Erik de Jesús Cruz Aparicio y Otros.
Expediente 885/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/06/2022
Partes del expediente
- Erik de Jesús Cruz Aparicio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto, el exhorto que devuelve el servicio de mensajería acelerada ESTAFETA, con la leyenda "envío rehusado por el destinatario", dirigido al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Puebla, Puebla, mismo que se envió para emplazar a juicio a la tercero interesada ********************. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el exhorto de cuenta únicamente para que obre como constancia, toda vez que el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto, el escrito de cuenta signado por los quejosos Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez, mediante el cual realizan diversas manifestaciones y solicitan que se notifique a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la sentencia constitucional y el auto mediante el cual causó ejecutoria; así como copia simple de la constancia de notificación respectiva, por las razones que exponen. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta. En atención a lo solicitado por los quejosos, dígaseles que tanto la sentencia constitucional emitida en el presente juicio, como el acuerdo en el que causó ejecutoria la misma, fueron notificadas mediante oficios remitidos vía ordinaria a través del Servicio Postal Mexicano, a la autoridad responsable; sin embargo, aún no se cuenta con los acuses de recibo respectivos. Ahora, atendiendo lo vertido por los ocursantes, en el sentido de que las constancias de notificación precisadas con anterioridad son de suma importancia para la prosecución y celeridad de su proceso penal, se ordena el reenvío de los oficios respectivos vía estafeta a la autoridad responsable correspondiente. Finalmente, tocante a la solicitud de que se les expidan copias de las constancias de notificación mencionadas supralíneas, dígaseles que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que, tal como se precisó en párrafos que anteceden, aun no se cuenta con las piezas postales relativas a dichas notificaciones; no obstante, para no dejarlos en estado de indefensión se les comunica que su autorizado puede acudir al despacho que ocupa este órgano jurisdiccional a fin de consultar el expediente y obtener copia de la sentencia emitida en este asunto y del auto en el que causó ejecutoria. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, en relación con el artículo 6, fracción I, inciso b), del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su rubro "modelo de atención presencial basado en citas", que señala que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de una diligencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ". Por tanto, este juzgado tiene bien a señalar las DOCE HORAS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que su autorizado comparezca a este órgano jurisdiccional y pueda consultar el expediente. En mérito de lo anterior, por conducto del actuario, hágase del conocimiento a Martín Cruz Cruz, autorizado en términos amplios de los quejosos, la presente determinación, así como la obligación que tiene de comparecer, debidamente identificado, ante este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sito en Boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, Edificio "B", Planta Alta, colonia Las Palmas, Palacio de Justicia Federal, para que la obtención de las referidas copias; entregándole tal efecto, una impresión del acuse de confirmación de cita folio 60121/2022, con el código QR respectivo, que deberá traer al momento de ingresar a las instalaciones de este Juzgado, para que pueda permitírsele el acceso; apercibido que de no hacerlo en la hora y fecha señaladas, se considerará que no es su deseo obtener dichas constancias. En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, las citas durarán un máximo de 25 minutos. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que no está legitimada para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales del Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 98/2021 -un tomo-, así como un disco versátil digital, se ordena su devolución a su lugar de origen, sin que sea necesario acusar de recibo ya que son una simple reproducción de su original. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las diez horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 885/2021-VI, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Informe justificado rendido por la autoridad responsable 6 Emplazamiento del tercero interesado Walter Enrique Arévalo Matuz, y Fiscal del Ministerio Público que intervino dentro de la causa penal de origen. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juez de Control y Tribunales del Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Niega Nueve de noviembre de dos mil veintiuno. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Quejosos Copias simples de un escrito con sello de recepción de veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En esta propia data. 2 Juez de Control y Tribunales del Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 98/2021 -un tomo- y otras que obran agregadas en autos, así como un disco versátil digital. Nueve de noviembre de dos mil veintidós, veinticuatro de marzo y seis de abril de dos mil veintidós. El Secretario en funciones Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; razón por la que se cierra esta fase. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 885/2021-VI, promovido por Erik de Jesús Cruz Aparicio, Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. De la demanda. Erik de Jesús Cruz Aparicio, Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez, presentó el uno de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, demanda de amparo contra la autoridad y el acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Admisión y trámite. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo registrada bajo el número 885/2021-VI; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: La negativa de admitir como medio de prueba las videograbaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la calle primera poniente entronque con carretera internacional, frente a Autozone y en la carretera internacional lado oriente de la ciudad, salida con dirección a Tuxtla Gutiérrez, a la altura del CBTIS No. 169, ambas de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la audiencia de etapa intermedia celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, aun cuando al rendir su informe justificado lo haya negado, empero, de sus propias manifestaciones se advierte la existencia de la actuación combatida. Lo que se corrobora con la documental que al efecto exhibió consistentes en copias certificadas de la causa penal 98/2018, que obran en un tomo por separado y anexas a este asunto, así como un disco versátil digital, a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dado que se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. Por las razones que informa, tiene aplicación el criterio sostenido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, verificable en la página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, tomo VI, Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con registro 394770, que versa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. Ahora