis enunciadas, puesto que el acto reclamado aun cuando es producto de un acto previo que la originó, la autoridad (Juez del Tribunal de Enjuiciamiento) no estaba en aptitud de esperar su ejecución, además, tampoco proviene de una solicitud, petición o condición que previamente la parte quejosa haya presentado al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial para el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Respecto de la tercera hipótesis desplegada, relativa a la existencia de hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, y respecto de los cuales les recae la obligación en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista, en el caso en estudio, tampoco se demostró que se actualizó dicha hipótesis. Como se ha expuesto, para la determinación de la existencia de una omisión reclamada, es necesario determinar el grado de la obligación cuyo incumplimiento se reclama, a partir del hecho y la consecuencia normativa prevista en las disposiciones que contienen las obligaciones respectivas. Por tanto, para definir si existe una omisión, es necesario evaluar la naturaleza y alcance de las obligaciones previstas en la norma cuyo incumplimiento se denuncia. En el caso en estudio, como se ha determinado, el quejoso únicamente expuso que la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal 812/2020 se prolongó de manera excesiva por causas imputables a la autoridad responsable, ya que desde el ocho de febrero de dos mil veinte, se dictó el auto de apertura a juicio oral y hasta la fecha en que presentaba la demanda de amparo, la autoridad no había fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. En principio, la autoridad a la que se le reclama el acto, es el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. De esta forma, de las atribuciones legales a cargo de dicha autoridad, aunque sea posible advertir que genericamente existe la obligación de proceder expuesta por la parte quejosa, esta no es proporcional al supuesto normativo cuyo incumplimiento se reclamó, aunado a que no se demostró que la autoridad tuviera conocimiento previo de los actos o hechos materia de reclamo; de ahí que no se advierte que tal autoridad tuviera a su cargo la obligación de emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso, como a continuación se demuestra. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales regula la competencia de los Jueces que fungen como Tribunal de Enjuiciamiento, de la siguiente forma: Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: "[.] XVI. Tribunal de enjuiciamiento: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común integrado por uno o tres juzgadores, que interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de sentencia, y [.]" Artículo 133. Competencia jurisdiccional "[.] II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y [.]" Artículo 347. Auto de apertura a juicio "[.] El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. [.]" De lo expuesto, es posible concluir que el Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional, ya sea del fuero común o del fuero federal, que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de la sentencia, quien se encargará del desahogo de pruebas que se hubieren admitido durante la etapa intermedia y dictara el fallo correspondiente. Por su parte, el artículo 81 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que los jueces que actúen como Tribunal de Juicio Oral, tendrán las atribuciones que determinen las disposiciones normativas aplicables. "ARTICULO 81 TER.- Los Tribunales de Juicio Oral o de enjuiciamiento serán unitarios y estarán presididos por un Juez de Garantía o de Control, que no deberá haber conocido del asunto en las etapas previas al juicio oral que deba resolver. Los Tribunales de Juicio Oral tendrán las atribuciones que determinen las disposiciones normativas aplicables. El Juez del Tribunal de Juicio Oral estará investido de fe pública para constancia y certificación de sus actos." Ahora bien, la autoridad responsable licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, al rendir su informe justificado manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, recibió el oficio NSJP/UC/09031/2022 enviado por la administración judicial Estatal de esta ciudad, quien acompañó el auto de apertura a juicio oral dictado por el Juez de Control en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 812/2020, instruida contra Erick Fernando Cortes Garza, alias "el Emeli" y otros, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Manifestó que los acusados se encontraban a disposición del órgano jurisdiccional que preside, en términos del artículo 81 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la inteligencia que el ahora quejoso Erick Fernando Cortes Garza se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de veintiséis de marzo de dos mil veinte y que por tanto, el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio oral correspondiente a la causa penal de origen y programándose por parte de la administración judicial Estatal, la audiencia de debate, fijándose las nueve horas del diez de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, la responsable refirió que el Sistema Integral de Administración de Justicia no le permitía conocer de las actuaciones inherentes a las fases preliminares a la de juicio oral, puesto que su usuario no se encontraba habilitado para realizar dichas actuaciones, aunado a que de hacerlo, estaría inhabilitada para fungir como tribunal