Erik Alejandro Escalona Vallodilid

Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
961/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Erik Alejandro Escalona Vallodilid

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el acuerdo de quince de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por *** , contra actos del Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, fórmese expediente; anótese en el libro de gobierno y regístrese bajo el juicio de amparo que le corresponda. La demanda que se provee es notoriamente improcedente por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la vigente Ley de Amparo dispone: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203,196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." En ese sentido, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese marco, se estima que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos humanos del quejoso. Es aplicable la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Página: 1070, de texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." El promovente reclama la determinación de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal *** , en la que se acordó no favorable a su petición en cuanto a la solicitud de acumulación de diversas causas que se instruyen en su contra; lo anterior, bajo el argumento, que dicha solicitud debía de recaer en la causa más antigua, esto es, dentro de los autos de la causa penal *** . De lo que se advierte que tal acto no es de imposible reparación porque no afecta los derechos sustantivos del quejoso, ya que no produce una "ejecución irreparable" que trascienda a una afectación material directa e inmediata a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y los tratados en los que el Estado Mexicano es parte ? privación de la libertad, posesiones o derechos ?. La resolución reclamada, en esencia, implica que el Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Estado de Durango, mediante acuerdo de fecha catorce de julio de la presente anualidad, no proveyó favorable lo relativo a la solicitud de acumulación de causas porque dicha solicitud debía efectuarse dentro de la diversa causa penal más antigua, siendo esta, dentro de la 2254/2017. Determinación que implica que el Juez responsable únicamente delimitó el acordar sobre la solicitud de la acumulación sobre la base de que dicha petición tenía que recaer dentro de los autos de una diversa causa por ser esa la de mayor antigüedad y que no se le encuentra nulificando algún derecho; acuerdo que no causa per se un daño o perjuicio al quejoso, en su carácter de imputado, porque no se observa que se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos de manera ilegal, o que se estuviera resolviendo el fondo del asunto dentro de dicha acumulación, esto es, no se le negó a decretarla, sino, únicamente no se acordó en el sentido requerido, en virtud de que debía realizarla en diverso asunto. Esto es, el no acordar momentáneamente favorable a lo solicitado en cuanto a que se dé audiencia para la resolución relativa a la acumulación de causas, no es un acto que pueda causar un daño irreparable dentro del procedimiento, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, ya que únicamente implica que se presente nuevamente la solicitud dentro de la causa con mayor antigüedad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 49/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 5, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción ?en sentido contrario? y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *** , contra actos del Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el *** , y autorizando para los efectos indicados a la licenciada *** , Defensora Pública, sito en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública en el exterior del Centro de Reinserción Social . Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese.

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