a fin de dar mayor claridad a la presente determinación, se abordaran por separado las causas de improcedencia advertidas, en primer término respecto del quejoso Erik de Jesús Cruz Aparicio, y en segundo orden relativo a los diversos justiciables Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez. A) En el caso concreto, se estima que respecto del acto combatido por Erik de Jesús Cruz Aparicio, consistente en la negativa de admitir como medio de prueba las videograbaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la calle primera poniente entronque con carretera internacional, frente a Autozone y en la carretera internacional lado oriente de la ciudad, salida con dirección a Tuxtla Gutiérrez, a la altura del CBTIS No. 169, ambas de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la audiencia de etapa intermedia celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Lo anterior es así, toda vez que de la prueba documental y disco versátil digital exhibidos por la autoridad oficiante, a los cuales se les concedió valor probatorio pleno en líneas que anteceden, se observa que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, y se dictó sentencia condenatoria en contra de Erick De Jesus Cruz Aparicio del hecho considerado como robo con violencia y agravado, imponiéndole una pena de tres años, dos meses de prisión y un día de multa, cuya sanción comenzó a computarse el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, fecha en la cual se detuvo al hoy sentenciado. De lo expuesto se tiene que si el acto reclamado en esta instancia consiste en la negativa de admitir como medio de prueba las videograbaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la calle primera poniente entronque con carretera internacional, frente a Autozone y en la carretera internacional lado oriente de la ciudad, salida con dirección a Tuxtla Gutiérrez, a la altura del CBTIS No. 169, ambas de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la audiencia de etapa intermedia celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y de las constancias remitidas por el juez responsable de referencia, se advierte que la misma quedó insubsistente y sin valor jurídico alguno por las razones que ahí se plasmaron, es inconcuso que ha operado en su favor un cambio de situación jurídica, toda vez que la determinación de la que se dolía debe considerarse consumada irreparablemente las violaciones reclamadas ya que no se puede decidir en el procedimiento seguido contra la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo, respecto de ese acto, sin afectar la nueva situación jurídica del inconforme, aunque persistieran las violaciones que aduce. Es aplicable a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro 171841, que reza: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J. 9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, se insiste, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, en consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la actuación reclamada descrita supralíneas, por lo que hace al quejoso en comento. B) Por otra parte, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que hace al multicitado acto combatido por los diversos justiciables Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional trascrita, se desprende que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento Constitucional antes citado, destacando el legislador que por imposible reparación se entiende que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2015, interpretó el contenido del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos en el juicio que deben considerarse como de imposible reparación y estableció, en lo conducente, lo siguiente: Que como lo sostuvo al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Que con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Que de esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, verbigracia los emitidos por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Que esto es así, porque tales criterios se generaron conforme a una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios constitucionales iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Dicha contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 29, abril de 2016, tomo I, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De la ejecutoria reseñada y jurisprudencia transcrita se obtiene que un acto de autoridad de imposible reparación, atento al marco jurídico vigente de la Ley de Amparo, implica: a. Que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y, b. Que dicho derecho tenga la naturaleza de sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo de las pruebas que por su naturaleza no se considera que afecten materialmente derechos sustantivos con su mera admisión, ni se encuentran en el catálogo de medios probatorios que ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de su jurisprudencia que pueden afectar derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207226, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero-junio de 1990, tomo V, página 236, con clave de identificación 20/90 (3a.), cuyo rubro es del tenor siguiente:"PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Así como la jurisprudencia con número de registro 2022565, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre 2020, tomo 1, libro 81 página 1154, cuyo rubro es del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO." Así, la resolución reclamada únicamente implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues puede suceder que se favorezca a la parte quejosa, y por ende, que la determinación reclamada en el procedimiento de origen, no trascienda al resultado de la sentencia que se emita en el mismo. Por ello, contrario a lo aducido por los quejosos Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez, el acto reclamado no les ocasiona un perjuicio de imposible reparación dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, ya que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto se hace necesario que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. En consecuencia, como el acto que se reclama en esta instancia, no tiene una ejecución material irreparable sobre la persona o las cosas de la parte quejosa, pues por sí mismo no es susceptible de afectar uno de los derechos fundamentales concedidos a los gobernados y tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado por los quejosos de referencia a la autoridad responsable en comento. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, II.2o.183 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 420, tomo XIII, de febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 213609 que dice: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Finalmente, no se soslaya que a la presente data no obre el emplazamiento de la diversa tercero interesada María Teresa Matuz Vilchis, ya que el sentido de la presente determinación no causa ningún perjuicio a sus intereses. Por las razones que informa, sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, con registro digital 394487, cuyo rubro y texto son: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por por Erik de Jesús Cruz Aparicio, Valentín Santos Lázaro y Guadalupe Sánchez Ramírez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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