ERIK ANGEL MEJIA SERNAS y Otros.

Expediente 1919/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1919/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2016

Partes del expediente

  • ERIK ANGEL MEJIA SERNAS y Otros.
  • Erik Angel Mejia Sernas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de quince de diciembre pasado (fojas 295 a 300), se desechó la demanda de garantías promovida por ERIK ÁNGEL MEJÍA SERNAS Y OTROS, el cual se les notificó el veintitrés siguiente (foja 302); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II-A Vista la demanda de amparo promovida por ERIK ANGEL MEJIA SERNAS y otros, contra actos del Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, con sede en el Distrito Federal y otras autoridades, presentada el once de este propio mes y año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y el catorce siguiente en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1919/2015. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso del contexto de la demanda, se advierte que la quejosa, reclama: ".IV. SEÑALAMOS COMO ACTOS RECLAMADOS: "I. DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS RECLAMAMOS: 1.- LA PRIVACIÓN ILEGAL DE NUESTRA PERCEPCIÓN SALARIAL ECONÓMICA YA QUE FUIMOS CONTRATADOS CON MOVIMIENTO 95 BASE, EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y ÚNICAMENTE SE NOS PAGÓ COMO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, CUANDO EXISTE UN DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE AFECTACIÓN EN DONDE SE MENCIONA LOS EFECTOS DE PAGO QUE SERÍA A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COMO TRABAJADORES BASIFICADOS. 2.- LA ORDEN VERBAL Y/O ESCRITA GIRADA A LAS EJECUTORAS, CONSISTENTE EN CONDICIONAR EL COBRO DE NUESTRO SALARIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PAGO A TRAVÉS DE UNA TARJETA ELECTRÓNICA, DEL BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. 3.- LA PRIVACIÓN ILEGAL DE NUESTRA PERCEPCIÓN SALARIAL ECONÓMICA MEDIANTE CHEQUE, COMO NORMALMENTE LO VENÍAMOS HACIENDO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2015. Y SUBSECUENTES. II. DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMAMOS: 1. LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y ACTIVIDADES PARA EVITAR LA LIBRE CONCURRENCIA DE SERVICIOS PARA OBLIGARNOS A CONTRATAR SOLO CON BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE NÓMINA PARA OBTENER LA VENTAJA DE ÉSTE, PARA EL MANEJO DE CUENTAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA DE FORMA EXCLUSIVA Y EN PERJUICIO DE NUESTRA VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO COMO CLASE TRABAJADORA. 2. EL PAGO DE NUESTRA PERCEPCIÓN SALARIAL ECONÓMICA CORRESPONDIENTES YA QUE FUIMOS CONTRATADOS EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y ÚNICAMENTE SE NOS PAGÓ COMO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, CUANDO EXISTE UN DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE AFECTACIÓN EN DONDE SE SUSTENTA LOS EFECTOS DE PAGO QUE SERÍA A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 3. LA RETENCIÓN DE NUESTRA PERCEPCIÓN SALARIAL ECONÓMICA MEDIANTE CHEQUE, COMO NORMALMENTE LO VENÍA HACIENDO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22/2015, Y LAS SUBSECUENTES EN LA FORMA Y LUGAR CONVENIDOS." Como se ve, los actos que reclama derivan de una relación de trabajo, por consiguiente, carece de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, ya que, en el caso, las partes mencionadas se encuentran en un mismo plano. Pues, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues la indicada relación es de índole laboral; de manera que en la especie se está en presencia de un acto del patrón, por lo que se encuentra en aptitud de combatir en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación laboral es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. Asimismo, aun cuando las responsables, tienen facultades para emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean reclamables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Además, atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que el acto ahora combatido no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se trata de una cuestión derivada de la relación laboral entre la quejosa como trabajadora y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en su carácter de patrón, pues exige se determine que el pago correspondiente por concepto de salarios se efectúe mediante cheque y no por medio de tarjeta electrónica expedida por el Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. De ahí que el juicio de amparo no es la vía para impugnar esa omisión, porque no deriva de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que constriña al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como ente de gobierno, a determinar que el pago de nómina de sus trabajadores lo efectúe mediante cheque, cuya transgresión pueda ser reclamada mediante el juicio de amparo; sino que se trata de un conflicto de carácter laboral que, en su caso, debe ser materia del procedimiento respectivo ante las autoridades administrativas o del trabajo. Es aplicable al respecto, la tesis de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." (Tesis: I.6o.T.26 L, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Tomo III, Abril de 1996, página 347, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro ius 202602) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. No pasa inadvertido para este Juzgador, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". (Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), registro 2001071, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, Materia Común, Décima Época). Pues de tal criterio, se aprecia que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, categóricamente determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, solo en tratándose de amparos contra leyes, que no es el caso en análisis, de ahí que el desechamiento de la demanda de garantías en el auto inicial no causa perjuicio a la parte solicitante de amparo, y de ahí deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia invocada, al caso. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica; y por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a JUAN ROEL HERNÁNDEZ CASTRO y EDGAR VELASCO PÉREZ, dado que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones a las personas restantes. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la parte quejosa se tiene como representante común a MARÍA LUISA TRINIDAD SANTIAGO. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE.)

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