Erik Alonso Palacios González
Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- Erik Alonso Palacios González
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la representante legal del Comité de Pensiones y su Presidente, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rinde su informe justificado dentro del presente juicio de amparo; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa delegados. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse por designados como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en su ocurso, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que señala para tales efectos; asimismo, tocante al correo electrónico ofertado por la responsable, se tiene únicamente como contacto de la misma, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Notifíquese.
- Principal
Mesa lV. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes mediante auto de dos de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera, respecto al incidente de responsabilidad y pago de daños y perjuicios que hizo valer el tercero interesado ****, dentro del cual únicamente el quejoso **** y el tercero interesado Anastacio Vega Paredes, realizaron manifestaciones al respecto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se provee respecto a las pruebas ofrecidas por el promovente Reyes Mercado Hernández, en su escrito inicial, consistente en: 1.- LAS PRESUNCIONALES LEGALES, Derivadas de la tesis de Jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 148. 2.- MEDIOS ELECTRÓNICOS, consistente en el código QR que agrega, con el cual refiere que hizo mercadeos con la finalidad de verificar los precios de las rentas en la zona en donde se encuentra ubicado el predio de su propiedad, como es el caso del poblado más próximo que lo es Almoloya de Juárez, México, según la página de internet denominada TRIVIT, pero tomando en consideración que el inmueble de su propiedad aún se encuentra en zona de tipo rural, lo cual lo arriba a tomar la cantidad como precio de la renta. 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los acuses de recibo de las promociones presentadas por el ocursante en el juzgado de origen dirigidas al Juez Tercero civil de Toluca, México, con las cuales refiere acreditar que ya había instado que se ejecutara la sentencia mediante requerimiento que hiciera el personal de actuaciones al demandado en dicho controvertido, presentadas en fecha 19 de abril y 8 de junio del año dos mil veintiuno con la finalidad de ejecutar la sentencia a fin de poder hacer uso del inmueble de su propiedad, y no fue sino hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós, que se ejecutara la sentencia definitiva con el auxilio de la fuerza pública, tal y como lo acredita con el acuse de recibo del oficio número 146/2022 expedido por el secretario de acuerdos del juzgado de origen y que fungiera en el presente juicio como autoridad responsable. 4.- LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que beneficie a los intereses del ocursante, y que derivan del escrito inicial de demanda, así como todo lo actuado y por actuar, en el presente juicio. 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y por actuar, en el presente juicio, mismo que deberá ser tomado en consideración por este Juzgador al momento de dictar sentencia en el presente juicio, así como las actuaciones del juicio de manera integral en lo que a sus intereses convenga. 6.- LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el contrato de arrendamiento celebrado entre el ocursante y los señores Francisco Javier Pérez García y María Elena García Reyes, de fecha treinta de mayo del año dos mil veintiuno, respecto del bien inmueble de su propiedad el cual quedo imposibilitado para cumplimentarse atendiendo a la tramitación del juicio de garantías tramitado por el quejoso ****. 7.- EL RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DEL DOCUMENTO, que deberán producir los señores Francisco Javier Pérez García y María Elena García Reyes, respetando el contrato de arrendamiento celebrado con el ocursante de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, solicitando se sirva señalar día y hora para que tenga verificativo el desahogo de dicha probanza, comprometiéndose el ocursante a presentarlos ante la presencia judicial para que se les ponga a la vista la documental mencionada en el inciso próximo anterior y reconozcan en cuanto a su contenido y firma que constan en el propio documento. En ese contexto, tocante a las pruebas referidas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con fundamento 67 y 119 de la ley de amparo, se tienen por ofrecidas dichas pruebas, las cuales se relacionarán en la audiencia correspondiente. Por otro lado, en relación a la diversa marcada en el punto 7, no ha lugar a tenerla por ofrecida, toda vez que la misma no se encuentra contemplada dentro de capítulo de pruebas establecido en la ley de amparo, así como tampoco en el relativo al Código Federal de Procedimientos Civiles; máxime que dicha probanza, como se encuentra planteada no es