de enjuiciamiento, de conformidad con los artículos 20 apartado "A", fracción IV, primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 fracción IX, y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se corrobora con las constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable emitió el siguiente proveído: "Tijuana, Baja California a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio marcado con el alfanumérico NS/P/UC/09031/2022 enviado por la administración judicial Estatal Tijuana, al cual se acompaña el auto de apertura a juicio oral dictado por la Licenciada Tania Guadalupe Vega Gordillo, Juez de Control en el Estado, derivado de la causa penal 812/2020 con número único de caso 04-2020-13589 instruida contra Christian Leyva Rivera "el Lince" y Erik Fernando Cortes Garza "el Emeli", por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. En mérito de lo anterior, téngase a los acusados de referencia a disposición de este tribunal de enjuiciamiento que será dirigido de manera unitaria por esta juzgadora de acuerdo a lo previsto en el primer párrafo del numeral 81 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California; en la inteligencia que los acusados se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Consecuentemente, en virtud de que se encuentra en vías de agendar la audiencia de debate de juicio oral y toda vez que la administración judicial se encarga de programar la audiencias de debate de juicio, así como reprogramar las audiencias que fueron suspendidas o que no fueron iniciadas por las y los jueces durante el pasado periodo de suspensión por contingencia sanitaria de manera cronológica, sin dejar de contemplar prioritariamente los plazos y términos próximos a fenecer, en cualquiera de los casos, debiendo en todo momento observar las disposiciones procesales y conforme lo permitan los protocolos de salud y sana distancia; en ese sentido, una vez la administración judicial gestione lo conducente para señalar hora y fecha para la celebración del juicio oral y, lo comunique a este Tribunal, se acordará lo conducente. Finalmente, con sustento en los preceptos 82, 84 a 87 y 90 del código nacional de procedimientos penales, en los lugares o medios autorizados para tal efecto, notifíquese este auto a todas las partes, en el entendido que de no ser posible legalmente su notificación en esas formas se notificará en lo correspondiente por estrados, sin necesidad de nuevo acuerdo. Así, lo ordenó y firmó electrónicamente, Martha Elvia Luna Vargas, Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California." (Lo resaltado es propio) Así como, el oficio No. NSJP/UC/09031/2022 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, signado por el licenciado Jaime Rubén Leal Carrillo, secretario de acuerdos encargado del Despacho de la Administración del Sistema de Justicia Penal Oral del Poder del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 197-Bis-2, fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California y, artículo 7 del Reglamento Interno y Manual de Gestión de la Administración Judicial, mediante el cual se le notificó a la licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California que fue designada para fungir como Tribunal de Enjuiciamiento en la causa penal 812/2020, instruida en contra del ahora quejoso y otro; remitiéndole para su conocimiento, el diverso oficio NSJP/UC/04533/2022 signado por la Jueza de Control Tania Guadalupe Vega Gordillo y, el auto de apertura a juicio oral dictado el ocho de febrero de dos mil veintidós. De igual forma, obra en los autos de este juicio de amparo, el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, señalando las nueve horas del diez de abril de dos mil veintitrés. 812/2020 y el dos de mayo de la misma anualidad, dictó sentencia definitiva en contra de Erick Fernando Cortés Garza por el delito de homicidio calificado, imponiéndole una pena de prisión de treinta años sin ningún beneficio liberatorio, por lo que para el cumplimiento de la pena de prisión debía computarse a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fecha en la que fue privado de su libertad con motivo de la detención. Por tanto, la prisión preventiva se computaría a partir de esa fecha hasta que la sentencia quede firme descontándose de la prisión impuesta como pena. De lo expuesto, es posible advertir que, la autoridad responsable licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tuvo conocimiento de la causa penal 812/2020, instruida contra Erick Fernando Cortés Garza y otro, hasta el veinte de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la que se le notificó el oficio NSJP/UC/09031/2022 por el que se le designó como Tribunal de Enjuiciamiento en dicha causa penal, por lo que una vez impuesta del auto de apertura a juicio que se le remitió como parte de las constancias anexas al oficio de referencia, la responsable actuó en consecuencia, emitiendo el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual informó a las partes su conocimiento en la causa penal de origen y que se estaba en espera de la fecha de audiencia de debate; toda vez que esas gestiones son realizadas por la administración judicial estatal. De esta forma, de las atribuciones legales a cargo de la autoridad responsable señaladas con anterioridad, es posible advertir que no se encontraba facultada para emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso, aunado a que no se demostró que la autoridad tuviera conocimiento previo de los actos o hechos materia