Erik Daniel Salazar Espinoza

Expediente 346/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
346/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Erik Daniel Salazar Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...II

  2. Principal

    Vista; la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Erik Daniel Salazar Espinoza, no ratificó la demanda de amparo que promovió por propio derecho, en esa razón, se hace efectivo a que se le conminó en auto de dieciséis de marzo del presente año, y con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, razón por la cual, quedan sin efecto las providencias decretadas en el proveído referido. Por otra parte, agréguese a los presentes, únicamente para que obre como constancia el informe de cuenta rendido por el Jefe de Seguridad y Custodia por sí y como Presidente del Comité Técnico en ausencia de su Titular y de los integrantes, con residencia en esta ciudad, en virtud de lo decretado en líneas que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de la Secretaria de Acuerdos Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, quien autoriza y da fe.sheerley

  3. Principal

    ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 346/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la ley reglamentaria invocada, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES En tal virtud, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe con justificación, que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, al que acompañaran las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la Materia, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que, de no hacerlo, en su oportunidad se les aplicará MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 238 y la fracción II, del artículo 260. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables, que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la ley de la materia referida, EN CASO DE OMITIR RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO RELATIVO, O EN SU CASO, DE LA COPIA CERTIFICADA COMPLETA Y LEGIBLE DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE HARÁN ACREEDORES A UNA MULTA DE CIEN DÍAS MULTA. De igual manera, hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. INFORME SOBRE SOBRESEIMIENTO Requiérase a todas las partes, para que en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, acompañando las constancias que lo acrediten; lo anterior, con apoyo en el numeral 64, de la ley reglamentaria invocada, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN al emitirse la sentencia, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 251 de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 245 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en el diverso artículo 5, fracción IV, de la propia Ley de la Materia, en atención a que se garantiza mejor el conocimiento del asunto, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le compete, por medio de oficio. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, como de la lectura integral de demanda se advierte que se invocan violaciones previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al efecto, el promovente del amparo Erik Daniel Salazar Espinoza, afirma que actualmente se encuentra incomunicado y sufriendo actos de tortura en las instalaciones del módulo "K105" en el Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, de modo que, se presume que eventualmente se trate de los actos prohibidos por el artículo 22 mencionado; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto de los actos consistentes en TORTURA, E INCOMUNICACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER OTRO QUE ATENTE CONTRA SU VIDA O INTEGRIDAD PERSONAL, de los que esté siendo objeto, por así manifestarlo la parte promovente, por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 Constitucional, esto es, PARA QUE CESEN DE INMEDIATO DICHOS ACTOS Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL; pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de los derechos humanos peticionados; por tal razón, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONCEDIDA; en la inteligencia que el hecho de que se encuentre el quejoso directo privado de su libertad, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues las autoridades responsables deben respetar los derechos humanos mínimos del impetrante del amparo, como lo son, EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y VISITAS CON FAMILIARES Y ABOGADOS, DEAMBULAR EN EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO, SUMINISTRO DE ALIMENTOS, DE ROPA Y DE ATENCIÓN MÉDICA; TODO ELLO, EN CONDICIONES DE HIGIENE SUFICIENTES QUE LE PERMITAN SATISFACER SUS NECESIDADES INMEDIATAS. Por tal razón, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA. Asimismo, con apoyo en el artículo 127 fracción II de la ley reglamentaria invocada, en el supuesto legal de que el quejoso hubiese sido trasladado al módulo conocido como "K105" del Centro Penitenciario Varonil de San José el Alto, Querétaro, por un lapso específico; tal sanción no deberá ejecutarse, esto es, NO deberá llevarse a cabo la orden de traslado del quejoso al módulo de castigo; en el entendido, de que si ya se ha iniciado su ejecución, deberá suspenderse la misma, y el quejoso deberá ser reintegrado a la celda que ocupaba o alguna otra de similares características de acuerdo con la normativa y bajo la estricta responsabilidad del director del centro de reinserción en el que se encuentra interno; porque de seguirse adelante, se dejaría sin materia el juicio de amparo, y haría físicamente imposible restituir al imperante en el goce de sus derechos humanos, así como de sus garantías para su protección contenidas en la Ley Suprema; sin que desde luego, la presente suspensión exima al quejoso de abstenerse de realizar conductas transgresoras a la normatividad del Centro Penitenciario Varonil de San José el Alto, Querétaro. En el entendido de que la indicada medida suspensional decretada contra el eventual traslado a otra celda dentro del propio reclusorio o cualquier otra medida restrictiva NO SURTIRÁ EFECTOS si está sustentada en razones de seguridad de la prisión, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso o emerjan con fundamento en disposiciones de orden público, ello en atención a que una vez garantizada la integridad física del quejoso, el interés social y la observancia a las disposiciones de orden público adquieren aplicación, por lo que si el traslado de una celda a otra es por estos motivos, la misma no puede suspenderse quedando subsistente solamente que cesen los actos prohibidos previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales II.2o.P.83 P y II.2o.P.85 P, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época, página: 909; de rubros: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTABLECEN LOS PRECEPTOS 13, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 105 A 107 DEL REGLAMENTO RELATIVO, NO CONSTITUYEN PENAS INUSITADAS DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL". "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LA MEDIDA DE CONTAR EN LOS, CON ÁREAS ESPECIALES DE UBICACIÓN DE INTERNOS, NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ MISMA COMO DE SEGREGACIÓN O AISLAMIENTO". Por lo que, mediante oficio que derive del presente proveído requiérase a las autoridades responsables, QUE COMUNIQUEN TAMBIÉN DE INMEDIATO, el cumplimiento que hayan dado a dicha suspensión. Se apercibe a las autoridades responsables que deberán permitir el acceso a las instalaciones del Centro Penitenciario al actuario encomendado respectivo, a fin de llevar a cabo la diligencia, en el entendido de que oponer algún obstáculo a su buen desarrollo constituye un desacato directo a una orden judicial que pueda configurar un delito en términos el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, de no cumplir con lo anteriormente señalado, se harán acreedoras a las sanciones que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, pena de tres a nueve años de prisión y multa de CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por cuanto al desacato a lo aquí ordenado, con independencia de cualquier otro ilícito que resultare con tal proceder. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, no ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión que solicita, en virtud de que como ya se estableció, procede la de plano y de oficio. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Por otro lado, como del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo refiere que el quejoso Erik Daniel Salazar Espinoza, se encuentra interno en el módulo "K105" del Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto, Querétaro, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en dichas instalaciones y le notifique a éste, el presente auto y le requiera sobre la RATIFICACIÓN de la demanda de amparo promovida en su favor, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en ese momento, o bien dentro del término de tres días, se tendrá por no presentada dicha demanda, y quedarán sin efectos las providencias dictadas. A su vez, el diligenciario deberá verificar si se aplica en contra del quejoso alguno de los actos contemplados en los numerales 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo asentar una constancia pormenorizada de lo advertido, dando fe del estado físico en que se encuentran los directos quejosos de mérito. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), deberá entregarle una copia del presente proveído, recabando razón de su recibo en autos. Se solicita al personal encargado del acceso al Centro de Reinserción Social Varonil en San José El Alto, Querétaro, permita el ingreso del Actuario adscrito a este Juzgado Federal a dicho Centro, con su teléfono móvil, es decir, no se le sustraiga al momento del registro respectivo. DOMICILIO Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de la Secretaria de Acuerdos Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, quien autoriza y da fe.sheerley

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