dable de admitirse, pues con ello se obtendría la declaración que corresponde realizar a la autoridad jurisdiccional del orden común, que es a quien corresponde resolver lo conducente en el juicio contradictorio, en el que las partes involucradas puedan hacer valer sus correspondientes derechos, ya que resultaría impropio y ajeno a la índole del juicio de amparo, pretender que en él y sin llevarse las formalidades necesarias de un juicio, se haga semejante declaración, pues con ello se estaría resolviendo una cuestión ajena a la litis aquí planteada, so pretexto de justificar un derecho que corresponde dirimir a una autoridad distinta al órgano de control constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la tesis II.1o.C.58 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 560, con número de registro 195176, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, EN EL AMPARO ES INADMISIBLE. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o contra el derecho; sin embargo, ello no significa que en todo caso deban admitirse indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezcan las partes, sino que se requiere, entre otras cosas, que tengan relación con la litis, sean conducentes para justificar la existencia del acto reclamado, su constitucionalidad o inconstitucionalidad y hasta el interés o el derecho que se pretende tutelar a través del juicio de garantías. De tal modo que una prueba de reconocimiento de contenido y firma de documentos privados no es posible admitirla y desahogarla en el juicio de garantías, cuando con ello se pretende perfeccionar tales documentos, pues con ello se obtendría la declaración que corresponde realizar a la autoridad jurisdiccional del orden común, que es a quien corresponde resolver lo conducente en el juicio contradictorio, en el que las partes involucradas puedan hacer valer sus correspondientes derechos, ya que resultaría impropio y ajeno a la índole del juicio de garantías, pretender que en él y sin llevarse las formalidades necesarias de un juicio, se haga semejante declaración, pues con ello se estaría resolviendo una cuestión ajena a la litis constitucional y a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, so pretexto de justificar un derecho que corresponde dirimir a una autoridad distinta al órgano de control constitucional." Así como en la diversa I.13o.T.10 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 3128, con número de registro 166438, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS SIGNADOS POR TERCEROS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL RECONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y FIRMA ES INADMISIBLE CUANDO CON ELLOS SE PRETENDE PERFECCIONARLOS POR EQUIPARARSE A LA PRUEBA DE POSICIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o al derecho; sin embargo, ello no significa que deba admitirse indiscriminadamente toda clase de pruebas. De tal modo que el reconocimiento de contenido y firma de documentos privados signados por terceros es imposible admitirlo cuando con ello se pretende perfeccionarlos, toda vez que la citada ley no hace alusión a ese tipo de diligencia, también denominada ratificación y, por ende, no puede atribuírsele el carácter de prueba autónoma; de ahí que sea improcedente su admisión en el juicio de amparo indirecto, por equipararse a la prueba de posiciones a que se refiere el mencionado precepto, ya que de admitirse, al momento de su desahogo el ratificante tendría que responder afirmativa o negativamente a los cuestionamientos que se le formularan, lo cual se traduciría en posiciones de las prohibidas por dicho artículo." Luego, en relación a las pruebas ofrecidas por el quejoso Eulalio Valentín Vega Paredes y el tercero interesado Anastacio Vega Paredes consistentes en: 1.- La inspección judicial, que deberá llevarse a cabo por personal de este Juzgado, en el interior y exterior del inmueble del actor Reyes Mercado Hernández, ubicado supuestamente (sic) en el paraje denominado la vereda número 17, y/o cerrada de Altamirano, en Tecaxic de Toluca, Estado de México, con el objeto de que se haga constar que: a) Que el inmueble del actor se encuentra ubicado en Cerrada de Altamirano salida a Calle Niños Héroes en Tecaxic, Municipio de Toluca, Estado de México. b) Sobre dicho inmueble el actor cuenta con dos salidas, por el lado Sur salida a calle Altamirano y por el lado Oriente por cerrada de Altamirano salida a Calle Niños Héroes en Tecaxic, Municipio de Toluca, Estado de México. c) Que sobre dicho inmueble se aprecia una obstrucción de salida con bloques o tabicones para acceso principal precisamente en la salida a Calle Altamirano y por el lado oriente por cerrada de Altamirano salida a calle Niños Héroes en Tecaxic, Municipio de Toluca, Estado de México. d) Que el inmueble del actor no cuenta con una placa o denominación oficial expedida por el Municipio de Toluca, que diga paraje denominado Vereda y/o Cerrada. e) Que el inmueble del actor no cuenta con el servicio de agua potable. f) Que el inmueble del actor no cuenta con el servicio de luz y/o energía eléctrica. g) Que el inmueble del actor no cuenta con drenaje propio. g) Las demás que considere necesarias al momento de llevar a cabo la diligencia y en donde se pueda advertir la falta de los servicios de luz, agua potable en el domicilio del actor. Por lo que solicitan que al momento de la diligencia se autorice tomar placas fotográficas del lugar y objetos inspeccionados para ser agregados como parte integrante de la diligencia. Asimismo, piden que se requiera al actor incidentista Reyes Mercado Hernández, para que proporcione las facilidades necesarias al personal de actuaciones para que pueda llevar a cabo la diligencia de inspección el día y hora que se señale. 