Erik Arturo Cervantes Amador

Expediente 312/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
312/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Erik Arturo Cervantes Amador

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual comunica que dicho tribunal no insiste en declinar la competencia a este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por *********************, quien se ostenta como defensor de ********************** y se avoca al conocimiento del juicio de amparo *************** de su índice. ARCHIVO Téngase este asunto como totalmente concluido. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que remite el original del juicio de amparo 379/2023-VIII de su índice, promovido por ***********************, quien se ostenta como defensor de **************************, contra un acto del juez Único de Primera Instancia del Partido Judicial en materia Penal con residencia en Guanajuato, capital. Lo anterior, en razón de que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para su conocimiento. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 312/2023. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora bien, este juzgado de distrito no acepta la competencia declinada por el juzgado oficiante, pues respetuosamente, se disiente del criterio asumido en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ya que se considera que este órgano jurisdiccional no resulta competente para conocer del juicio de amparo relacionado con la demanda presentada por ****************, quien se ostenta como defensor de ******************, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. Del análisis integral de las constancias que conforman el juicio de amparo de trato, se desprende que el acto reclamado por el solicitante del amparo, es el siguiente: La resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el juez Único de Primera Instancia del Partido Judicial en Materia Penal, con sede en Guanajuato capital, dictada en la causa penal ********, que negó la terminación y/o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta y que se lleva a cabo dentro del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." El juzgado de Distrito declinante, sostiene su incompetencia legal por cuestión de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que en la demanda el acto que se reclama tiene ejecución material en el centro penitenciario ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato, respecto del cual este órgano jurisdiccional tiene competencia. Lo anterior, porque -en su consideración- al haberse negado al quejoso la modificación o terminación de la prisión preventiva que se materializa en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, el efecto de ese acto es precisamente que el justiciable continúe interno en dicho centro de reclusión, invocando para tal efecto, las jurisprudencias 1a./J. 48/2005 y 1ª/J. 14/2014, de rubros: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN" y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO". Sin embargo, respetuosamente este juzgado de Distrito no comparte ese criterio y argumentos jurídicos pues, sin desconocer las tesis invocadas, se determina que no cobran aplicación al presente asunto, veamos. Para ello, se precisa que en el caso particular los efectos del acto consistente en la negativa de la modificación o terminación de la prisión preventiva se suscita simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes: uno, respecto de la causa penal que se instaura en Guanajuato, Guanajuato, y otro en donde se encuentra recluido el directo quejoso, esto es en Valle de Santiago, Guanajuato por lo que para saber qué órgano jurisdiccional es competente deberá atenderse a la naturaleza de la medida cautelar y conocer sus efectos en el caso particular. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), estableció que para fijar la competencia territorial de un órgano de amparo, en los casos en los que la ejecución del acto reclamado ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales distintos, pero uno de ellos repercute directa y principalmente en el proceso, se surten circunstancias excepcionales entre autoridades judiciales, convirtiendo a la jurisdicción del juzgado del proceso en la jurisdicción rectora por sobre el lugar de reclusión del quejoso, lo anterior con la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que citó por igualdad de razón la jurisprudencia indicada de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." En ese sentido, se considera que el criterio mencionado es aplicable por analogía, porque si bien hace alusión a un auto de formal prisión, tanto éste como lo concerniente a la negativa de terminar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, tienen como naturaleza y principal finalidad que prosiga el proceso en esas condiciones, en este caso, bajo la medida cautelar ya impuesta, continuándolo hasta su culminación, siendo el lugar en donde se instaura el juicio el elemento rector para fijar la competencia territorial del órgano de amparo que deba conocer de dicho reclamo. Al efecto debe traerse a cuenta el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del citado precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada). b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, dado la naturaleza del acto que se reclama se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo competente es aquel a quien