de reclamo; de ahí que no se advierte que tal autoridad tuviera a su cargo la obligación de emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso. Es así, pues del oficio NSJP/UC/09031/2022 signado por el Secretario de Acuerdos encargado del despacho de la Administración Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral del Poder del Estado de Baja California, se desprende que el artículo 197 bis-2 , de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, prevé las facultades de la Administración Judicial Estatal, para realizar las labores administrativas, para que se lleven a cabo las audiencias que presidan los Jueces de Control; Jueces de Control para Adolescentes; los Tribunales Unitarios de Enjuiciamiento y los Jueces de Ejecución. En este contexto, las normas que regulan las facultades de la autoridad responsable Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no establecen la obligación de emitir pronunciamiento respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en la causa penal 812/2020 y menos, fijar la fecha y hora para celebrar la audiencia de debate en el proceso penal de origen, en los términos expuestos por el quejoso, aunado a que se demostró que dicha autoridad no tuvo conocimiento de los actos o hechos materia de reclamo. En conclusión, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, y ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable en este juicio de amparo, sin prueba en contrario, procede sobreseer este juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. No es obstáculo a lo anterior, que mediante oficios NSJP/UC/03784/2023 y NSJP/UC/04004/2023 signados electrónicamente, la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó respectivamente, que el veintidós de abril de dos mil veintitrés se llevó a cabo la emisión del fallo condenatorio y, el dos de mayo de esta anualidad, dictó sentencia definitiva en contra de Erick Fernando Cortés Garza, por el delito de homicidio calificado; por lo que, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de apelación contra el fallo definitivo. Asimismo, que en virtud de la pena de prisión impuesta al quejoso, esta se computaría a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fecha desde la cual se encontraba privado de su libertad personal con motivo de la prisión preventiva oficiosa impuesta en dicha causa penal, por lo que dicha medida cautelar se computaría a partir de esa fecha y hasta el día en que la sentencia quede firme, descontando la prisión preventiva. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no analizará la posible actualización de una causal de improcedencia ya que la causa de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, es de estudio preferente, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto legal. Por las razones que la informan, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y demás numerales relativos y aplicables de ese ordenamiento, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el Considerando Tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar este fallo. Doy fe.''

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''"Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 1006/2022-VIII, promovido por ******************, por propio derecho, contra actos de la Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O Mediante escrito depositado el catorce de diciembre de dos mil veintidós en el buzón judicial y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, con su anterior denominación Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, *********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridades responsables Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: Actos reclamados "Que la autoridad C.JUEZ DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA con sede en esta Ciudad, me ha violentado mis derechos fundamentales, específicamente ya quien en fecha 8 de febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de sentencia identificado con la clave de amparo en revisión 315/2021, y con él se tuvo un cambio de criterio respecto prisión preventiva oficiosa, determinando entre otras cuestiones, la obligación para todas las personas juzgadoras del país a revisar la medida de prisión preventiva cuando el acusado cumpla dos años internado sin que se le dicte sentencia, en los artículos 19, 113, 155 fracción XIV, y 161 del Código Nacional de Procedimientos penales, así como los diversos artículos 1ro, 8vo, 14, 17 y 20 apartado B Fracciones IX segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como usted lo advertirá con el informe justificado que rendirá la autoridad responsable, misma que conforman los autos que componen la causa penal 812/2020, radicada ante el C. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la misma inicio el 27 de marzo de 2020, sin que a la fecha se haya dictado sentencia definitiva, prolongándose en demasía la prisión preventiva, por ello acudo a efecto de que se cese la prisión preventiva, en su lugar se ordene mi libertad personal." La parte quejosa señaló infringidos los derechos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, 20 Apartado B, fracción XI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. El quejoso formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcribirán, dado que no existe norma que obligue a este juzgador Constitucional en ese sentido, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo. Tercero. Trámite del juicio de amparo. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 1006/2022-VIII-B; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia Constitucional respectiva. Posteriormente, se emplazó a las víctimas *********************, así como a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, con residencia en esta ciudad, quienes intervinieron en la causa penal de origen. Cuarto. Cambio de denominación. Con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación de Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que manda fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio, y del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que los actos reclamados en esta vía consisten en: - De la Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad: La prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa impuesta a ******************, dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral, lo que se advierte de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, sin prueba en contrario. Para evidenciar lo anterior, es necesario traer a cuenta que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". En principio, es dable señalar que en este juicio de amparo el quejoso no reclamó expresamente una omisión a la autoridad responsable; sin embargo, los efectos del acto que se reclama son de naturaleza omisiva, puesto que, la duración prolongada de la prisión preventiva oficiosa impuesta a *******************************, trae consigo la falta de emisión de sentencia definitiva dentro de la causa penal que se sigue en contra del quejoso. Por tanto, el análisis que se hace en este fallo, guarda relación con los pronunciamientos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la naturaleza omisiva de los actos reclamados y la atribución que de esta se hace a la autoridad responsable. Así, una omisión administrativa puede conceptualizarse como la "inactividad derivada en la que incurre una autoridad administrativa a pesar de estar obligada a desplegar una actuación". De esta forma, la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En su lugar, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por tanto, las personas no solamente pueden ser afectadas a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Sin embargo, debe diferenciarse entre un acto negativo o uno omisivo: los actos de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Así, las cosas que simplemente no se hacen no tienen repercusiones en términos normativos. En cambio, otras cosas que no se hacen porque se tenía el deber de hacer sí constituyen omisiones. Aunado a lo anterior, en el caso de las omisiones que se reclaman a las autoridades responsables en el juicio de amparo, "debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que les toca demostrar que no incurrieron en ello." En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, "para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad [.], independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98 de rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." De esta forma, "para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa." Así, "en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." De esta forma, "para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa." Así, "en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." En este contexto, para efectos de determinar la existencia de una omisión, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se actualiza en tres hipótesis: a) Que la omisión sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad conoce directamente dicho acto y sólo espera su ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen. Por ejemplo, la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar ante la existencia de un fallo o determinación judicial; b) Que la omisión requiera de una solicitud, petición o condición, cuando está prevista la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad. Por ejemplo, cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe, y c) Que la omisión no tenga como presupuesto una condición, sino que la autoridad conoce o debe conocer dichos hechos por razones notorias, en cuyo caso la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista. Por ejemplo, una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante o una contingencia ambiental. A partir de lo expuesto, se entiende que se actualiza una omisión cuando existe una condición que coloca a la autoridad en la obligación de proceder, exigida por la persona gobernada, proporcional al supuesto normativo incumplido y siempre conforme al conocimiento previo que tuvo la autoridad de los actos o hechos materia de la omisión reclamada, ya sea porque son consecuencia de un acto previo, producto de una condición, o por razones notorias. En este juicio, el quejoso expuso como antecedentes del acto reclamado, que se sigue una causa penal en su contra radicada bajo el número 812/2020, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por el delito de homicidio calificado cometido en ventaja, en la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa desde el veintisiete de marzo de dos mil veinte, sin que a la fecha de presentación de la demanda, -catorce de diciembre de dos mil veintidós- se le dictara sentencia definitiva. Asimismo, refirió que el ocho de febrero del dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal de origen, en donde se incorporaron todas las pruebas para desahogar en la audiencia de juicio oral y hasta la fecha en que presenta la demanda, no se le había citado a la audiencia de