Erik Alonso Gonzalez Rodriguez

Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Erik Alonso Gonzalez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de enero de dos mil veintiuno, en el que SE DESECHÓ la demanda de amparo presentada por Armando González Rodríguez, en nombre y representación de su hermano Erik Alonso González Rodríguez; por tanto, se declara que el referido auto QUEDA FIRME, causando estado con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido;... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda presentada; Ahora, de una lectura íntegra del escrito inicial de demanda, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Pues bien, como se anticipó, se advierte actualizada la causal de improcedencia anunciada que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Máxime que al quejoso le reviste la calidad de víctima en la investigación de origen y, en ese supuesto, se encuentra obligado a agotar dicho recurso, en razón que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que atañe a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que en ese caso, no se actualiza un caso de excepción para la promoción del juicio de amparo. Se suma a lo anterior, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto, sin que haya lugar a plantear una mayor interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda de amparo contra la omisión en comento, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias para que el Ministerio Público abandone el estado de abstención e inactividad en que se encuentra, en el caso concreto, la falta de integración y determinación de la carpeta de investigación con Numero Único de Caso 0202-2020-12969. En consecuencia, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causa a que se hizo referencia, esto es, la que resulta de vincular los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente.

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