corresponde la jurisdicción del lugar donde se instaura el proceso respecto del cual se impuso la medida cautelar que se mantiene por virtud del acto reclamado, en el caso, es el juzgado declinante, por ser quien tiene jurisdicción en el lugar en donde se tramita el proceso penal en contra del solicitante de amparo, en tanto que se está en presencia de un acto que tiene impacta fundamentalmente en lo concerniente a la consecución del proceso penal al que éste se encuentra sujeto. Es así, porque para establecer qué juzgado de distrito es competente para conocer de una demanda en la cual el acto reclamado verse sobre la medida cautelar de prisión preventiva, en el supuesto que el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario cuya jurisdicción resulte ser distinta del lugar en el que se instruye la causa penal de origen, es indispensable partir del estudio de la naturaleza de las medidas cautelares y, como se precisó, al respecto se ha definido que en tales supuestos la competencia para conocer del amparo corresponde al juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se desarrolle el proceso. Consecuentemente, si como se destacó en párrafos que anteceden en la demanda de trato el acto reclamado es lo resuelto sobre la terminación o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, debe considerarse que este acto tiene su ejecución material en lugar que se desarrolla el procedimiento penal de origen, toda vez que atendiendo a la naturaleza de dicha medida, sus efectos se trasladan primera y directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el imputado está sometido, puesto que la finalidad de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia o asistencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, testigos y comunidad (conforme lo establecido en los artículos 155, fracción IV y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales); lo que pone de relieve que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y en vía de consecuencia a la reclusión física. Por lo mismo, no son obstáculo para lo aquí decidido, las jurisprudencias invocadas por el juzgado declinante, puesto que como se dijo párrafos atrás, el tema a dirimir en el caso que nos ocupa, trata sobre la determinación por la que se negó la terminación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta dentro de un proceso penal en el cual aun no se ha emitido sentencia definitiva (así se desprende de la propia demanda de amparo) que es determinante para visualizar el impacto que tiene la prisión preventiva respecto del proceso; a diferencia de lo que ocurre en el tema que abordan los criterios invocados por el juzgado declinante, sobre la competencia para conocer el amparo respecto de actos relacionados con la prisión en ejecución de sentencia. Entonces, si bien en esos criterios se interpretó la aplicación del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar al numeral 37 de la ley de materia vigente, lo cierto es que, las razones jurídicas que las orientan versan sobre las solicitudes o incidencias planteadas por personas sentenciadas, siendo dichas circunstancias jurídicas las que sirvieron de base para emitir esas determinaciones pero que -como se explicó- se refieren a una cuestión distinta a la propuesta en la demanda que se atiende respecto de la cual existe el criterio definido de que por el impacto que tiene en la instauración del proceso, la competencia recae en el juzgado con jurisdicción en el lugar donde este se instaura. Al efecto se invoca en lo conducente, la jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional conforme lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, identificada con el número PC.XVI.P. J/6 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 71, octubre de 2019, tomo III, página 2451, registro digital 2020882, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso." (Énfasis añadido) Aunado a ello, el criterio aquí asumido se ajusta a lo resuelto en la ejecutoria pronunciada en sesión de dos de junio de dos mil veintidós, en el conflicto competencial ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que resolvió idéntico tema al conflicto ahora planteado; ejecutoria en la cual dicho órgano colegiado, al analizar la problemática, precisó que las razones que sustentan el criterio del Máximo Tribunal sobre la jurisdicción del juez de amparo donde se lleve a cabo el proceso, aplican por igualdad de razón, dado que tanto la imposición de la medida cautelar como la determinación jurisdiccional que hace subsistir la que ya fue impuesta por un órgano jurisdiccional -que es el caso en este asunto- producen formalmente los mismos efectos para el proceso y en la esfera jurídica del procesado, es decir, lo mantiene privado de su libertad en pos de la prosecución del proceso, de manera que los efectos de esa determinación, se trasladan directamente al proceso y tienen ahí su principal impacto y repercusión. Corolario de lo antes expuesto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***************, quien se ostenta como defensor de ******************. Por tanto, devuélvase el expediente remitido por el juez declinante, para que provea lo que estime conducente y fórmese el cuadernillo correspondiente. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes y, en el momento procesal oportuno, archívese como asunto concluido. Notifíquese.

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