debate. Refirió que con dicha conducta se vulneraba lo previsto en los artículos 347 último párrafo y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que establecen que el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio oral. El quejoso manifestó que le habían argumentado "que no se ha podido señalar FECHA PARA JUICIO ORAL debido a la contingencia de la pandemia", considerando que con dicho actuar se había prolongado en demasía su prisión preventiva y por ende, el dictado de la sentencia definitiva. Que ya tenía dos años y nueve meses con la medida cautelar impuesta. A partir de lo expuesto, es posible determinar que el reclamo del quejoso a la autoridad responsable consiste en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. En este contexto, como se ha expuesto, para poder determinar la existencia de una omisión reclamada en el juicio de amparo, es necesario definir la existencia de una condición que colocara a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, proporcional al supuesto normativo incumplido y conforme al conocimiento previo que tuvo la autoridad de los actos o hechos materia de la omisión reclamada, ya sea porque son consecuencia de un acto previo, producto de una condición, o por razones notorias. Concretamente, la existencia de una omisión como presupuesto para la procedencia de este juicio de amparo se actualizará conforme a las hipótesis expuestas, consistentes en que derive de un acto previo que la origine y respecto del que únicamente se espera su ejecución, o bien de una solicitud, petición o condición en virtud de la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, o producto de hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias. En el caso, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, relativa a la prolongación excesiva de la prisión preventiva oficiosa, por no fijar la fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral de una persona a quien se le instruye una causa penal, a partir de lo manifestado por el quejoso, es claro que no se actualizan la primera y segunda hipótesis enunciadas, puesto que el acto reclamado aun cuando es producto de un acto previo que la originó, la autoridad (Juez del Tribunal de Enjuiciamiento) no estaba en aptitud de esperar su ejecución, además, tampoco proviene de una solicitud, petición o condición que previamente la parte quejosa haya presentado al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial para el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Respecto de la tercera hipótesis desplegada, relativa a la existencia de hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, y respecto de los cuales les recae la obligación en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista, en el caso en estudio, tampoco se demostró que se actualizó dicha hipótesis. Como se ha expuesto, para la determinación de la existencia de una omisión reclamada, es necesario determinar el grado de la obligación cuyo incumplimiento se reclama, a partir del hecho y la consecuencia normativa prevista en las disposiciones que contienen las obligaciones respectivas. Por tanto, para definir si existe una omisión, es necesario evaluar la naturaleza y alcance de las obligaciones previstas en la norma cuyo incumplimiento se denuncia. En el caso en estudio, como se ha determinado, el quejoso únicamente expuso que la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal 812/2020 se prolongó de manera excesiva por causas imputables a la autoridad responsable, ya que desde el ocho de febrero de dos mil veinte, se dictó el auto de apertura a juicio oral y hasta la fecha en que presentaba la demanda de amparo, la autoridad no había fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. En principio, la autoridad a la que se le reclama el acto, es el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. De esta forma, de las atribuciones legales a cargo de dicha autoridad, aunque sea posible advertir que genericamente existe la obligación de proceder expuesta por la parte quejosa, esta no es proporcional al supuesto normativo cuyo incumplimiento se reclamó, aunado a que no se demostró que la autoridad tuviera conocimiento previo de los actos o hechos materia de reclamo; de ahí que no se advierte que tal autoridad tuviera a su cargo la obligación de emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso, como a continuación se demuestra. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales regula la competencia de los Jueces que fungen como Tribunal de Enjuiciamiento, de la siguiente forma: Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: "[.] XVI. Tribunal de enjuiciamiento: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común integrado por uno o tres juzgadores, que interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de sentencia, y [.]" Artículo 133. Competencia jurisdiccional "[.] II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y [.]" Artículo 347. Auto de apertura a juicio "[.] El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. [.]" De lo expuesto, es posible concluir que el Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional, ya sea del fuero común o del fuero federal, que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de la sentencia, quien se encargará del desahogo de pruebas que se hubieren admitido durante la etapa intermedia y dictara el fallo correspondiente. Por su parte, el artículo 81 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que los jueces que actúen como Tribunal de Juicio Oral, tendrán las atribuciones que determinen las disposiciones normativas aplicables. "ARTICULO 81 TER.