2.- La presuncional legal y humana, en todo aquello que favorezca a los intereses de los promoventes. 3.- La instrumental de actuaciones, consistente en lo que favorezca a los intereses de los promoventes. 4.- Objeción de documento. Objetan en cuanto a su contenido y alcance probatorio el documento que agrega el actor Reyes Mercado Hernández, consistente en un contrato de arrendamiento de fecha treinta y no de mayo de dos mil veintiuno, por las razones que exponen. En relación a la prueba mencionada en el punto 1, con fundamento en los artículos 67 y 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida. Atento a lo anterior, a efecto de lograr la práctica de la inspección en comentario, se fijan las once horas del dos de junio de dos mil veintidós; por lo que, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que lleve a cabo el desahogo de los puntos sobre los que versará dicha probanza; en la inteligencia que, los oferentes de la prueba deberán presentarse en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, para que se asocien con el actuario judicial adscrito y de manera conjunta se trasladen al inmueble donde se llevará a cabo la inspección que nos ocupa, en donde le señalaran al funcionario público el inmueble a que hacen alusión; apercibidos que de no hacerlo o no informar el impedimento que tengan para ello, se tendrá por no ofrecida dicha probanza. Por lo que, previo a acudir a este órgano jurisdiccional, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Además, requiérase al incidentista Reyes Mercado Hernández, para que brinde todas las facilidades de acceder al inmueble respectivo; apercibido que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 236, fracción I, 238, y 259, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en atención a la petición del quejoso *** y el tercero interesado ****, comisiónese al actuario adscrito para que tome fotografías del lugar inspeccionado, de conformidad con el artículo 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación a las pruebas marcadas en los puntos 2, 3 y 4, con fundamento en el artículo 67 y 119 de la ley de amparo, se tienen por ofrecidas dichas pruebas, las cuales se relacionarán en la audiencia correspondiente Finalmente, toda vez que la prueba consistente en la inspección judicial, requiere de una preparación más amplia, se reserva acordar lo conducente respecto al señalamiento de la fecha para el verificativo de la audiencia respectiva, hasta en tanto se cuente con el acta de diligencia relativa a dicha probanza. Notifíquese personalmente al quejoso y a los terceros interesados.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Erik Alonso Palacios González, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar en el Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 776/2022-III. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: Los autos de once de mayo de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de divorcio 25/2022 del índice del Juzgado Cuarto Familiar en el Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado, pues continúa siendo parte en el juicio de origen. Lo anterior se afirma, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse la promoción del recurso de revocación, previsto en el artículo 1.362 del citado ordenamiento, que a la letra dice: "De la Revocación Resoluciones materia de revocación Artículo 1. 362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. .". En atención al artículo transcrito, se evidencia que contra los actos que se reclama en la presente vía consistente en los autos de fecha once de mayo de dos mil veintidós, procede la promoción del recurso de revocación, el cual se interpondrá expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente; medio de defensa ordinario por virtud del cual, el acto reclamado puede ser nulificado; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Por lo tanto, de considerar lo contrario, sería actuar en menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procedimientos. Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. En diversa tesitura, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el correo electrónico que señala a efecto de privilegiar el uso de medios electrónicos con motivo de la emergencia sanitaria Covid-19. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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