- Los Tribunales de Juicio Oral o de enjuiciamiento serán unitarios y estarán presididos por un Juez de Garantía o de Control, que no deberá haber conocido del asunto en las etapas previas al juicio oral que deba resolver. Los Tribunales de Juicio Oral tendrán las atribuciones que determinen las disposiciones normativas aplicables. El Juez del Tribunal de Juicio Oral estará investido de fe pública para constancia y certificación de sus actos." Ahora bien, la autoridad responsable licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, al rendir su informe justificado manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, recibió el oficio NSJP/UC/09031/2022 enviado por la administración judicial Estatal de esta ciudad, quien acompañó el auto de apertura a juicio oral dictado por el Juez de Control en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 812/2020, instruida contra *********************** y otros, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Manifestó que los acusados se encontraban a disposición del órgano jurisdiccional que preside, en términos del artículo 81 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la inteligencia que el ahora quejoso ******************************** se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de veintiséis de marzo de dos mil veinte y que por tanto, el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio oral correspondiente a la causa penal de origen y programándose por parte de la administración judicial Estatal, la audiencia de debate, fijándose las nueve horas del diez de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, la responsable refirió que el Sistema Integral de Administración de Justicia no le permitía conocer de las actuaciones inherentes a las fases preliminares a la de juicio oral, puesto que su usuario no se encontraba habilitado para realizar dichas actuaciones, aunado a que de hacerlo, estaría inhabilitada para fungir como tribunal de enjuiciamiento, de conformidad con los artículos 20 apartado "A", fracción IV, primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 fracción IX, y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se corrobora con las constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable emitió el siguiente proveído: "Tijuana, Baja California a veinte de diciembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio marcado con el alfanumérico NS/P/UC/09031/2022 enviado por la administración judicial Estatal Tijuana, al cual se acompaña el auto de apertura a juicio oral dictado por la Licenciada Tania Guadalupe Vega Gordillo, Juez de Control en el Estado, derivado de la causa penal 812/2020 con número único de caso 04-2020-13589 instruida contra Christian Leyva Rivera "el Lince" y Erik Fernando Cortes Garza "el Emeli", por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. En mérito de lo anterior, téngase a los acusados de referencia a disposición de este tribunal de enjuiciamiento que será dirigido de manera unitaria por esta juzgadora de acuerdo a lo previsto en el primer párrafo del numeral 81 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California; en la inteligencia que los acusados se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Consecuentemente, en virtud de que se encuentra en vías de agendar la audiencia de debate de juicio oral y toda vez que la administración judicial se encarga de programar la audiencias de debate de juicio, así como reprogramar las audiencias que fueron suspendidas o que no fueron iniciadas por las y los jueces durante el pasado periodo de suspensión por contingencia sanitaria de manera cronológica, sin dejar de contemplar prioritariamente los plazos y términos próximos a fenecer, en cualquiera de los casos, debiendo en todo momento observar las disposiciones procesales y conforme lo permitan los protocolos de salud y sana distancia; en ese sentido, una vez la administración judicial gestione lo conducente para señalar hora y fecha para la celebración del juicio oral y, lo comunique a este Tribunal, se acordará lo conducente. Finalmente, con sustento en los preceptos 82, 84 a 87 y 90 del código nacional de procedimientos penales, en los lugares o medios autorizados para tal efecto, notifíquese este auto a todas las partes, en el entendido que de no ser posible legalmente su notificación en esas formas se notificará en lo correspondiente por estrados, sin necesidad de nuevo acuerdo. Así, lo ordenó y firmó electrónicamente, Martha Elvia Luna Vargas, Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California." (Lo resaltado es propio) Así como, el oficio No. NSJP/UC/09031/2022 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, signado por el licenciado Jaime Rubén Leal Carrillo, secretario de acuerdos encargado del Despacho de la Administración del Sistema de Justicia Penal Oral del Poder del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 197-Bis-2, fracciones II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California y, artículo 7 del Reglamento Interno y Manual de Gestión de la Administración Judicial, mediante el cual se le notificó a la licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California que fue designada para fungir como Tribunal de Enjuiciamiento en la causa penal 812/2020, instruida en contra del ahora quejoso y otro; remitiéndole para su conocimiento, el diverso oficio NSJP/UC/04533/2022 signado por la Jueza de Control Tania Guadalupe Vega Gordillo y, el auto de apertura a juicio oral dictado el ocho de febrero de dos mil veintidós. De igual forma, obra en los autos de este juicio de amparo, el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, señalando las nueve horas del diez de abril de dos mil veintitrés. 812/2020 y el dos de mayo de la misma anualidad, dictó sentencia definitiva en contra de Erick Fernando Cortés Garza por el delito de homicidio calificado, imponiéndole una pena de prisión de treinta años sin ningún beneficio liberatorio, por lo que para el cumplimiento de la pena de prisión debía computarse a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fecha en la que fue privado de su libertad con motivo de la detención. Por tanto, la prisión preventiva se computaría a partir de esa fecha hasta que la sentencia quede firme descontándose de la prisión impuesta como pena. De lo expuesto, es posible advertir que, la autoridad responsable licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tuvo conocimiento de la causa penal 812/2020, instruida contra Erick Fernando Cortés Garza y otro, hasta el veinte de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la que se le notificó el oficio NSJP/UC/09031/2022 por el que se le designó como Tribunal de Enjuiciamiento en dicha causa penal, por lo que una vez impuesta del auto de apertura a juicio que se le remitió como parte de las constancias anexas al oficio de referencia, la responsable actuó en consecuencia, emitiendo el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual informó a las partes su conocimiento en la causa penal de origen y que se estaba en espera de la fecha de audiencia de debate; toda vez que esas gestiones son realizadas por la administración judicial estatal. De esta forma, de las atribuciones legales a cargo de la autoridad responsable señaladas con anterioridad, es posible advertir que no se encontraba facultada para emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso, aunado a que no se demostró que la autoridad tuviera conocimiento previo de los actos o hechos materia de reclamo; de ahí que no se advierte que tal autoridad tuviera a su cargo la obligación de emitir una determinación en los términos expuestos por el quejoso. Es así, pues del oficio NSJP/UC/09031/2022 signado por el Secretario de Acuerdos encargado del despacho de la Administración Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral del Poder del Estado de Baja California, se desprende que el artículo 197 bis-2 , de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, prevé las facultades de la Administración Judicial Estatal, para realizar las labores administrativas, para que se lleven a cabo las audiencias que presidan los Jueces de Control; Jueces de Control para Adolescentes; los Tribunales Unitarios de Enjuiciamiento y los Jueces de Ejecución. En este contexto, las normas que regulan las facultades de la autoridad responsable Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no establecen la obligación de emitir pronunciamiento respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en la causa penal 812/2020 y menos, fijar la fecha y hora para celebrar la audiencia de debate en el proceso penal de origen, en los términos expuestos por el quejoso, aunado a que se demostró que dicha autoridad no tuvo conocimiento de los actos o hechos materia de reclamo. En conclusión, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, y ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable en este juicio de amparo, sin prueba en contrario, procede sobreseer este juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la prolongación por más de dos años de la prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso dentro de la causa penal 812/2020, en virtud de que no ha fijado fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral. No es obstáculo a lo anterior, que mediante oficios NSJP/UC/03784/2023 y NSJP/UC/04004/2023 signados electrónicamente, la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó respectivamente, que el veintidós de abril de dos mil veintitrés se llevó a cabo la emisión del fallo condenatorio y, el dos de mayo de esta anualidad, dictó sentencia definitiva en contra de **********************, por el delito de homicidio calificado; por lo que, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de apelación contra el fallo definitivo. Asimismo, que en virtud de la pena de prisión impuesta al quejoso, esta se computaría a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fecha desde la cual se encontraba privado de su libertad personal con motivo de la prisión preventiva oficiosa impuesta en dicha causa penal, por lo que dicha medida cautelar se computaría a partir de esa fecha y hasta el día en que la sentencia quede firme, descontando la prisión preventiva. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no analizará la posible actualización de una causal de improcedencia ya que la causa de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, es de estudio preferente, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto legal. Por las razones que la informan, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y demás numerales relativos y aplicables de ese ordenamiento, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***********, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el Considerando Tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar este fallo. Doy fe.''

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